Sociedad para la Asistencia Legal confirma pedido de investigación ante filtración a periodista de declaraciones juradas de testigos en caso criminal contra Antonieshka Avilés

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Declaraciones de SAL:

8 de junio de 2026—San Juan, Puerto Rico— La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) representa a la menor Antonieshka Avilés Cabrera en el caso penal que se lleva en su contra en la Región Judicial de Aibonito. Nuestra representada enfrenta este encausamiento junto a su madre, la Sra. Elvia Cabrera Rivera, aunque en etapas diferentes del proceso. Mientras el caso de la señora Cabrera Rivera está en la etapa de la celebración del juicio ante jurado, el caso de la menor Avilés Cabrera todavía está en la etapa de descubrimiento de prueba.

El 8 de mayo de 2026, se difundió un episodio del podcast titulado Voz y Justicia PR que se transmite a través de YouTube, en el que participaron la Sra. Sylvia Hernández y la abogada notaria, Lcda. Chantal M. Delgado Baerga. Mientras comentaban acerca de las incidencias del juicio en el caso de la señora Cabrera Rivera, la señora Hernández manifestó reiteradamente que tenía declaraciones juradas de varios testigos que no declararon en vista preliminar. Por su parte, la licenciada Delgado Baerga confirmó que un documento mostrado por la señora Hernández, se trataba de la declaración jurada de un testigo que no había testificado.

Tomando en consideración que: 1) el proceso judicial en contra de nuestra representada y de la señora Cabrera Rivera se está dilucidando actualmente; 2) que las aludidas declaraciones juradas corresponden a testigos que todavía no han declarado; y 3) que, hasta la fecha de la difusión, los fiscales no habían anunciado la renuncia a dichos testigos, quien único podía tener legítimamente tales declaraciones juradas era el Ministerio Público. Si, en efecto, resulta correcto que la señora Hernández tenía en su poder declaraciones juradas de testigos que aún no habían declarado, esta irregularidad pudiera conllevar la violación a derechos constitucionales de nuestra representada, tales como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso de ley y el derecho a ser juzgada por un jurado imparcial.

En respuesta a lo manifestado durante el referido episodio, la Sociedad para Asistencia Legal solicitó una investigación ante la Inspectora General de Puerto Rico, la Sra. Ivelisse Torres Rivera, con el propósito de corroborar si una persona ajena al Ministerio Público posee declaraciones juradas de testigos que aún no han testificado en corte abierta y, en caso de que lo anterior sea correcto, indagar acerca de cómo se produjo esta anomalía. Nuestro reclamo está sólidamente fundamentado no solo en preceptos constitucionales y estatutarios propios de un procedimiento penal, sino también en leyes y reglamentos vinculantes para el Departamento de Justicia que rigen el manejo del sumario fiscal. Además, acompañamos nuestra solicitud con la reproducción del episodio en cuestión.

Así, la Sociedad para Asistencia Legal cumple con su misión de defender celosamente y con ahínco a las personas de escasos recursos económicos que enfrentan alegaciones de conducta punible por parte del Estado.

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