29 de mayo de 2026- La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico. La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una medida para que las parejas consensuales pueden defender su interés legítimo sobre un hogar común; y vetó un proyecto por atentar contra la estabilidad del sistema de salud.
Ley 95-2026 | Proyecto del Senado 50
De la autoría el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el senador Wilmer Reyes Berríos.
La medida enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, para disponer que en los casos en que la parte demandada en desahucio reclama la existencia de una comunidad de bienes debido a que realizó aportaciones en beneficio del inmueble compartido, podrá presentar prueba a esos efectos y exigir que el desahucio se dilucide mediante la vía ordinaria.
La medida busca establecer un mecanismo que permita a la parte demandada en un caso de desahucio, especialmente en el contexto de relaciones consensuales o de concubinato, reclamar la existencia de una comunidad de bienes basada en sus aportaciones económicas y labor doméstica al inmueble compartido.
La gobernadora vetó el Proyecto del Senado 276 que buscaba enmendar la Ley Núm. 4-1935“Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, para hacer disponible las facilidades del Hospital Industrial de Puerto Rico a todos los pacientes que requieran servicios médico-hospitalarios.
La expansión de servicios del Hospital Industrial más allá de la Unidad de Quemados y los Servicios de Rehabilitación requeriría reclutar un contingente de especialistas médicos que el Hospital Industrial no posee en este momento. El personal con la capacidad de tratar pacientes lesionados críticos y de alta complejidad pertenece mayoritariamente al cuerpo clínico-académico del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM/UPR), cuyos programas de residencia están sujetos a regulaciones de acreditación que limitan el volumen de pacientes que pueden atender. Una expansión no planificada podría comprometer la acreditación de dichos programas, con consecuencias graves para la formación médica en Puerto Rico.
La ampliación de capacidad que representará el nuevo Hospital de Trauma atenderá directamente el problema de saturación que el P. del S. 276 busca resolver a través de la expansión del Hospital Industrial.
La apertura del Hospital Industrial al público general, sin una planificación sistémica previa que defina con claridad el rol de cada institución, los mecanismos de referido y contra-referido y la sostenibilidad financiera del conjunto, podría agravar la fragmentación existente en lugar de remediarla. La ASEM entiende que Puerto Rico necesita una visión macro del sistema de salud, y que toda intervención legislativa que afecte un componente del sistema debe evaluarse en función de su impacto sobre la coherencia del sistema como un todo.
