La organización analiza los memoriales explicativos del P. de la C. 1293 y trabaja en posibles enmiendas a la medida. Además, destacó el respaldo formal de una de las organizaciones nacionales más importantes en la defensa de víctimas de crímenes y reafirmó su apertura al diálogo para lograr su aspiración de convertir a Puerto Rico en un referente nacional en la protección de las víctimas.
Con el propósito de continuar fortaleciendo los derechos de las víctimas y testigos de delito en Puerto Rico, la organización sin fines de lucro Vivo Alliance presentó la ruta de trabajo que desarrolla para impulsar el Proyecto de la Cámara 1293, mediante el análisis de los memoriales explicativos recibidos, la preparación de contestaciones institucionales y la evaluación de posibles enmiendas a la medida legislativa. La organización reafirmó su disposición al diálogo con los sectores concernidos y destacó el respaldo formal del Instituto Nacional de Derechos de las Víctimas de Delitos (NCVLI, por sus siglas en inglés), la organización de carácter nacional más importante en la lucha por los derechos de las víctimas dentro de los tribunales de primera instancia y las cortes de apelaciones.
“Estamos trabajando con firmeza y responsabilidad para que Puerto Rico cuente con una Carta de Derechos que responda verdaderamente a las necesidades de las víctimas. Hemos examinado las observaciones recibidas y estamos preparando nuestras contestaciones, al tiempo que evaluamos posibles enmiendas que contribuyan a fortalecer la propuesta”, expresó Karla Hernández, cofundadora y directora de Vivo Alliance.
El proyecto de ley fue presentado en mayo por el representante José “Ché” Pérez Cordero, por petición de Vivo Alliance y otros proponentes. La medida busca actualizar la legislación vigente desde 1988, especialmente las protecciones sobre información, orientación, acompañamiento, participación y trato digno de víctimas y testigos durante su interacción con el sistema de justicia.
Vivo Alliance prevé presentar, en las próximas semanas, sus contestaciones a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes y, de resultar procedentes, las propuestas de enmienda a la medida. Entre las entidades que han presentado memoriales figuran el Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Sociedad para Asistencia Legal, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Oficina de Administración de los Tribunales.
“Estamos examinando esos planteamientos desde una posición de liderazgo y apertura al diálogo. Las diferencias técnicas deben conducir a soluciones, sin que tengamos que renunciar a los principios que dieron origen a nuestra iniciativa y sin que se pierda de vista la necesidad de proteger mejor a las víctimas. Aspiramos a una legislación sólida, constitucionalmente responsable y efectiva en su aplicación”, sostuvo Hernández.
La directora de Vivo Alliance también destacó el apoyo formal recibido del NCVLI que, en una comunicación escrita, expresó que el proyecto de ley garantiza una participación más significativa de las víctimas en el proceso judicial penal sin convertirlas en partes formales del caso. Para Vivo Alliance, este respaldo representa un reconocimiento al trabajo desarrollado y fortalece la proyección de la iniciativa más allá de Puerto Rico.
La nueva propuesta de Carta de Derecho se fundamenta en una investigación jurídica comparada sobre legislación de distintas jurisdicciones de Estados Unidos y 21 países. Con ese trabajo, Vivo Alliance aspira a que Puerto Rico se convierta en un referente nacional en la protección de los derechos de las víctimas y testigos de delito.
Durante la conferencia de prensa, Frances Hernández de la Coordinadora Paz para las Mujeres abordó la importancia de examinar las experiencias que enfrentan las víctimas cuando recurren al sistema de justicia, particularmente las barreras institucionales, la falta de información, la repetición innecesaria de relatos y otras prácticas que pueden provocar revictimización. Asimismo, contextualizó como la revictimización se agrava en los casos de violencia de género en la isla y las dificultades que enfrentan las sobrevivientes al buscar protección, servicios y respuestas institucionales.
Por su parte, Juanita “Nahina” Alvarez, directora estatal en Puerto Rico de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), reafirmó el respaldo de la organización tanto en la isla como a nivel nacional a esta iniciativa, este último expresado formalmente por su presidente, Román Palomares. Desde la perspectiva de los derechos civiles, destacó la importancia de garantizar a las víctimas un trato digno, acceso efectivo a la justicia, información clara y oportunidades reales de participación, particularmente para prevenir la revictimización y proteger a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
“Nuestra aspiración es que los derechos de las víctimas se traduzcan en protecciones reales. Un derecho que no se puede ejercer no es suficiente. Puerto Rico tiene la oportunidad de avanzar hacia un sistema de justicia más humano, accesible y efectivo. Esa es la convicción que guía nuestro trabajo y la razón por la que continuaremos impulsando esta iniciativa”, concluyó Hernández.
