(El Capitolio – 7 de octubre de 2026) – La Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, presidida por el representante Roberto López Román, inició la discusión del Proyecto de la Cámara 1448 para derogar el Decreto Mandatorio 35 de la Junta de Salario Mínimo aplicable a la Industria de la Aguja y así estos empleados se rijan bajo las disposiciones generales del empleo privado en Puerto Rico particularmente en lo que se concierne a la acumulación de licencia por enfermedad.
En el proceso de vistas públicas, el procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, favoreció la iniciativa que “ofrece una vía para eliminar la incertidumbre existente, mediante la derogación expresa del Decreto 35 y la sujeción de los trabajadores de la industria a las disposiciones generales aplicables al empleo privado”, ya que en la actualidad estos trabajadores no gozan del derecho a acumular días por enfermedad por precepto federal de 1958, conocido como Decreto Barry.
García Feliciano sostuvo que la evaluación “no debe reducirse a una discusión abstracta sobre tasas de acumulación de días por enfermedad y vacaciones. Para una persona trabajadora que no puede acumular días de enfermedad, una fiebre, una cita médica indispensable o el agravamiento de una condición, pueden convertirse en una decisión angustiosa entre atender su salud y preservar su ingreso”.
Además, agregó que se debe estudiar el ausentismo del 10 por ciento dentro de esta industria puesto que “es importante que tengamos a un empleado saludable; si no lo tengo, no va a ir a trabajar. Es importante que vaya a sus citas médicas que atienda aspectos básicos de su salud y yo creo que el Gobierno – en términos generales en todas las administraciones – se olvidaron de atender al ciudadano”. Esto en armonía con la industria, de modo que no se afecte el elemento económico necesario para el desarrollo del país.
“Yo creo que la industria se fortalece en la medida en que tiene condiciones adecuadas; entiendo que le falta un aspecto fundamental que son los días de enfermedad y esto es unasunto que se ha intentado modificar y creo que llegó el momento de atender un decreto que es más viejo que Matusalén”, expresó el deponente.
Por su parte, la Lcda. Karen Mojica Franceschi, principal oficial ejecutiva de la Asociación de Industriales, presentó objeciones a la pieza tal y como fue presentada, a la vez que expresó su disposición a colaborar para llegar a un punto medio entre la industria y sus empleados.
“No podemos favorecer el alterar o modificar la estructura de costos de esta importante industria, ni favorecemos cambios al estado de derecho que afecten adversamente nuestra competitividad para retener y atraer inversión de capital en este sector tan valioso para nuestra economía y para la defensa nacional”, debido a que gran parte de las empresas que se dedican a esta actividad tienen contratos con el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, según planteó la abogada.
“Sin lugar a duda, el bienestar laboral y la sostenibilidad industrial no son objetivos opuestos. Una política pública balanceada puede fortalecer ambos si incorpora un análisis sectorial adecuado, y una medición precisa del impacto económico, antes de alterar de forma significativa la estructura de costos de una industria intensiva en mano de obra”, añadió Mojica Franceschi.
Destacó que “las empresas del sector cuentan ya con beneficios equivalentes que se ajustan mejor a la realidad del sector, permitiendo servir eficientemente al Departamento de Guerra y a su vez respetar dignamente al empleado comprometido y honesto con su fuente de trabajo”.
Según comunicó, el salario mínimo dentro del sector es de $10.50 la hora, pero con las bonificaciones por productividad, el pago puede subir a $13 la hora. Mojica Franceschi expresó, por tanto, que la organización se encuentra en disposición de colaborar con la Comisión “para dar nuestro insumo en mecanismos alternos que permitan fortalecer la competitividad del conglomerado textil y sean de beneficio para los empleados que forman parte de este sector”.
A renglón seguido, se dio por recibido un memorial firmado por la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, quien recomendó una enmienda al Artículo 3 de la Ley 180 de 1998 conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad”, para “eliminar la disposición sobre la vigencia de los decretos mandatorios que contienen beneficios menores”.
Con la referida enmienda, se lograría aclarar que a partir de la vigencia de esta “todos los empleados privados acumularán beneficios según esta ley dispone”, que consiste en acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad cuando un trabajador acumule 130 horas de trabajo.
El presidente de la Comisión, el representante López Román explicó que el objetivo de la pieza legislativa surgió por una inquietud presentada por el procurador del Ciudadano, quien a su vez recibió un reclamo sobre las condiciones de empleo que se dan en esta industria.
El representante López Román planteó que la meta es “cómo llegar a un balance sin afectar la industria, pero también dándole a los empleados lo que merecen, porque nadie sabe cuando se va a enfermar”. De igual forma, informó que se apresta a solicitar información a entidades como la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para conocer cuántas personas, al no contar con días por enfermedad, acuden a recibir los servicios de esta agencia.
También pedirá memoriales al Departamento de Desarrollo Económico, así como a los
directivos dentro de la industria de la aguja para conocer lo que les está afectando hoy
día.
“Este proyecto no está escrito en piedra, yo lo que quiero es crear la conversación, porque es algo que se lleva tiempo hablando, pero nadie lo había traído a la palestra pública”, dijo el legislador.
