Plantas desalinizadoras deben ser una estrategia complementaria
(El Capitolio – 10 de septiembre de 2026) – El Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) consideró “técnicamente posible” el desarrollo de plantas desalinizadoras en Puerto Rico, siempre y cuando sea un complemento a la estrategia de abastecimiento de agua para Isla, junto a un proceso agresivo de resolver el problema de pérdida del preciado líquido a consecuencia de salideros y el hurto que alcanza el 60 por ciento del agua que se produce.
En vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, que preside el representante Joel Franqui Atiles, el ingeniero Elías Mangual Ugarte, primer vicepresidente del CIAPR, señaló que “la desalinización puede constituir una fuente complementaria dentro de la estrategia de abastecimiento de agua en Puerto Rico, integrada a la producción ordinaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a la reparación y modernización de la infraestructura de distribución y al fortalecimiento de su operación”.
Mangual Ugarte añadió que “la incorporación de una nueva fuente de agua debe en última instancia traducirse en un servicio confiable para los hogares, negocios e instituciones que la necesitan”.
A preguntas del representante Franqui Atiles, el deponente afirmó que este proceso puede aplicarse mayormente para el uso de farmacéuticas, hoteles y plantas generadoras, que utilizan una gran cantidad de agua, de modo que se pueda relajar la presión que actualmente tiene el sistema de agua potable de la AAA.
Mangual Ugarte presentó como ejemplo la utilización que podría aplicarse a las plantas generadoras de Palo Seco y San Juan I, administradas por la compañía Genera PR, lo cual liberaría el agua del Superacueducto para los hogares ubicados en la costa norte hasta los municipios de Loíza y Canóvanas.
Sin embargo, el ingeniero sostuvo que el desarrollo de estas plantas “debe evaluarse conforme a las condiciones y necesidades particulares de cada zona, considerando, entre otros factores, los costos de desarrollo y operación, la disponibilidad y confiabilidad de la energía, la infraestructura existente, los posibles efectos ambientales y las demás fuentes de agua disponibles”.
Mangual Ugarte, junto al agrónomo Jesús López Díaz, presidente de la Comisión de Legislación del CIAPR, recomendaron “evaluar proyectos piloto para comprobar la producción, el costo y la continuidad del servicio antes de ampliar el programa”.
Así también, plantearon la necesidad de analizar estos planes, “contando con la participación de las comunidades y con un procedimiento para operar y mantener cada instalación”, por lo que CIAPR sostuvo que está en disposición para apoyar en la formulación de estos proyectos piloto.
Mientras que el ingeniero Olmar López, experto del CIAPR en el tema, manifestó que utilizar la tecnología en que se utiliza calor para tratar el agua salada y convertirla en agua potable, es la alternativa más económica para lograr el objetivo, tal y como se produce en la mayoría de las islas del Caribe que no cuentan el preciado líquido.
Por su parte, el ingeniero Gabriel Morales, director de infraestructura de la AAA, declaró que “la posición de la AAA es que la desalinización constituye una tecnología que debe continuar siendo evaluada, particularmente como fuente estratégica de resiliencia y diversificación. Sin embargo, bajo las condiciones actuales, no resulta técnica ni económicamente justificable asumir que la desalinización a gran escala resulta una solución viable”.
Por lo que el funcionario puntualizó que la corporación “continuará la evaluación de alternativas para maximizar la confiabilidad y seguridad del suministro de agua para Puerto Rico”.
Morales declaró que “desde el punto de vista estrictamente técnico, una planta desalinizadora puede construirse y operar en Puerto Rico, ya que contamos con acceso directo al Océano Atlántico y al Mar Caribe, infraestructura industrial y recursos profesionales capaces de desarrollar y operar este tipo de instalaciones; el principal reto es la escala y la economía del proyecto”.
Citó la experiencia de las Islas Vírgenes, la cual “debe utilizarse como evidencia de que la tecnología funciona, pero no como evidencia de que una solución de esa misma magnitud sería suficiente o económicamente viable para atender la situación actual de Puerto Rico”.
A su vez, expuso que en las islas de San Thomas y St. Croix atienden la necesidad con el tratamiento de tres a cuatro millones de galones diarios, versus el caso de Puerto Rico, que requiere decenas de millones de galones adicionales para satisfacer la demanda en la Isla en donde se produce cada día 540 millones de galones.
Además, expresó, que bajo la ley PROMESA, la AAA fue designada “Instrumentalidad Territorial Cubierta”, que tiene el efecto de hacer aplicables a esta corporación entre otras disposiciones, dar cumplimiento con el Plan Fiscal aprobado en conformidad a la antes mencionada legislación, por lo que “cualquier iniciativa que tenga un impacto para la Autoridad y no esté contemplado en el Plan Fiscal necesitará el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”.
De otra parte, Michael Juarbe Laffitte, vicepresidente de asuntos gubernamentales y política pública para LUMA Energy, aseveró que la viabilidad de un proyecto de desalinización, debe ser evaluado en términos de la carga que representa para el sistema eléctrico, no obstante, si el mismo es acompañado por generación autónoma, “esta podría producir electricidad para atender total o parcialmente su propia demanda y dependiendo de su capacidad, producir excedentes de energía susceptibles de ser exportados”.
En torno al tema ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), representado por la Lcda. Anette Colorado, dijo que esta tecnología a pesar de que puede constituir una alternativa para diversificar las fuentes de abasto de agua se debe tomar en cuenta el posible impacto sobre los recursos naturales a corto y largo plazo.
En especifico si una planta es ubicada en la costa, se activa en el DRNA, varios reglamentos que establecen los requisitos necesarios para hacer buen uso tanto del agua que se toma del mar, así como la descarga de la salmuera, producto que queda luego de retirar la sal, de modo que el agua pueda ser filtrada y utilizada para el consumo humano.
Otro de los reglamentos que aplicaría a esta actividad sería el “Reglamento de Arrecifes de Coral” y el “Reglamento de Pesca de Puerto Rico” para verificar que el proyecto no afecte los ecosistemas marinos que reciban la salmuera.
Por ello, Colorado enfatizó, que “la producción de agua desalinizada puede generar impactos ambientales tanto en la captación de agua del mar como en el manejo y descarga del concentrado o salmuera resultante del proceso. Dependiendo de la tecnología utilizada, la ubicación y el diseño de la instalación, deberán evaluarse potenciales impactos sobre organismos marinos y hábitats asociados a los sistemas de toma, así como cambios localizados en salinidad y calidad de agua relacionados con las descargas”.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por su parte, apoyó mediante ponencia firmada por su director ejecutivo interino, Fernando Ocasio Cano, el estudio de esta alternativa, siempre y cuando se analice el hecho de que esta tecnología “requiere un consumo energético considerable” por lo que representaría una carga adicional para el sistema eléctrico.
De otro lado, la Oficina del Zar de Energía solicitó ser excusada e informaron que someterán una ponencia en una fecha posterior.
El presidente de la Comisión sostuvo que este tipo de proyecto puede ser viable si se toma en cuenta que, en California, en el 2015, se construyó un proyecto de este tipo a un costo de un billón de dólares, con capacidad para suplir 50 millones de galones diarios a unos 125 mil clientes. Esto representa casi el diez por ciento de los abonados de la AAA, lo que fue calificado por el representante Franqui Atiles como un “alivio, en especifico para la zona metropolitana”.
“Veo que este proyecto es viable; la JSF dijeron que tenían disponibles $1.2 billones para mitigar la falta de agua potable en la Isla, es una alternativa real. No es que queremos cambiar el sistema completo, lo que buscamos es que en momentos de sequía también tengamos una opción adicional para no depender solamente de los embalses”, comentó el representante Franqui Atiles.
Durante la vista pública participaron los representantes Jorge Navarro Suárez, Gabriel Rodríguez Aguiló, Roberto López Román, Wilson Román López, Adriana Gutiérrez Colón y Lisie Burgos Muñiz.
