La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico,25 de junio de 2026 – La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 139, ahora Ley 123-2026, de la autoría de la senadora Marially González Huertas, una medida que fortalece la aplicación de la Ley de Armas de Puerto Rico al corregir una omisión relacionada con la posesión, portación y transportación de partes esenciales de armas de fuego.
La nueva legislación enmienda varias disposiciones de la Ley 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, para definir con mayor precisión qué constituye una “parte de un arma de fuego” y establecer como delito la posesión, portación o transportación de dichas partes sin la licencia correspondiente. De igual forma, dispone que la adquisición de estas partes requerirá una licencia de armas vigente.
El Departamento de Justicia recomendó la firma de la medida al concluir que atiende un fin legítimo de seguridad pública y que incorpora las recomendaciones técnicas realizadas durante el proceso legislativo. Asimismo, el Departamento de Seguridad Pública respaldó la legislación.
Con la firma de la Ley 123-2026, la gobernadora continúa fortaleciendo las herramientas legales para proteger la seguridad pública y respaldar el trabajo de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en Puerto Rico.
González Colón, también convirtió en ley el Proyecto del Senado 732, ahora Ley 124-2026, de la autoría del senador Rafael Santos Ortiz y en coautoría de los senadores Wilmer Reyes Berríos, Jeison Rosa Ramos, Luis D. Colón La Santa, Héctor J. Sánchez Álvarez, Brenda Pérez Soto, Karen M. Román Rodríguez y Jamie Barlucea Rodríguez.
La nueva legislación enmienda la Ley Núm. 8-2004, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, para requerir que en torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte se garantice la presencia de, al menos, un terapeuta atlético licenciado, fortaleciendo así la prevención y el manejo adecuado de lesiones y emergencias médicas durante la práctica deportiva.
“Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de nuestros atletas en todos los niveles de competencia. Con esta ley damos un paso importante para que quienes practican deporte cuenten con atención profesional inmediata cuando más la necesiten, promoviendo entornos deportivos más seguros y fortaleciendo la cultura de prevención en Puerto Rico”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.
La medida responde a la política pública de continuar elevando los estándares de seguridad en el deporte, reconociendo el rol esencial que desempeñan los terapeutas atléticos en la evaluación, prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones deportivas, así como en la atención de emergencias durante actividades competitivas. La legislación complementa las disposiciones establecidas en la Ley 132-2024, que reglamentó la práctica y el licenciamiento de estos profesionales en Puerto Rico.
Asimsimo, la primera ejecutiva , firmó la Resolución Conjunta 34-2026 (RCS 104), una medida de autoría de los senadores Rafael Santos Ortiz y Wilmer Reyes Berríos, que declara a la Tuna Estudiantil de Cidra como Patrimonio Cultural del Municipio de Cidra, en reconocimiento a su extraordinaria aportación al desarrollo cultural, educativo y artístico del pueblo.
La ley reconoce oficialmente la trayectoria de la Tuna Estudiantil de Cidra y ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña realizar las gestiones pertinentes para cumplir con la medida. Además, autoriza al Instituto y al Municipio de Cidra a desarrollar campañas de promoción, actividades educativas, publicaciones y eventos dirigidos a divulgar la historia, aportaciones y legado de esta emblemática agrupación.
Fundada en 1972, la Tuna Estudiantil de Cidra se ha distinguido por su excelencia artística y por representar a Puerto Rico en escenarios locales, nacionales e internacionales. A lo largo de su historia ha compartido escenario y colaborado con reconocidos artistas, consolidándose como una de las instituciones culturales más representativas del municipio.
Por último, la gobernadora, convirtió en ley la Resolución Conjunta 35-2026, de la autoría de los senadores Rafael Santos Ortiz y Wilmer Reyes Berríos, con el propósito de declarar a la Banda Escolar de Cidra como Patrimonio Cultural del Municipio de Cidra.
Con esta medida se reconoce la aportación de la Banda Escolar de Cidra al desarrollo musical, educativo y artístico del pueblo, así como su contribución a la preservación de las tradiciones y la identidad cultural cidreña durante más de seis décadas.
La ley ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución y autoriza, junto al Municipio de Cidra, el desarrollo de campañas de promoción, eventos, publicaciones y actividades educativas que permitan divulgar la historia, el legado y la importancia de esta institución musical para las presentes y futuras generaciones.
