(San Juan, Puerto Rico – 4 de junio de 2025)— En un esfuerzo conjunto por fortalecer la formación profesional de futuros abogados y abogadas del país, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (FD-UIPR) han firmado un acuerdo de práctica supervisada, el cual permitirá que estudiantes del Juris Doctor realicen prácticas de naturaleza legal en la OEG a partir del año fiscal 2025-2026.
“El Programa de Práctica Supervisada representa una oportunidad única para fomentar la ética, la excelencia y el compromiso con el servicio público desde la formación académica. Esta iniciativa no solo permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos jurídicos en un entorno real, sino que también los expone a los valores fundamentales que deben guiar el ejercicio de la profesión del derecho en el ámbito gubernamental. Desde la OEG queremos ser parte activa en la formación de profesionales con conciencia ética, con compromiso con el pueblo y con las herramientas necesarias para defender el interés público con integridad y responsabilidad. En tiempos en los que la confianza en las instituciones gubernamentales es crucial, invertir en la educación ética de nuestros futuros juristas es esencial” expresó el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas.
Mediante este acuerdo, estudiantes matriculados en el curso de Tutoría Clínica tendrán la oportunidad de integrarse a los trabajos de la OEG en distintas áreas, como la asesoría legal, la investigación, la redacción de documentos legales, el análisis de evidencia y la asistencia en vistas administrativas. Las prácticas se llevarán a cabo durante los semestres académicos o en el periodo de verano, y podrán realizarse en cualquiera de las áreas de trabajo previamente seleccionadas por la OEG.
El acuerdo establece que los estudiantes deberán completar un mínimo de 120 horas de trabajo de naturaleza legal, bajo la supervisión directa de abogados y abogadas designados por la OEG. Las tareas que se les asignen estarán alineadas con los estándares establecidos por la American Bar Association (ABA), e incluirán el desarrollo de destrezas en investigación jurídica, redacción legal, ética profesional, solución de problemas, trabajo en equipo y productividad.
Por su parte, el doctor Rafael Ramírez Rivera, presidente de la Universidad Interamericana, destacó que “para la Facultad de Derecho y para las demás unidades académicas que conforman la Universidad Interamericana de Puerto Rico, es de suma importancia que la educación de excelencia que se imparte a nuestra matrícula de estudiantes se complemente con experiencias de campo y proyectos para desarrollar los líderes que Puerto Rico y el mundo necesitan hoy. Los centros de prácticas que se forman en instituciones de gran importancia, como es la Oficina de Ética Gubernamental del gobierno de Puerto Rico, permiten que nuestros estudiantes de Derecho tengan experiencias invaluables y necesarias para lograr la excelencia y niveles altos de competitividad. Estamos muy agradecidos de esta iniciativa y celebramos los lazos de colaboración que hoy firmamos˝.
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El acuerdo también contempla que cada estudiante seleccionado deberá cumplir con requisitos académicos y de conducta, incluyendo estar en buen estado académico, no tener antecedentes penales ni uso indebido de sustancias, y demostrar un genuino interés en completar la práctica.
Asimismo, se aclara que esta práctica tiene un carácter educativo, por lo que no conlleva relación laboral ni compensación económica.
Ambas instituciones se comprometen a ofrecer un entorno inclusivo, seguro y libre de discriminación, así como a cumplir con las leyes y políticas que promueven un ambiente de respeto y equidad. En caso de estudiantes con necesidades especiales, la OEG se compromete a realizar los ajustes razonables necesarios para facilitar su participación.
Este acuerdo fortalece los lazos entre la academia y el servicio público, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la formación de profesionales del derecho que aporten a una sociedad más ética, justa y transparente.
