Sentencian a 20 años y tres meses de prisión a hombre de Rio Grande por robos, violaciones a la Ley Hobbs y a la ley de armas

Un hombre de Río Grande fue sentenciado a 20 años y tres meses de prisión por cuatro cargos de violaciones de la Ley Hobbs y un cargo de violaciones de armas de fuego, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Según documentos judiciales, Miguel Cancel-Marrero, de 62 años, cometió una serie de robos mientras blandía, portaba y usaba un arma de fuego, en presencia de empleados en contra de su voluntad, mediante amenazas de fuerza, violencia y miedo a sufrir lesiones. El acusado admitió los siguientes robos:

El 14 de enero de 2021, el imputado tomó moneda estadounidense de Auto Zone en Trujillo Alto, PR. Durante este robo, el acusado apuntó con el arma de fuego a clientes y empleados y apuntó con el arma a la cabeza de un empleado. Cancel-Marrero también admitió que descargó el arma de fuego mientras cometía el robo, disparándose en la pierna derecha y posteriormente sangrando dentro de la Zona Automática.

El 2 de diciembre de 2020, el demandado tomó moneda estadounidense de Advanced Auto Parts en Río Grande, P.R. El 4 de diciembre de 2020, el demandado tomó moneda estadounidense de Advanced Auto Parts en Trujillo Alto, P.R. El 16 de diciembre de 2020, el demandado tomó moneda estadounidense de Auto Zone en Guaynabo, P.R.

El 14 de marzo de 2023, la Honorable Silvia Carreño-Coll, jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, condenó a Cancel-Marrero a 108 meses por los cuatro cargos de violaciones de la Ley Hobbs concurrentes entre sí y consecutivos a 120 meses en la descarga 924 (c). donde el acusado se pegó un tiro en la pierna por un total de 228 meses de prisión (19 años). El Tribunal también condenó al acusado a 15 meses por revocación de la libertad supervisada. También se ordenó al acusado pagar restitución a las víctimas.

el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico; y Joseph González, agente especial a cargo del FBI, oficina de campo de San Juan, hicieron el anuncio.

El FBI y el Negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron el caso.

El fiscal federal adjunto Luis A. Valentín de la Unidad de Crimen Organizado Transnacional procesó el caso.

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