San Juan, Puerto Rico (6 de junio de 2025) – Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaron hoy el Proyecto del Senado 658, con el propósito de derogar el Artículo 8 de la Ley 160-2001, conocida como la “Ley de Declaración Previa de Voluntad Sobre Tratamiento Médico”. Esta medida, impulsada por los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, busca garantizar que las personas embarazadas conserven plena capacidad jurídica para ejercer su derecho a decidir sobre tratamientos médicos, incluso durante el embarazo.
La Ley 160 permite que una persona, mientras está en uso pleno de sus facultades mentales, exprese anticipadamente mediante declaración jurada, si autoriza o no que le sometan a “cualquier o determinado tratamiento médico que sólo sirva para prolongar artificialmente el proceso inminente de su muerte”, así como cualquier otra orden relativa a su tratamiento médico. La persona también puede designar a una mandataria que tome esas decisiones por ella. Según consta en la Exposición de Motivos, la legislación se aprobó como un reconocimiento a los derechos a la intimidad, la honra y la dignidad y al debido proceso de ley. Sin embargo, el Artículo 8 de esta ley establece que una declaración previa de voluntad queda automáticamente inoperante si la persona está embarazada, con lo que se sugiere que el respeto a derechos fundamentales queda suspendido por el embarazo. La propuesta legislativa del PIP considera esta excepción como una violación directa a los principios de igualdad ante la ley, autonomía corporal y dignidad humana, al colocar condiciones sobre el derecho a decidir basadas exclusivamente en el estado reproductivo de la persona.
“La eliminación de este artículo representa un paso fundamental hacia una política pública más justa y respetuosa de los derechos humanos más básicos. No podemos continuar permitiendo que el Estado imponga una visión dictatorial que impone la idea de que, por estar embarazada, una mujer merece ser privada de la capacidad de decidir libremente sobre su vida”., expresó la senadora Santiago Negrón.
La representante Adriana Gutiérrez respaldó con firmeza la medida, señalando que: «Al invalidar automáticamente las declaraciones previas de voluntad cuando la persona está embarazada, el Estado ha despojado a personas gestantes del control sobre sus propios cuerpos. Un embarazo no puede ser razón para limitar la capacidad de tomar decisiones sobre tu cuerpo, incluyendo tratamientos médicos. Este artículo atenta contra derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad y la dignidad humana. Ninguna persona debe ser tratada como una incubadora.»
Este proyecto se añade a una serie de medidas presentadas por las delegaciones del PIP en el Senado y la Cámara de Representantes, que buscan atender varias problemáticas que atentan contra los derechos y la salud de las personas gestantes en Puerto Rico. Entre estos, se encuentran el Proyecto del Senado 445, 617, 614 y la Resolución 174; relacionados a atender los temas de violencia obstétrica, salud mental perinatal, transparencia de médicos y hospitales sobre estadísticas de cesárea y el acceso a servicios de maternidad.
