Juan Maldonado de Jesús, quien representó a la empresa Apex General Contractors en la compra ilegal de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020, fue sentenciado hoy, tras declararse culpable ante un caso llevado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFED). La jueza Nerisvel Duran Guzmán, del Tribunal Superior de San Juan, emitió su sentencia contra Maldonado de Jesús, por tentativa de fraude, falsificación de documentos e impostura.
Por estos cargos deberá cumplir cuatro años bajo probatoria. Además, tendrá que cubrir una pena de $10,000, por gastos incurridos por el PFEI durante el proceso. Los fiscales especiales independientes Ramón M. Rosario Mendoza y Zulma I. Fuster Troche, investigaron el caso y lograron la convicción, pese a que la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia no recomendaba realizar un proceso criminal.
En la etapa preliminar del caso en 2021, los abogados de Maldonado de Jesús cuestionaron la jurisdicción del PFEI sobre su cliente, argumentando que no era funcionario público. El Tribunal Supremo sostuvo y validó el poder de la entidad y sus fiscales especiales independientes, para obtener la convicción del acusado. Al ahora convicto, se le imputó ser el abogado gestor del controvertible contrato otorgado por el Departamento de Salud a la referida empresa de construcción, por $38 millones, para conseguir las pruebas médicas rápidas que detectaran el coronavirus.
Fue el 26 de marzo de 2020, bajo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez
Garced, que se le adjudicó el controvertible contrato a la empresa constructora Apex.
El mismo fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción de la ilegal compra a sobreprecio de un millón de pruebas aerológicas, a una empresa sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos.
En enero de 2022, el Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió indefinidamente a Maldonado de Jesús del ejercicio de la abogacía y la notaria, tras determinar que falsificó la firma del dueño de Apex General Contractors en un documento relacionado con la compra de pruebas COVID-19, constituyendo una grave violación a la ley notarial.
