Tribunal de San Juan falla a favor de la Cámara de Representantes en caso sobre informe de Cambio Climático

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(San Juan, Puerto Rico)-El Tribunal de Primera Instancia de San Juan falló a favor de la Cámara de Representantes, denegando el recurso de mandamus entablado por la entidad ‘El Puente de Williamsburg, Inc’, (número de caso SJ2026CV02179) el cual buscaba que dicho cuerpo legislativo enviara a la Gobernadora el informe final del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático para su aprobación o veto.

En una decisión de 26 páginas, el honorable juez Anthony Cuevas Ramos determinó que no procedía el mandamus, explicando que la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, creaba bajo el amparo de la Ley 33-2019, presentó un informe final de sobre 500 páginas a la Oficina de Actas y Récords de la Cámara Baja a las 4:29 de la tarde del 18 de noviembre de 2025, una hora y media antes de concluir los trabajos del ultimo dia de aprobación de medidas de la segunda sesión ordinaria.

Igualmente la Sentencia señala que dado el volumen del documento, la falta de certificación fiscal y la naturaleza ‘incompleta’ del informe, la cual ordenaba enmiendas adicionales, no se puede ordenar a la Cámara de Representantes aprobar algo que no se encontraba en condiciones de ser evaluado conforme a derecho.

El informe continúa el proceso ya que fue devuelto a la Comisión Conjunta, donde permanece bajo su jurisdicción.

“Esta decisión del Tribunal Primera Instancia Superior de San Juan valida las acciones de la Cámara de Representantes en torno al trámite que se ha dado al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. Dicho Plan fue presentado minutos antes de concluir los trabajos de la segunda sesión ordinaria, así que no hubo tiempo de analizarlo. El 12 de enero de 2026, el mismo día que empieza la primera sesión ordinaria del 2026, se devolvió el informe a la Comisión Conjunta advirtiendo que el Plan no estaba incluido y que faltaba información fiscal necesaria para su evaluación”, expresó Méndez.

“Como he dicho anteriormente, vamos a reunirnos con las presidentas de la Comisión Conjunta, la representante Elinette González, y la senadora Marissa ‘Marissita’ Jiménez, en conjunto con los miembros del Comite de Expertos, para sostener un diálogo, franco y directo, sobre los datos disponibles, los posibles proyectos de ley que se necesitarán y las fuentes para financiar las propuestas, algo esencial. Por aprobar legislación y ejecutar acciones sin fuentes de repago real es que llegamos a la quiebra y se nos impuso la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Esta Cámara de Representantes no va a aprobar nada, con impacto fiscal. que no tenga identificado y avalado el lugar donde saldrán los recursos”, agregó el Presidente de la Cámara.

En las páginas 53 y 54 del informe se indica que ‘la falta de información fiscal presupuestaria impide que el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático pueda ser analizado en su totalidad y a su vez, considerar los riesgos económicos del mismo. A nuestro entender, esto aumentaría el reto de la aprobación del Pan por la Junta de Supervisión Fiscal’.

El 22 de mayo de 2019 entra en vigor la Ley 22-2017 la cual crea el proceso para desarrollar el antes mencionado plan. El 22 de abril de 2024, el comité de expertos, creado por la antes mencionada Ley, presentó un borrador del informe final a la Comisión Conjunta de la pasada Asamblea Legislativa. El 30 de junio de 2024 culminó los trabajos de la pasada Asamblea Legislativa sin considerar ni aprobar dicho borrador.

El informe presentado el 18 de noviembre de 2025 no incluye el texto físico o entirillado. Además, el propio informe solicitaba revisión adicional, lo que cuestionaba que fuera un informe final.

Por otro lado, el informe coloca un impacto fiscal de $6,324,311,457, suma que no cuenta con certificación de disponibilidad de fondos por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Es meritorio mencionar que bajo la Ley PROMESA y el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, cualquier medida debe cumplir con el principio de neutralidad fiscal, algo que el informe no cumple.

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