Caso procesado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés)
SAN JUAN, Puerto Rico – Hoy, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, María Antongiorgi-Jordán, sentenció a Victor J. Pérez-Fernández —conocido por los alias “La Cone”, “Vitu”, “Vitikin” y “Enano”— a una pena total de 540 meses de prisión (45 años) por delitos de narcotráfico y violaciones relacionadas con armas de fuego, según anunció Héctor Ramírez-Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Pérez-Fernández se declaró culpable el 10 de junio de 2026.
Pérez-Fernández aceptó su responsabilidad por su papel y participación en una conspiración para el narcotráfico (primer cargo), en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), secciones 841(a)(1), 846 y 860. La acusación por conspiración para el narcotráfico señala que los acusados se concertaron con terceros para distribuir y poseer, con intención de distribuir, cantidades significativas de sustancias controladas —incluyendo heroína, cocaína, crack, marihuana y otras drogas— en los residenciales públicos Sabana Abajo, Luis Llorens Torres, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, El Coral, Jardines de Monte Hatillo y otras áreas aledañas.
Asimismo, Pérez-Fernández se declaró culpable de posesión de un arma de fuego en relación con actividades de narcotráfico (séptimo cargo), en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), sección 924(c). Los otros acusados que se declararon culpables en junio de 2026 tienen programada la lectura de su sentencia para el viernes 23 de octubre:
Luis N. Isaac-Sánchez, alias “Chimbo”, “CDobleta”, “Dobleta”
Olvin O’Neill Concepción-Tapia, alias “Sinfo”
Daniel J. López-Vega, alias “Dany”
Andiel González-Sáez, alias “Martino”
Los cinco acusados admitieron su participación en el asesinato del sargento Ramos-Vélez, y todos los acuerdos de culpabilidad incluyen una disposición que establece que las directrices de sentencia por asesinato (Sección 2A1.1 de las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos) se aplican a sus casos. Esta disposición sobre el asesinato se aplica independientemente de si el acusado se declaró culpable de la conspiración para el narcotráfico (cargo uno) o del delito sustantivo de asesinato relacionado con armas de fuego (cargo nueve).
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto (AUSA, por sus siglas en inglés) y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort; la jefa adjunta de la Sección de Pandillas, AUSA Teresa Zapata-Valladares; y los fiscales federales adjuntos Laura Díaz-González y Joseph Russell.
Este proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”. El HSTF es una asociación gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional sin precedentes, el HSTF emplea toda la capacidad de las fuerzas del orden de los Estados Unidos para identificar, investigar y procesar la gama completa de delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desempeño de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. Asimismo, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros que cometen delitos violentos. La HSTF de San Juan está integrada por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales asociadas: el FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y la Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la DEA, la ATF, el IRS, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el programa HIDTA de Puerto Rico/Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la TSA, la FAA y las Fiscalías Federales (U.S. Attorney’s Offices) para los distritos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Asimismo, la HSTF cuenta con la participación de las siguientes agencias estatales y locales de las fuerzas del orden: el Departamento de Policía de Puerto Rico; los Departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; el Programa contra el Narcotráfico de la Guardia Nacional de Puerto Rico; el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
