Se detectaron fallas administrativas en las retenciones contributivas y en los procesos competitivos
San Juan, Puerto Rico, (13 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-28 – Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo – Toa Baja, en el cual se identificaron múltiples deficiencias en los procesos fiscales, de contratación y administración de fondos públicos relacionados con programas sufragados bajo la Ley federal Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA). El período auditado comprendió del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2024.
La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, se detectaron incumplimientos contenidos en cuatro hallazgos principales.
“La fiscalización pública no solo consiste en revisar números. También exige examinar si los procesos se ejecutan con transparencia, controles internos adecuados y estricto apego a la ley. Cada dólar federal y estatal debe administrarse con la máxima responsabilidad”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El informe identifica cuatro señalamientos medulares: deficiencias en la preintervención de facturas y retenciones contributivas, irregularidades en procesos de evaluación de propuestas, insuficiencia en la obligación de fondos contractuales y contratos sin cláusulas ni certificaciones requeridas.
En el primer hallazgo, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) examinó 80 facturas por $342,964 pagadas a contratistas y determinó que ninguna contenía el sello de “Pagado”, mecanismo básico de control interno para evitar duplicidad de desembolsos. Asimismo, en cinco facturas por $23,775 no se incluyeron certificaciones requeridas por ley y en cuatro facturas por $15,775 no aparecía la firma de los representantes de las compañías proveedoras.
Adicionalmente, en pagos relacionados con ocho contratos de servicios profesionales y de adiestramiento, se detectó que no se realizaron retenciones contributivas requeridas por ley a tres contratistas, por un total de $1,281, privando al Departamento de Hacienda de ingresos legalmente exigibles y exponiendo a la entidad a penalidades contributivas.
El segundo hallazgo revela fallas sustanciales en los procesos competitivos para adjudicar contratos. Entre octubre de 2020 y abril de 2024, el Comité Ejecutivo y el Comité de Jóvenes celebraron 18 reuniones para evaluar 893 propuestas de servicios. Sin embargo, no se conservó evidencia formal de las puntuaciones otorgadas por el Comité Evaluador Administrativo, las evaluaciones se hacían a lápiz y no quedaban debidamente documentadas en los expedientes oficiales.
También se encontró que en trece minutas no se indicó el total de propuestas recibidas, y en quince minutas no se consignaron las razones para aprobar o rechazar propuestas evaluadas. Incluso, en un contrato de servicios profesionales por $20,000, el Comité Ejecutivo aprobó una propuesta con menor puntuación sin justificar adecuadamente su decisión.
La auditoría igualmente determinó que durante 30 meses el Comité Ejecutivo no contó con la composición reglamentaria requerida. Para algunos periodos solo tenía uno o dos miembros con derecho al voto, pese a que durante ese tiempo aprobó 615 propuestas, situación que debilita la legitimidad de las determinaciones adoptadas.
En el tercer hallazgo, se identificó que en un contrato por $10,000 para servicios de adiestramiento solo se obligaron inicialmente $5,000, provocando una insuficiencia presupuestaria igual a esa cantidad. Los restantes fondos fueron obligados posteriormente, luego de haberse iniciado pagos bajo el contrato.
La Contralora indicó que este tipo de práctica puede generar déficits en partidas presupuestarias y riesgos operacionales si no existieran fondos disponibles para cubrir compromisos previamente asumidos.
En el cuarto hallazgo, el informe señala falta de cláusulas contractuales esenciales y ausencia de certificaciones requeridas en expedientes contractuales, lo que refleja debilidades adicionales en los controles de contratación y cumplimiento normativo.
Como comentario especial, el informe menciona además un caso pendiente de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
En sus comentarios oficiales, la gerencia del Área Local sostuvo que varias situaciones respondían a prácticas administrativas internas, uso del sistema SAP, notas preliminares no oficiales y limitaciones operacionales durante el periodo auditado. También indicó que ha comenzado a implantar medidas correctivas, incluyendo hojas de cotejo, nuevas directrices documentales y refuerzo de los procesos de evaluación y archivo.
Entre las recomendaciones emitidas por la OCPR se incluyen fortalecer los controles internos, asegurar evidencia documental en todos los procesos de contratación, garantizar la composición reglamentaria de los comités decisionales, efectuar retenciones contributivas conforme a ley, obligar previamente los fondos necesarios antes de contratar y revisar los expedientes contractuales para que contengan todas las cláusulas y certificaciones requeridas.
“Exhortamos a la gerencia del Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja a atender con prontitud cada recomendación para proteger los recursos públicos y fortalecer los servicios a la ciudadanía. De igual forma, a que nos envíen el plan correctivo y sus respectivos logros”, concluyó Vega Fournier.
