La organización Ayuda Legal Puerto Rico compartió hoy información relacionada al impacto de las iniciativas de acompañamiento legal realizadas por la entidad a sobrevivientes del huracán Fiona, al tiempo en que levantó bandera sobre el trato de FEMA a las personas que solicitan la asistencia individual. En particular, los directivos de la entidad plantearon la falta de comunicación clara sobre la asistencia para necesidades críticas y las denegaciones a personas dueñas que no tienen un título formal.
Tras el paso de Fiona, y casi de forma inmediata, Ayuda Legal Puerto Rico implantó una serie de estrategias de abogacía y acompañamiento legal para defender los derechos de los afectados. «El esfuerzo incluyó denunciar a nivel local y federal la exclusión de pueblos en el sur, oeste y, en específico, de Loíza entre los pueblos elegibles a asistencia individual. Como resultado de ello, logramos que se aprobara esta asistencia para todo Puerto Rico, no obstante, encontramos los mismos retos que cuando María y los terremotos» acotó la licenciada Ariadna Michelle Godreau-Aubert, fundadora y directora ejecutiva de la organización.
En el balance y como resultado de las experiencias compartidas por cientos de afectados durante las brigadas de acompañamiento legal, la organización responsabiliza al gobierno local y a FEMA de no ofrecer información adecuada sobre la elegibilidad para programas de asistencia individual. Esto provocó una avalancha de solicitudes relacionadas a asistencia crítica (los $700) por parte de personas que no reunía los criterios. «Como siempre insistimos, las reglas son claras. Aunque así debería serlo, y de forma automática, sin hacer a la gente saltar por miles de trabas burocráticas. FEMA no da asistencia por comida perdida en un apagón, decir lo contrario y aludir a flexibilidad es confundir a las personas.» añadió la licenciada Verónica González Rodríguez, abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico. Informó la abogada que la falta de una campaña educativa amplia así como la información contradictoria de oficiales públicos locales y federales, provocaron que las personas completaran solicitudes a mitad, sin alegar daños para los que sí existen asistencia, y que se sumaran en un desasosiego mayor al observar la arbitrariedad de la agencia federal al aprobar fondos a unas personas y a otras no.
Al presente, se han presentado más de 900,000 solicitudes para asistencia individual luego del paso de Fiona por Puerto Rico. Entre estas, FEMA ha hecho 41,195 determinaciones de elegibilidad para asistencia. Entre éstas, 3,846 solicitudes han sido denegadas total o parcialmente en relación con la ayuda para vivienda por falta de prueba de titularidad. «Esto equivale a casi 1 de cada 10 solicitudes. Aunque estos números son tempranos, nos preocupa comenzar a ver una tendencia de denegaciones basadas en la falta de título formal. La victoria de abogacía que culminó en el 2021, con unas guías de FEMA que adoptan el lenguaje que propuso Ayuda Legal para garantizar acceso a más dueños sin título, se queda corta si FEMA no da a conocer a la gente sobre cómo utilizarlas.» añadió Godreau-Aubert.
Ayuda Legal Puerto Rico denunció que FEMA, hasta el momento, no ha compartido el modelo de declaración bajo juramento – no notarizada- que bastaría para probar que una persona es dueña aunque no tenga documentos legales. El título de propiedad no es un requisito para la asistencia. El modelo está disponible en los portales de ayudalegalpr.org.
De igual forma, las licenciadas Godreau-Aubert y González Rodríguez denunciaron que las comunidades reportan inspectores que no llegan a sus citas o que se niegan a recibir documentos relacionados a la titularidad informal, así como un trato dispar a personas que hablan en español. Reiteraron que las leyes de derechos civiles a nivel federal obligan a FEMA a ofrecer sus servicios y comunicaciones en español en Puerto Rico. Denunciaron que esperar 3 a 7 horas en una línea telefónica para ser escuchados, como le ha pasado a tantos, es inaceptable y constituye una potencial violación a sus derechos.
Durante las pasadas tres semanas Ayuda Legal Puerto Rico ha realizado brigadas legales comunitarias en Loíza, Ponce, Santa Isabel, Mayagüez y Toa Baja, entre otros pueblos. Igualmente, abrieron las líneas de ayuda para atender a personas que necesitan asesoría legal gratis para apelar. Al presente, cerca de 500 personas han recibido acompañamiento gratuito relacionado a solicitudes de FEMA y a otros temas de vivienda como parte de estos esfuerzos. De igual forma, Ayuda Legal Puerto Rico ha orientado a casi 200 voluntarios de comunidad, organizaciones y grupos interesados en asistir a sobrevivientes.
La organización continúa con los esfuerzos de abogacía a nivel local y federal para lograr la flexibilización de la asistencia de FEMA, así como la fiscalización de los programas CDBG-DR aprobados tras María. Las personas pueden encontrar modelos de apelaciones y otros recursos a través de ayudalegalpr.org. En la medida en que los recursos lo permiten, la entidad mantiene las líneas de asesoría legal gratis en temas de vivienda y desastres en el (787)957-3106.
