(San Juan, Puerto Rico-16 de marzo de 2021) La Comisión de Relaciones Federales,
Internacionales, Estatus y Veterano de la Cámara de Representantes, presidida por el
representante Kebin A. Maldonado Martiz, atendió hoy, martes, en vista pública el
Proyecto de la Cámara 5, que ordenaría realizar un referéndum nacional para que el
pueblo vote a favor o en contra de la celebración de una Asamblea Constitucional de
estatus.
La sesión pública recibió la comparecencia de la licenciada Jessica Padilla Rivera,
presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Yareliz Meléndez
Rivera, jefa de presupuesto de la CEE, el licenciado José Feliciano, asesor legal de la
CEE y del licenciado Alejandro Torres Rivera, representante del Colegio de Abogados
de Puerto Rico (CAPR).
La presidenta alterna de la CEE dirigió su ponencia hacia la incapacidad
presupuestaria que actualmente enfrenta la agencia para celebrar un nuevo
referéndum. “La CEE no cuenta con los fondos requeridos para tal referéndum y la
elección de los delegados, por lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, en
conjunto con el Poder Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal, tomar las
determinaciones necesarias”, sentenció Padilla Rivera.
A través de una ponencia firmada por el presidente de la CEE, Francisco J. Rosado
Colomer, la licenciada Padilla añadió “que cualquiera que sea la determinación de
política pública y legislativa que se tome, además de que deberá tener el aval del
Gobernador de Puerto Rico, debe tenerse presente el estado de situación fiscal a la
CEE, el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, que establece
parámetros que limitan la distribución y uso de los fondos asignados a la CEE”,
aseguró.
“Tales recursos presupuestarios deben ser objeto de un diálogo con los entes fiscales
del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la
AAFFAF, y obtener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, al amparo de las
disposiciones de la Ley Federal de PROMESA”, comentó la presidenta alterna de la
CEE.
A preguntas del representante José Aponte Hernández, la jefa de presupuesto de la
CEE, Yareliz Meléndez informó que el evento que más se asemeja a la consulta que
propone el Proyecto de la Cámara 5 es el plebiscito del 2017. “Los costos de ese
evento ascendieron a $5.6 millones de dólares”, añadió Meléndez. Con relación a la
elección de delegados pro estadidad, Meléndez también aseguró que la CEE no cuenta
con presupuesto para sufragar ese evento electoral.
Por otro lado, el representante José Bernardo Márquez Reyes cuestionó a los
funcionarios de la CEE sobre la opinión de la agencia en relación a la legitimidad del
referéndum. “Más allá del presupuesto, ¿la agencia entiende que el Proyecto en
discusión es legítimo o ilegítimo?, preguntó Márquez. “Como Comisión, representamos
el interés público, entendemos que el Proyecto tiene un fin legítimo y es nuestra
obligación respaldarlo”, aseguró Padilla Rivera.
En contraste a la visión fiscal que aportó la CEE, el Colegio de Abogados de Puerto
Rico entregó una amplia ponencia que argumentó sobre la necesidad urgente de iniciar
un proceso de descolonización en la isla.
“Al cabo de 123 años de dominación estadounidense sobre Puerto Rico, urge iniciar, de
una vez por todas, un verdadero proceso de descolonización en el cual como
puertorriqueños(as) ejercitemos nuestro derecho a la libre determinación. La
aprobación de la medida que impulsa la convocatoria a una Asamblea Constitucional
de Estatus; la selección de sus delegados, las definiciones de fórmulas de relación
futura con los Estados Unidos bajo la independencia, la asociación y la integración
sobre bases ni coloniales y no territoriales; la negociación de las opciones y respectivas
transiciones y finalmente la ratificación por parte de nuestro pueblo de la opción u
opciones consensuadas entre ambas partes, es el camino a seguir”, aseguró en su
ponencia escrita el licenciado Alejandro Torres Rivera, representante del CAPR.
“Consideramos importante, que a partir de la medida propuesta pueda desarrollarse a
nivel nacional en Puerto Rico un amplio proceso de discusión y vistas públicas donde
este mecanismo procesal sea discutido” añadió Torres.
“Seguiremos a los partidos políticos que tienen representación en los diferentes 78
municipios, que a través de sus Legislaturas Municipales propongan una iniciativa
similar, de manera que el proceso de discusión amplio que solicitamos se extienda
hacia las distintas entidades municipales y que en ellas se aprueben resoluciones
respaldando este mecanismo de libre determinación”, sugirió el Colegio de Abogados a
través de una ponencia escrita.
El Proyecto de la Cámara 5 sería, según el presidente de la Cámara de
Representantes, Rafael “Tatito Hernández Montañez, “un vehículo para conectar con el
proyecto federal de Velázquez y Ocasio, que atienden también la posibilidad de una
Asamblea Constitucional de estatus”.
De acuerdo con el representante del CAPR, “hasta ahora, no se había llevado un
proceso de vistas públicas para discutir este tema tan importante sobre el estatus”,
reconoció Torres Rivera.
“Hemos cumplido nuestra palabra como delegación y sobre nuestro compromiso con el
Proyecto. El resultado final de esta iniciativa requiere que muchos entiendan el proceso
y su importancia”, sentenció Hernández Montañez.
