La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico,13 de agosto de 2026 — La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 891, ahora Ley 176-2026, que enmienda la Ley 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de fortalecer las herramientas disponibles para combatir el fraude, proteger los fondos públicos y atender la evasión de obligaciones económicas con el Gobierno.
La nueva ley aclara la intención legislativa para que se consideren violaciones la evasión o disminución de obligaciones de pagar o transmitir dinero o propiedad al Gobierno, armonizando la legislación de Puerto Rico con disposiciones del False Claims Act federal y la jurisprudencia aplicable.
“Cada dólar que pertenece al pueblo de Puerto Rico tiene que ser protegido. Con esta ley fortalecemos las herramientas del Gobierno para combatir prácticas dirigidas a evadir obligaciones económicas con el erario y dejamos claro que no habrá espacio para actuaciones que perjudiquen los recursos públicos. Nuestro compromiso es con un gobierno responsable, transparente y firme en la protección del dinero de nuestra gente”, expresó la gobernadora.
Asimismo,González Colón, convirtió a R. C. de la C. 107 , ahora Resolución Conjunta 54-2026, que designa un tramo de la carretera estatal PR-185, en la jurisdicción del municipio de Canóvanas, con el nombre de “Norman H. Dávila”, en reconocimiento a la destacada trayectoria del legendario narrador de carreras y voz de la hípica puertorriqueña por más de cinco décadas.
“Norman H. Dávila acompañó durante décadas a generaciones de fanáticos y se convirtió en parte inseparable de una tradición deportiva profundamente arraigada en Puerto Rico. Es más que merecido que su nombre permanezca ligado al lugar que fue escenario de tantos años de su extraordinaria carrera”, expresó la primera ejecutiva.
La medida dispone que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) deberán proceder con la identificación y rotulación correspondiente en un término no mayor de 30 días naturales luego de su aprobación. La rotulación deberá cumplir con las especificaciones aplicables para el control de tránsito en las vías públicas.
De igual forma, González Colón, convirtió en ley la Resolución Conjunta de la Cámara 190, ahora Resolución Conjunta 55-2026, que ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizar un estudio abarcador dirigido al desarrollo y construcción de una ciclovía a lo largo de la avenida Ana G. Méndez, en la carretera PR-176, en San Juan.
La medida, de la autoría del representante Víctor L. Parés Otero, busca evaluar la viabilidad técnica, social y económica de establecer la ciclovía y promover una alternativa de movilidad activa, segura y sostenible para residentes y visitantes de la zona de Cupey.
“Continuamos promoviendo alternativas de transportación que permitan mejorar la movilidad y la calidad de vida de nuestras comunidades. Con esta resolución damos paso a la evaluación necesaria para desarrollar infraestructura que fomente opciones seguras y sostenibles para peatones y ciclistas, particularmente en una zona de gran actividad como Cupey”, expresó la gobernadora.
González Colón convirtió la Resolución Conjunta 56-2026 en la Resolución Conjunta del Senado 195, que asigna $4,728,265.90 para apoyar las operaciones, servicios esenciales, infraestructura y proyectos de desarrollo económico en municipios de Puerto Rico.
Los recursos provienen de los fondos correspondientes a la participación municipal en los ingresos generados por las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, conforme a la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada. Los fondos fueron certificados por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico al 15 de junio de 2026.
“Nuestros municipios son el primer punto de contacto de miles de ciudadanos con el Gobierno y necesitan contar con recursos para continuar ofreciendo servicios de calidad. Con esta asignación ponemos fondos ya generados a trabajar directamente en nuestras comunidades, apoyando obras, infraestructura, seguridad y servicios esenciales para nuestra gente”, expresó la gobernadora.
Según la certificación emitida por el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, al 15 de junio de 2026 el balance acumulado correspondiente a la porción destinada al Fondo General/Municipios ascendía a $9,918,685.51. La medida dispone la distribución de $4,728,265.90 entre los municipios identificados en la resolución.
González Colón convirtió en la Resolución Conjunta 57-2026 en la Resolución Conjunta de la Cámara 375, medida que asigna $4,728,265.89 a municipios para financiar obras y proyectos dirigidos a atender necesidades de sus comunidades. La medida es de la autoría del representante Johnny Méndez.
Los recursos provienen de los ingresos generados conforme a la Sección 29, inciso (b), de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”. La resolución autoriza, además, la contratación de las obras correspondientes, el traspaso de fondos y el pareo de los recursos asignados.
“Con la firma de esta resolución continuamos dirigiendo recursos directamente a nuestros municipios para que puedan atender proyectos que tienen un impacto concreto en la calidad de vida de nuestra gente. Estos fondos permitirán adelantar obras de infraestructura, rehabilitar instalaciones públicas y recreativas y atender otras necesidades importantes de nuestras comunidades”, expresó la gobernadora.
La Resolución Conjunta 57-2026 permite utilizar los recursos para obras de infraestructura, mejoras permanentes, rehabilitación de facilidades públicas y recreativas, gastos operacionales y otros proyectos de interés municipal. De esta manera, los recaudos provenientes de esta actividad económica revierten en iniciativas destinadas al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de la infraestructura pública.
“Nuestra administración seguirá trabajando junto a los municipios para que los recursos públicos lleguen donde hacen falta y se traduzcan en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para nuestra gente. Cada inversión que hacemos en nuestros pueblos es una inversión para el desarrollo de Puerto Rico”, añadió González Colón.
