(El Capitolio; martes, 18 de marzo de 2026)- La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ricardo Rey “Chino” Ocasio Ramos, atendió el Proyecto de la Cámara 1118, una medida que propone enmendar la “Ley para Prohibir el Discrimen Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales”, con el fin de evitar prácticas discriminatorias en la venta de boletos para eventos, espectáculos y actividades recreativas.
La medida persigue prohibir que instituciones públicas o privadas exijan la presencia física de personas con impedimentos o la presentación de evidencia médica como condición para adquirir boletos, una práctica que, según se expuso durante la vista pública, representa una barrera innecesaria y discriminatoria para esta población. Durante la vista, distintas entidades expresaron su respaldo a la legislación.
“El propósito de esta medida es claro: garantizar que ninguna persona con impedimentos tengan que enfrentar obstáculos adicionales o requisitos irrazonables para acceder a actividades recreativas y culturales. No obstante, también es importante escuchar los planteamientos de las agencias y entidades para perfeccionar la legislación y asegurar que sea efectiva, justa y funcional”, expresó Ocasio Ramos.
Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) favoreció la medida, pero advirtió sobre la importancia de establecer parámetros que impidan que el mecanismo pueda prestarse para fraude.
Mientras, el Movimiento para el Alcance de una Vida Independiente (MAVI), a través de su representante Veronique Acevedo, respaldó firmemente la propuesta y denunció que, en la actualidad, muchas personas con impedimentos se ven obligadas a acudir presencialmente para completar procesos que deberían estar disponibles de forma digital, como ocurre con el resto de la ciudadanía. La organización destacó que esta exigencia representa una carga desproporcionada, al obligar a las personas a coordinar transportación, incurrir en gastos adicionales como certificados médicos, sacar tiempo de sus responsabilidades y, en muchos casos, enfrentar barreras físicas y económicas que limitan su acceso. Asimismo, subrayaron que no es justo que tengan que invertir tiempo y recursos adicionales para ejercer un derecho que debería ser accesible sin obstáculos.
Asimismo, la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), licenciado José Montalvo, indicó que actualmente mantiene tres querellas relacionadas con la compra de boletos, lo que subraya la pertinencia de la medida y la necesidad de atender este tipo de prácticas, respaldando así la medida sin que la persona tenga que realizar esfuerzos adicionales como obligar a la persona con impedimento a comparecer presencialmente a adquirir su boleto para justificar su descuento.
Mientras, la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), mediante ponencia el procurador Edwin García Feliciano, avaló la medida y destacó que se trata de una propuesta justa y necesaria para proteger a sectores vulnerables de la población. Durante su participación, enfatizó que “hay sectores que el Estado tiene que proteger” y catalogaron el proyecto como una iniciativa “muy loable”.
“Según datos presentados por MAVI en Puerto Rico residen aproximadamente 777,000 personas con impedimentos, lo que refuerza la urgencia de revisar procesos que puedan constituir barreras de acceso para una parte significativa de la población. Daremos continuidad a la evaluación de la medida y los planteamientos presentados durante la vista pública”, puntualizó el legislador.
