La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico, 25 de septiembre de 2026 – La gobernadora Jenniffer González Colón junto al secretario del Departamento de Salud, doctor Víctor Ramos, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y del Programa Medicaid en Puerto Rico, licenciado Carlos Santiago, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA), Gabriella Boffelli, anunciaron la presentación del informe sobre el programa de Medicaid, un documento que reúne datos, avances y recomendaciones dirigidas a fortalecer los esfuerzos ante el gobierno federal para procurar un financiamiento adecuado y sostenible del programa de salud que actualmente atiende a cerca del 47 % de la población de la isla.
Como parte de los trabajos establecidos mediante la Orden Ejecutiva 2026-006 de la gobernadora que creó el Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud, se confeccionó este informe que incorpora las aportaciones de sectores vinculados al sistema de salud.
“Cuando estuve en el Congreso, una de mis prioridades fue asegurar los recursos necesarios para garantizar el acceso a servicios de salud de nuestra gente. Puerto Rico, por disposición de ley federal, tiene una aportación federal o FMAP de 55 %, una realidad desigual que durante años nos obligó a luchar por asignaciones adicionales. Como parte de esas gestiones logramos asegurar un FMAP de 76 % hasta el 30 de septiembre de 2027, brindándole mayor estabilidad a nuestro programa Medicaid y a los pacientes que dependen de estos servicios y una extensión histórica de financiamiento por cinco años”, expresó la gobernadora.
González Colón, ha asegurado fondos para financiar el Medicaid en Puerto Rico que bajo la tarjeta de salud cubre a sobre 1.3 millones de pacientes, $295.9 millones en el 2017, $4,900 millones en el 2018, $4,300 millones en el 2019 y logró un acuerdo de $19,000 millones para cinco años en el 2022.
“Puerto Rico ha tenido que luchar cada dólar que recibe para Medicaid. Lo hicimos después del huracán María y lo volvimos a hacer en el Congreso para asegurar cinco años de estabilidad fiscal para el programa. Esa lucha siempre ha estado acompañada de nuestro compromiso de demostrar que Puerto Rico puede administrar estos recursos con responsabilidad, transparencia y controles rigurosos”, añadió la primera ejecutiva.
En la reunión estuvieron junto a la gobernadora y el primer caballero el doctor José Yovín Vargas Llavona, el secretario de Salud Víctor M. Ramos, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y director ejecutivo del Programa Medicaid de Puerto Rico Carlos A. Santiago Rosario, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) Gabriella Boffelli, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, la Directora Ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria Darielys Cordero, el delegado de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico Eduardo Fantauzzi, la presidenta de la Medicaid and Medicare Advantage Products Association (MMAPA) Solange De Lahongrais Taylor, el Delegado de la Asociación de Prácticas Independientes Alexis Lebrón Brayfiel, el Principal Oficial Ejecutivo Sistema de Salud Menonita Ricardo Hernández Rivera, el presidente de la Asociación de Farmacias de la Comunidad Isaías Serrano, la delegada Asociación de Farmacias de la Comunidad Linda Ayala, el presidente y principal Oficial Ejecutivo FIDE LLC. Luis E. Pizarro Otero, el principal oficial ejecutivo de la
Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico Lillian Santos, la delegada
Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico María Cristy, el presidente
Cámara de Comercio de Puerto Rico José Julio Aparicio Laspina, presidente MSC Advantage, Inc. Roberto G. Pando Cintrón y el el asesor en temas de salud Carlos Rodríguez. El informe final se hará público la próxima semana.
La primera ejecutiva, recordó además que, luego del huracán María, durante la primera administración del presidente Donald Trump, se aprobaron recursos extraordinarios para Medicaid bajo la Ley Bipartita de Presupuesto de 2018. Esa legislación asignó miles de millones de dólares adicionales para Puerto Rico y estableció un pareo federal de 100 % para el uso de esos fondos extraordinarios.
Puerto Rico también cuenta con una Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) adscrita al Departamento de Justicia de Puerto Rico, certificada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal desde el año fiscal 2019. La unidad tiene la responsabilidad de investigar y procesar casos relacionados con fraude de proveedores de Medicaid, así como determinadas situaciones de abuso o negligencia.
A esto se suma la implementación de un Asset Verification System, que permite verificar electrónicamente los activos de potenciales beneficiarios, y los mecanismos de fiscalización del programa Payment Error Rate Measurement (PERM). Para 2024, la tasa nacional general de pagos impropios de Medicaid reportada mediante PERM fue de 5.09 %.
“Estas medidas demuestran que nuestra lucha por mayores recursos federales va de la mano con la responsabilidad de proteger cada dólar destinado a la salud de nuestra gente. Hemos trabajado para cumplir con los requisitos federales, fortalecer los mecanismos contra el fraude y garantizar que los fondos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan”, sostuvo González Colón. Asimismo, la gobernadora, enfatizó que el próximo gran reto será evitar el llamado “Medicaid Cliff” que podría producirse al finalizar el actual acuerdo de financiamiento el 30 de septiembre de 2027, cuando culmina la vigencia del FMAP de 76 % establecida por la legislación federal vigente.
“Este informe pone los datos sobre la mesa y fortalece nuestro reclamo de que los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico necesitan estabilidad y certeza en el financiamiento de sus servicios de salud. Hemos demostrado que cuando Puerto Rico recibe mayores recursos federales podemos ampliar servicios, mejorar los reembolsos a nuestros proveedores y fortalecer el acceso de nuestros pacientes. Nuestro compromiso es continuar trabajando con el Congreso y el gobierno federal para lograr una solución a largo plazo que permita darle estabilidad a Medicaid y a todo nuestro sistema de salud”, expresó la gobernadora.
Actualmente, a diferencia de los estados, Puerto Rico recibe una asignación federal anual limitada para Medicaid. Bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023, el porcentaje de aportación federal conocido como FMAP aumentó temporalmente de su nivel estatutario de 55 % a 76 % hasta el 30 de septiembre de 2027, acompañado de aumentos adicionales en la asignación federal. El informe advierte que la expiración de estas disposiciones representa un reto significativo para la estabilidad futura del programa.
Los recursos adicionales recibidos durante los últimos años han permitido ampliar la elegibilidad de Medicaid, aumentar servicios cubiertos y fortalecer los pagos a proveedores. Entre los avances documentados se encuentra el aumento del reembolso mínimo a médicos de Plan Vital, que pasó inicialmente de 70% a 75% de la tarifa de Medicare Parte B y posteriormente alcanzó el 100%, retroactivo al 1 de octubre de 2023. También se aumentaron los reembolsos mínimos para servicios de salud conductual y se revisaron las tarifas para servicios dentales.
Asimismo, el aumento en los recursos disponibles permitió incorporar servicios como cuidado de salud en el hogar, equipo médico duradero, hospicio y transportación médica que no sea de emergencia, acercando la cubierta de Puerto Rico a servicios disponibles bajo Medicaid en los estados.
“Cada dólar que logramos asegurar para Medicaid se traduce en acceso a servicios para nuestros niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias trabajadoras. Por eso, nuestra gestión no se limita a atender el próximo año fiscal, estamos trabajando para conseguir una estructura que permita planificar el sistema de salud de Puerto Rico a largo plazo y darle certeza tanto a los pacientes como a nuestros proveedores”, añadió el secretario Ramos.
Por su parte el director ejecutivo de ASES, el licenciado Carlos Santiago, indicó que “este informe multisectorial nos provee la base técnica y jurídica que necesitábamos para sustentar nuestro reclamo ante el Congreso. Documenta con evidencia cómo Puerto Rico ha administrado los fondos federales con mayor fiscalización, transparencia y cumplimiento, y cómo esa responsabilidad se ha traducido en una cubierta más completa y en mejores condiciones para nuestra red de proveedores. Hoy, el 47 % de nuestra población depende de Medicaid. Lo que está en juego con la expiración de las disposiciones vigentes en septiembre de 2027 no es solo una cifra presupuestaria, es la estabilidad de todo el sistema de salud. Nuestra posición es clara, necesitamos pasar de asignaciones temporales a una estructura de financiamiento permanente que brinde certeza jurídica, previsibilidad fiscal y trato equitativo para los ciudadanos americanos en Puerto Rico”.
“Puerto Rico ha cumplido, ha fortalecido la fiscalización de su programa y ha demostrado resultados. Ahora tenemos que procurar que esos avances puedan sostenerse. Vamos a continuar llevando un frente unido a Washington para defender los recursos que necesitan nuestros pacientes y nuestro sistema de salud”, concluyó la directora ejecutiva de PRFAA.
