La Asociación advierte sobre precios especulativos, riesgo de fraude y posibles incumplimientos contributivos en plataformas del mercado secundario
San Juan, Puerto Rico (19 de agosto de 2026) – La aparición en plataformas digitales y redes sociales de boletos en reventa para los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, con precios anunciados de hasta $10,850, confirma la urgencia de fiscalizar el mercado secundario de boletos, advirtió hoy la Asociación de Productores y Profesionales del Entretenimiento de Puerto Rico, Inc. (APPEP).
La organización solicitó al Departamento de Hacienda y al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) una intervención coordinada para determinar si las plataformas que generan ingresos mediante la reventa de boletos para eventos celebrados en Puerto Rico cumplen con las obligaciones contributivas y de protección al consumidor aplicables.
“En febrero advertimos ante la Legislatura que los problemas reales para el consumidor se encuentran en un mercado secundario donde proliferan los precios especulativos, los boletos falsos, el uso de bots y la falta de fiscalización. Lo que estamos viendo ahora confirma la urgencia de atender este asunto”, expresó Manny Morales, presidente de APPEP.
APPEP aclaró que no busca impedir que una persona transfiera legítimamente un boleto que no podrá utilizar. Su reclamo se dirige a la reventa comercial y especulativa realizada mediante plataformas que pueden generar cuantiosos ingresos con eventos celebrados en Puerto Rico, mientras el consumidor desconoce quién ofrece el boleto y qué protección recibirá.
La Carta Circular de Rentas Internas Núm. 23-10, emitida por Hacienda a raíz de la Ley 52-2022, establece que las plataformas que facilitan la venta de derechos de admisión pueden considerarse “Facilitadores de Mercado”. Esta clasificación puede aplicar incluso cuando la plataforma no mantiene oficinas o una localidad física en Puerto Rico.
Según la normativa, una plataforma externa puede considerarse comerciante para esta jurisdicción cuando sus ventas relacionadas con Puerto Rico exceden los $100,000 o cuando realiza al menos 200 transacciones durante su periodo anual de contabilidad. Cuando resulta aplicable, el facilitador debe registrarse, cobrar el IVU, informarlo y remitirlo a Hacienda.
“Los productores y las boleterías autorizadas en Puerto Rico tenemos que cumplir con el refrendo, el registro, la radicación de informes y el cobro del IVU. Puerto Rico merece saber si las plataformas que revenden boletos por miles de dólares están cumpliendo con las mismas responsabilidades. No puede haber un conjunto de reglas para la industria local y otro para las plataformas que operan desde fuera de Puerto Rico”, manifestó el promotor José “Pepe” Dueño.
La APPEP pidió que se determine cuáles plataformas de reventa están registradas como facilitadores de mercado, si cobran y remiten el IVU correspondiente y cómo se calcula el impuesto cuando un boleto se revende por una cantidad considerablemente mayor que su precio original. También solicitó a DACO que examine la transparencia de los precios, la divulgación de cargos y las protecciones disponibles ante boletos falsos, duplicados, inválidos o que nunca son entregados.
El reclamo da continuidad a la posición presentada por APPEP ante la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes en febrero de 2026. En esa ocasión, la Asociación pidió una reforma integral de la industria para atender la reventa especulativa, el fraude, el uso de bots y otros problemas que afectan directamente al consumidor.
APPEP agradeció a la Asamblea Legislativa el espacio que le ha brindado para presentar sus sugerencias y aportar la experiencia de productores y profesionales del entretenimiento a la discusión pública. La Asociación se expresó esperanzada en que la Legislatura pueda atender el tema mediante legislación moderna, balanceada y dirigida a los problemas reales del mercado de boletos.
“Reconocemos y agradecemos la apertura de la Asamblea Legislativa para escuchar nuestras recomendaciones. Estamos esperanzados en que este diálogo se traduzca en legislación efectiva que proteja al consumidor, fiscalice el mercado secundario y establezca reglas justas para todos los participantes”, añadió Morales.
APPEP reiteró su disposición para colaborar con la Legislatura, Hacienda, DACO y los demás componentes de la industria en el desarrollo de medidas que permitan la transferencia legítima de boletos, pero establezcan controles claros sobre la reventa comercial, la especulación, el fraude y el posible incumplimiento contributivo.
“Puerto Rico se ha convertido en una plaza de entretenimiento de alcance mundial. Este es el momento de modernizar las reglas y asegurar que quienes generan ingresos con nuestros eventos cumplan con las mismas responsabilidades que se les exigen a los productores y comerciantes locales”, concluyó Dueño.
