SAN JUAN, Puerto Rico – Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó hoy una acusación formal contra dos agentes de la policía municipal de Toa Alta por narcotráfico.
Según documentos judiciales, Xavier Oropeza-Rosado, de 42 años, y Julio Ángel Berdecía-Rodríguez, de 46, ambos residentes de Toa Alta, intentaron, a sabiendas y con intención, poseer cocaína con el fin de distribuirla en varias ocasiones desde abril de 2023. Oropeza-Rosado enfrenta dos cargos de narcotráfico y un cargo de posesión de arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico. Berdecía-Rodríguez enfrenta tres cargos de narcotráfico y tres cargos de posesión de arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico.
“La gran mayoría de los agentes de policía sirven y protegen a nuestras comunidades con valentía y honor. Cuando los agentes del orden público quebrantan esa confianza, es nuestra responsabilidad llevarlos ante la justicia”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“La confianza pública es la base de toda placa en este país. Cuando quienes juraron proteger a sus comunidades optan por traicionar ese juramento, socavan la integridad de todo el sistema de justicia”, afirmó Claudia Dubravetz, Agente Especial Interina a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. “Los arrestos de hoy dejan algo claro: ningún cargo, ningún uniforme y ninguna autoridad exime a nadie de rendir cuentas. El FBI seguirá colaborando estrechamente con la Fiscalía Federal para combatir la corrupción dondequiera que se manifieste y garantizar que el pueblo de Puerto Rico reciba un servicio con honestidad, equidad y el estado de derecho”.
Los acusados comparecieron por primera vez ante el juez magistrado federal Marcos E. López, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el 20 de noviembre de 2025. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena mínima legal de 10 años y hasta cadena perpetua por los cargos de narcotráfico, y a una pena mínima legal consecutiva de 5 años por cada cargo de posesión de arma de fuego. Un juez federal de distrito determinará la sentencia definitiva tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
El FBI está investigando el caso.
El fiscal federal adjunto César E. Rivera Díaz está a cargo de la acusación.
