(jueves, 22 de enero de 2026; San Juan, P.R)– La procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez anunció hoy una victoria trascendental para todas las trabajadoras en Puerto Rico. El Tribunal Supremo, mediante su decisión en el caso CC-2025-0009, validó la jurisdicción de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para investigar, fiscalizar e imponer multas administrativas ante violaciones de derechos laborales y discrimen por razón de sexo, tanto en agencias gubernamentales como en entidades privadas.
Esta determinación surge tras una investigación iniciada por la OPM en defensa de una trabajadora embarazada que alegó ser retirada de su empleo tras notificar su estado. La decisión reafirma que la OPM es un ente con la fuerza legal para garantizar que se respete la política pública del Estado.
Esta gestión es parte fundamental del compromiso y la política pública de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, enfocada en el empoderamiento económico de la mujer y la erradicación de barreras que impiden su desarrollo pleno en la fuerza laboral.
“Mediante esta determinación, el Tribunal Supremo reconoce que la OPM tiene la facultad de fiscalizar, investigar e imponer multas a las agencias gubernamentales y las entidades privadas que incumplan con la política pública del Estado o violen los derechos de las mujeres amparados por la Constitución y las Leyes de Puerto Rico”, detalló la procuradora.
Añadió además que, “nuestra ley habilitadora nos otorga un mandato claro que se extiende a cualquier asociación, organización, instituto o persona natural o jurídica en la que una mujer labore’, asegurando que el brazo de la justicia llegue a todos los espacios de trabajo”.
“No permitiremos que se haga inoperante a la OPM en una esfera de tanto impacto como la laboral; eliminar nuestras facultades de investigación sería contrario a la intención legislativa y a la política pública que inspiró su creación. Hoy reafirmamos que la OPM cuenta con facultades plenas para ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica que niegue, o entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios de las mujeres”, afirmó la licenciada.
