San Juan, Puerto Rico — 23 de abril de 2026 — El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) presentó hoy ante la Comisión Especial de la Cámara de Representantes su memorial explicativo sobre el Proyecto de la Cámara 1213. El secretario Sebastián Negrón Reichard defendió el Código de Planificación y Permisos, presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón, como una reforma estructural del Estado dirigida a corregir un problema sistémico que ha afectado la competitividad, la inversión y la vivienda, entre otros aspectos críticos para el desarrollo económico y social de la isla.
En su comparecencia, Negrón Reichard enmarcó la discusión en un momento histórico excepcional, señalando que pocas veces coinciden con tal claridad el diagnóstico del problema, la voluntad política para atenderlo y las condiciones institucionales para resolverlo de forma definitiva.
Además, sostuvo que el sistema actual de permisos no constituye un problema administrativo aislado, sino una falla estructural que también incide directamente sobre la retención de talento y el costo de vida. Señaló que el modelo vigente, compuesto por decenas de leyes, reglamentos e instrumentos inconexos, ha producido un entorno de incertidumbre jurídica, duplicidad de procesos y demoras incompatibles con la actividad económica.
“El sistema gestiona mera burocracia y el ciudadano gestiona pura frustración”, señaló.
Esta es la segunda vista pública en la que el DDEC participa, puesto que hace poco más de una semana el Senado inició el proceso de evaluación del proyecto análogo P del S 1183. Debido a esto, en esta ocasión la ponencia pudo incorporar insumos sustantivos presentados por los alcaldes federados y asociados, quienes participaron en múltiples sesiones de trabajo con el DDEC a partir de que dio inicio el trámite legislativo.
Sus planteamientos se concentraron en tres áreas principales: la fiscalización de profesionales autorizados, la protección de la autonomía municipal (incluyendo los convenios de delegación) y la salvaguarda de las facultades tributarias municipales.
El secretario indicó que estas aportaciones han sido evaluadas con apertura y que existe disposición para integrarlas al proyecto, reforzando el carácter colaborativo del proceso legislativo.
Asimismo, el secretario argumentó que este entramado normativo fragmentado (con más de 45 leyes, decenas de reglamentos y múltiples instrumentos administrativos superpuestos) ha generado un modelo disfuncional en el que los procesos son largos, uniformes y desconectados de la complejidad real de los proyectos, con evaluaciones secuenciales, requisitos redundantes y una limitada integración tecnológica.
Frente a ese diagnóstico, el DDEC defendió el Código como un rediseño completo de la arquitectura institucional del sistema, que reorganiza funciones, delimita competencias, integra la normativa en un Reglamento Único y establece un sistema digital obligatorio que permite trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los puntos centrales de la ponencia fue la aclaración del alcance de la cláusula de supremacía del Código, ante interpretaciones públicas que sugerían una concentración de poder en el DDEC. El secretario fue enfático en que “La supremacía, según propuesta, es de la ley frente a disposiciones incompatibles, no de una agencia sobre otra. Su propósito es ordenar el sistema, no crear jerarquías administrativas nuevas”. Además, destacó la disposición para hacer los ajustes necesarios para llegar a un lenguaje de consenso.
En esa misma línea, el DDEC subrayó que el diseño institucional propuesto no altera la estructura validada previamente por la Asamblea Legislativa, sino que la perfecciona y le imprime coherencia. La OGPe (que se transformaría en Oficina Central de Permisos) mantiene su rol adjudicativo técnico, la Junta de Planificación conserva su independencia en la planificación territorial y el DRNA fortalece su función fiscalizadora, todo dentro de un marco coordinado y con reglas uniformes.
Negrón Reichard también explicó que se propone un régimen procesal autónomo para el sistema de permisos, puesto que el nuevo modelo establece términos adjudicativos vinculantes (no aspiracionales) con consecuencias específicas por inacción, incluyendo la continuación automática de trámites ante recomendaciones tardías, la obligación de subsanar antes de denegar, mecanismos de subrogación administrativa y acceso a remedios judiciales expeditos.
El DDEC destacó además que el Código atiende el problema estructural adicional que representa la desconexión entre planificación territorial y permisos. Para ello, propone una jerarquía clara de instrumentos, incluyendo un Plan de Desarrollo Económico Integral, y establece el geodato oficial como referencia normativa vinculante, eliminando la ambigüedad cartográfica que ha generado conflictos regulatorios y litigios por décadas.
Asimismo, introduce mecanismos innovadores como el Instrumento Prospectivo, que permite adelantar política pública territorial antes de su formalización cartográfica, y modelos de desarrollo que alinean incentivos económicos con objetivos de conservación.
En cuanto al componente económico, el DDEC reiteró que el sistema de permisos es una variable macroeconómica crítica. Las demoras, la incertidumbre regulatoria y los costos asociados al proceso afectan directamente la viabilidad de proyectos, el costo de la vivienda y la decisión de inversión.
“Cada año que postergamos atender este problema es un año más en que Puerto Rico le dice a su gente más joven que las condiciones para prosperar aquí siguen sin estar dadas.”
El secretario subrayó que el costo de no actuar (en términos de inversión detenida, oportunidades perdidas y migración de capital humano) supera ampliamente el costo de implementar la reforma, la cual concibe como una inversión institucional con retorno económico y fiscal.
