La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve radicó dos peticiones de información para que el Departamento de Hacienda y la Autoridad de los Puertos expliquen por qué S2 Services continúa operando -y posiblemente cobrando- pese a la cancelación del contrato, y cuál es la exposición fiscal y de seguridad para el País.
San Juan, Puerto Rico (4 de junio de 2026) – La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve radicó dos peticiones de información en el Senado de Puerto Rico para exigir que el Departamento de Hacienda y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) rindan cuentas sobre la permanencia de la empresa S2 Services Puerto Rico, LLC en los muelles públicos de Puerto Nuevo, más de ocho (8) meses después de que el Gobierno cancelara su contrato de escaneo de furgones y le ordenara desalojar.
El 25 de agosto de 2025, la Gobernadora anunció la cancelación del contrato entre la APPR y S2 Services Puerto Rico, LLC para el escaneo de furgones en el Puerto de San Juan. Ese mismo día, la APPR cursó a la empresa una orden de cese y desista y le concedió noventa (90) días para desocupar las instalaciones, plazo que venció el 25 de noviembre de 2025.
Sin embargo, al 15 de mayo de 2026 surgió información pública que revela que la compañía permanecía en las instalaciones de Puerto Nuevo, no había cesado operaciones y no había retirado sus equipos de escaneo. La APPR, por su parte, presentó un pleito en el Tribunal de Distrito Federal para hacer valer la cancelación del contrato.
Para Rodríguez Veve, el cuadro es inaceptable y exige fiscalización inmediata: una empresa cuyo contrato fue cancelado por el propio Gobierno continúa en instalaciones públicas, con sus equipos instalados y, posiblemente, generando cobros, en una situación que mantiene viva una controversia con repercusiones fiscales, regulatorias, jurídicas y de seguridad portuaria.
“Resulta inaceptable que una empresa cuyo contrato fue cancelado por el propio Gobierno hace ocho meses continúe operando en los muelles de San Juan sin que, hasta el momento, se hayan ofrecido explicaciones claras al respecto. Tenemos derecho a saber quién responde por esto, cuánto le cuesta al erario y qué riesgo representa para la seguridad de nuestro principal puerto”, expresó la senadora.
