SAN JUAN— La representante Lourdes Ramos alzó enérgicamente su voz de protesta en defensa de la Universidad de Puerto Rico (UPR), denunciando que las políticas públicas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), buscan ahogar financieramente a la primera institución docente del país y colapsar su Sistema de Retiro.
Ramos catalogó de “atropello desalmado” el trato que recibe la universidad, sus estudiantes, empleados y jubilados por parte del ente federal, el cual continúa recortando recursos esenciales mientras gasta de forma desmedida en consultores y burocracia.
“Como orgullosa egresada de nuestra querida Universidad de Puerto Rico, me duele en el alma ver cómo la Junta intenta desmantelar el motor que formó y seguirá formando el capital intelectual y nativo de nuestra patria”, expresó Ramos con evidente emotividad.
Siguió diciendo que es la UPR la llamada a liderar el progreso y la reconstrucción económica de nuestra isla tras la quiebra gubernamental.
“Tratar de destruirla no es solo una insensatez económica, sino un golpe directo al corazón y al futuro de Puerto Rico”, enfatizó.
La legisladora presentó datos contundentes publicados en los medios informativos que evidencian la enorme disparidad en el gasto público provocado por el organismo fiscalizador.
Ramos detalló que la JSF ya ha consumido más de $2,000 millones de los fondos públicos puertorriqueños para sufragar sus propias operaciones y contratos. Esta exorbitante cifra contrasta de manera escandalosa con las proyecciones originales del Congreso de los Estados Unidos al aprobar la Ley PROMESA, el cual estimó que el costo total de la Junta se limitaría a unos $370 millones.
“Es una hipocresía monumental que un ente que ha gastado de seis veces lo presupuestado por el Congreso, venga a exigirle sacrificios inhumanos a nuestra Alma Mater. Mientras la Junta gasta miles de millones a manos llenas en asesores externos que no viven aquí, le niega a la UPR el presupuesto mínimo para operar dignamente y estrangula las oportunidades de los estudiantes de familias trabajadoras, como de los empleados y jubilados de la institución”, fustigó.
De hecho, uno de los puntos más críticos denunciados por Ramos, es el asedio constante contra el Sistema de Retiro de los empleados de la UPR, un pilar que la Junta busca reformar de manera agresiva.
Como fiel defensora de los jubilados de la institución, la legisladora advirtió que las exigencias del ente fiscalizador están diseñadas para empujar dicho sistema hacia un colapso inminente, a pesar de su solvencia, lo que dejaría en la vulnerabilidad a miles de familias que dedicaron sus vidas a la enseñanza y al servicio universitario.
“No voy a permitir que dejen en la calle a nuestros jubilados, quienes dieron sus mejores años para edificar la excelencia académica que nos distingue a nivel mundial. Con los jubilados de la UPR y con la dignidad de sus años de servicio, tengo un compromiso inquebrantable que voy a defender hasta las últimas consecuencias”, afirmó de manera categórica la líder legislativa.
Para la representante resulta una total hipocresía y cinismo, que la Junta insista en atropellar a la comunidad universitaria, mientras no es capaz de actuar con transparencia con sus propios gastos operacionales, legales y financieros.
Finalmente, Ramos insistió en que la defensa de la UPR va más allá de líneas partidistas, asegurando que continuará utilizando todas las herramientas legislativas a su alcance, para fiscalizar los excesos de la Junta y garantizar que la universidad reciba el apoyo financiero necesario, para seguir siendo el faro de progreso de la Isla
