Sin estadísticas de cumplimiento en contratación de personas con impedimentos

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(El Capitolio – 5 de mayo de 2026) – La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) admitió en vista pública, que no cuentan con informes en torno a las estadísticas sobre el reclutamiento de personas con impedimento en las agencias públicas, dispuesto por la Ley 219-2006, ya que el estatuto no provee herramientas para obligar a las agencias a cumplir con los informes de cumplimiento.
Las expresiones, se produjeron en vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, al amparo de la Resolución de la Cámara 406, que da paso a una investigación en torno al cumplimiento de las entidades gubernamentales con los propósitos de la ley que busca que se aumente en al menos un cinco por ciento, la contratación de esta población y ampliar sus oportunidades de una vida independiente.

A preguntas del representante Ocasio Ramos, en torno al cumplimiento de las entidades gubernamentales con la “Ley para Fomentar el Empleo de Personas con Impedimentos Cualificados, en las Agencias y Corporaciones Públicas”, el Lcdo. Javier Flores, en representación de la OATRH, explicó que al no realizarse auditorías de forma “activa”, la impide que tengan informes con estos datos.
Ante ello, el representante Ocasio Ramos, solicitó que, en cinco días laborables, se entregue a la Comisión “un informe sobre las agencias que están cumpliendo con la ley”.
Así también, salió a relucir, el hecho de que las sanciones que se estipulan en el reglamento 8868, solamente establecen una multa de $15 al día por no remitir el informe de cumplimiento a la OATRH, pero no establece nada sobre el acatamiento del proceso de reclutamiento.

“Partiendo de la premisa que no se tiene información y no se están haciendo activamente las auditorías, ahora mismo no se está imponiendo ningún tipo de sanción, sin embargo, el reglamento, como está preparado impone unas multas de $15 por día de retraso en la entrega de informes”, indicó el deponente.

Flores mencionó que esta multa “se impone como parte del reglamento; la ley no establece la facultad para multar por ese incumplimiento, por lo menos no por parte de la OATRH”.
Así las cosas, añadió que “no se está exigiendo con ese pago y la realidad es que, en estos momentos, según está la ley redactada, la agencia no tiene el poder para solicitar esa multa; la ley no provee para esa multa, eso es algo que se incluyó en ese reglamento cuando se preparó”, en el 2016.

El funcionario planteó que “tampoco la ley establece qué se hace, si no se está cumpliendo con ese cinco por ciento; la realidad es que la responsabilidad que se le delega a la OATRH es el proceso de auditoría, proveer la información y preparar los informes que se supone que se remita a la Asamblea Legislativa y a la Gobernadora”.

En cuanto a la efectividad del reglamento dijo “como no contamos con la información no se puede decir con certeza si está siendo efectivo o no, sin embargo, como parte los procesos de evaluación de los comités de eficiencia de los reglamentos de agencias, si se está evaluando atemperar dicho reglamento”, para ajustarlo a la realidad presente en las entidades públicas.
Ante estas expresiones, el legislador Ocasio Ramos enfatizó el hecho de que “tenemos un reto bien grande, por lo que es importante que nos puedan proveer esa información para nosotros tener las mejores herramientas de modo de poderlos ayudar legislativamente”.

Por su parte, la administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), Dra. Rosa Lugo Cabán, trajo a la atención que para lograr el cumplimiento pleno y uniforme de la ley se “requiere de una acción coordinada y sostenida de todo el aparato gubernamental, particularmente en lo relacionado con los procesos de reclutamiento, la recopilación de datos y los mecanismos de validación del cumplimiento”.

La administradora sostuvo, que las estadísticas que han recopilado en la ARV son producto de los clientes a los que sirven, ya que la persona con impedimento no está obligada a revelar durante la entrevista de empleo si tiene alguna condición por la cual se le debe dar el beneficio de esta ley o hacer un acomodo razonable para ser contratado.
En torno al número de clientes servidos en los últimos años, la funcionaria informó que para el año fiscal 2023-2024 se sirvieron a 2,279 clientes, en el 2024-2025, se alcanzó la cifra de 2,134 y de julio del 2025 hasta el presente se han atendido a 2,138 en las diversas oficinas a través de la Isla.

Lugo Cabán a renglón seguido recomendó “medidas legislativas dirigidas a promover iniciativas de educación continua o capacitaciones dirigidas a patronos y personal de recursos humanos en el sector público, enfocadas en el cumplimiento con las disposiciones sobre acomodos razonables y la prohibición de discrimen por razón de impedimento, conforme a la normativa estatal y federal aplicable”.

Además, sugirió que se les ofrezca a los patronos, tanto públicos como privados, talleres de sensibilidad que cambie la óptica de las empresas, de modo “que no solo vean a una persona con impedimento, sino que los visualicen como gente con potencial”.
Otra de las recomendaciones presentadas por la administradora, tiene el propósito de fortalecer la implementación efectiva de ley, mediante el establecimiento de una plataforma de medición estandarizada para evaluar de manera objetiva, los avances alcanzados con el cinco por ciento establecido por legislación. A su vez, destacó que se pueda garantizar en las entrevistas de trabajo la equidad, inclusión y el no discrimen en el empleo.
Mientras que el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, enfatizó en la necesidad de “romper con esa falta de empatía” a todos los niveles para lograr que estas personas puedan tener una vida plena e independiente.
En su turno de preguntas, el representante Sergio Estévez Vélez, planteó que esta legislación debe extenderse a los municipios, para ofrecer mayores oportunidades a esta población.
De otro lado, la representante Lourdes Ramos Rivera presentó el hecho de que la Cámara de Representante ha contratado personas con impedimento, a los cuales felicitó ya que “se esmeran tanto en realizar una labor de excelencia” ya que con ello se sienten útiles y plenos.
Durante los trabajos de esta audiencia pública, también participó el representante José “Cheito” Hernández Concepción.

 

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