El Capitolio – La Comisión de Nombramientos del Senado evaluó hoy varias designaciones a la posición de Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia, quienes tuvieron la oportunidad de responder a preguntas relacionadas con reglas de procedimiento criminal; desempeño del PFEI y modificar o no requisitos para la Junta de Libertad Bajo Palabra.
Como parte del proceso de evaluación, la Comisión pasó revista sobre las designaciones a la posición de Fiscal Auxiliar I de la Lcda. Jessica Gotay Martínez; Lcda. Melba Lizete López Ramos; Lcdo. Enrique Arturo Rodríguez Álamo; Lcdo. Pedro Aníbal Vázquez Montijo; Lcdo. Miguel Ángel Hornero Colón; Lcda. Linda Lynn Sepúlveda Irizarry; Lcda. Tania Libertad Fernández Medero y la Lcda. Glorimar García Ríos.
“Ciertamente desearles el mayor de los éxitos de ser confirmados e indicarles que nos toca hacer la diferencia…sabemos que hay muchas presiones mediáticas, políticas, pero nos toca hacer la diferencia, me identifico porque son jóvenes profesionales y cuando uno lo da todo con esa pasión como la que cada uno leyó en su ponencia, ciertamente vemos que el servicio público vale la pena y quedamos buenos profesionales para dar lo mejor por este País”, expresó la presidenta incidental de la Comisión y vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas.
González Huertas, preguntó a los deponentes si creen correcto el permitirle al estado ir en contra de un ciudadano en la vista de Regla 6 de procedimiento criminal solo con declaraciones juradas. De manera general los designados favorecieron el proceso actual indicando no estar de acuerdo en que se enmiende las reglas de procedimiento criminal y tampoco favorecen que los ciudadanos imputados tengan las declaraciones juradas antes de la vista de Regla 6 y sí la pueden obtener posterior a la vista. Además, indicaron que el proceso actual evita que la víctima tenga que ser contrainterrogada en todas las etapas del proceso.
Asimismo, González cuestionó a los nominados si creen que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) debería continuar como una institución o debe ser eliminada por otro mecanismo o proceso. La respuesta de los nominados fue dirigida a que el PFEI es necesario porque se necesita un ente fiscalizador, pero tal vez puede tener un cambio en la forma de selección de sus miembros. Igualmente, mencionaron que se debe evaluar a los funcionarios y los procedimientos del por qué no se obtienen los resultados esperados.
En la misma línea, la Senadora preguntó a los designados qué opinión les merece cualquier iniciativa legislativa a los fines de flexibilizar en el ámbito estatal los criterios y requisitos para que convictos se beneficien del privilegio de Libertad Bajo Palabra, si esto debe flexibilizarse o mantenerse inalterado. Parte de las respuestas fueron dirigidas a que no se debe flexibilizar porque muchos de los casos de personas en libertad bajo palabra tienden a incurrir en nuevos delitos, aunque habría que evaluar caso a caso.
