(San Juan, Puerto Rico – 6 de mayo de 2025) – La senadora Jamie Barlucea Rodríguez, presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, celebró una vista pública para atender el Proyecto del Senado 440, medida de su autoría que propone establecer la “Ley de Servicios Gratuitos y Expeditos a las Personas Sin Hogar”. La iniciativa recibió un sólido respaldo de diversas agencias del gobierno, organizaciones sin fines de lucro y defensores de derechos humanos, quienes destacaron el potencial transformador de la propuesta para garantizar acceso equitativo y libre de trámites burocráticos a servicios esenciales.
“Esta legislación nace del compromiso con la justicia social y con la dignidad humana. Queremos eliminar las barreras que impiden a tantas personas sin hogar acceder a servicios básicos como salud, vivienda o asistencia nutricional. Nadie debe quedar fuera por falta de un documento”, expresó la senadora Barlucea al inicio de la vista, reafirmando su enfoque de política pública centrado en la inclusión.
El proyecto busca permitir que las personas sin hogar puedan obtener, sin costo alguno, documentos fundamentales como el certificado de nacimiento, certificaciones del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la tarjeta de identificación expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Estos documentos son indispensables para acceder a servicios de salud, vivienda, empleo, asistencia nutricional y otros programas de bienestar social.
La vista pública, presidida por la senadora Barlucea, contó con la participación del senador Adrián González Costa, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, y la senadora Wanda Soto Tolentino, del Partido Nuevo Progresista. Durante los trabajos se escucharon las ponencias de representantes del Departamento de Salud, ASSMCA, el DTOP, el Registro Demográfico, la Comisión de Derechos Civiles y los Coordinadores de Continuidad de Cuidado (CoC) PR-502 y CoC PR-503 (Moriviví). El Departamento de la Familia y el CRIM, aunque enviaron ponencias escritas respaldando la medida, no comparecieron a la vista.
En su escrito, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó que elevar a mandato de ley los servicios libres de costo facilita una coordinación más efectiva de otros servicios, lo cual redunda en beneficio para esta población vulnerable. Añadió que el acceso a documentación esencial permite a estas personas integrarse de manera más efectiva a la comunidad y alcanzar autosuficiencia.
Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero, reconoció la importancia social del proyecto, aunque sugirió establecer controles fiscales como limitar a una por año la expedición gratuita del certificado de nacimiento. La directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, expresó apertura a cumplir con cualquier disposición legislativa que permita a familiares o representantes de albergues solicitar documentos en nombre de personas sin hogar, siempre que se garantice la autenticación de identidad. Ante esto, la senadora Barlucea subrayó que “la medida buscará siempre el balance entre la sensibilidad social y la responsabilidad fiscal, pero nuestra prioridad es remover obstáculos para quienes no tienen un techo seguro”.
El DTOP, representado por la directora de DISCO, Mary Fuster, explicó que actualmente la agencia ya exime del pago a personas sin hogar para la expedición del ID regular, siempre y cuando acrediten su situación. Sin embargo, indicó que el Real ID aún tiene un costo y sería necesario legislación adicional para eliminar dicho pago. A preguntas de la senadora Barlucea, Fuster explicó que uno de los principales retos es que estas personas no cuentan con dirección física o postal, lo cual es requerido para completar el trámite. En esos casos, la persona suele acudir con organizaciones sin fines de lucro o familiares que autorizan una dirección alternativa.
Desde la perspectiva de salud mental, ASSMCA reiteró que la carencia de documentos oficiales perpetúa un “ciclo cerrado difícil de romper”. Su representante propuso, a preguntas del senador González Costa y de la senadora Barlucea, que se establezcan enlaces regionales interagenciales para atender de forma más directa a esta población y que las agencias desarrollen mecanismos alternos para validar identidad sin depender de procesos burocráticos. Asimismo, confirmaron que en algunos centros del DTOP aún se exige el certificado de nacimiento para emitir el ID, lo que genera nuevas barreras que esta legislación busca eliminar.
El Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar, dirigido por el Sr. Pedro Dedós, catalogó el proyecto como una herramienta esencial para lograr justicia social. Advirtió que más de 2,000 personas viven sin hogar en Puerto Rico, y que el 75% de ellas no están albergadas. Añadió que la falta de documentos produce un ciclo de invisibilidad institucional que les impide beneficiarse de programas y oportunidades. En esa misma línea, Keilyn Vale del CoC 503 (Moriviví) recomendó que la medida garantice la aplicación del beneficio a todas las personas sin hogar, no solo aquellas en hogares transitorios, y que se incluyan disposiciones claras que aseguren el respeto a sus derechos fundamentales.
En este contexto, la senadora Barlucea también recordó su experiencia previa en el sector. “Durante mi tiempo trabajando directamente con el Concilio Multisectorial, conocí de primera mano las limitaciones, frustraciones y hasta el miedo que enfrentan las personas sin hogar al intentar recuperar su identidad ante el Estado. Esta medida no es teoría: es una respuesta concreta a una realidad que he vivido de cerca”.
Belinda Gil, del CoC 502, elogió las gestiones de la senadora Barlucea y reconoció su sensibilidad en la búsqueda de soluciones concretas para esta población. Indicó que Ponce es uno de los municipios con mayor incidencia de personas sin hogar, y que el número de casos ha aumentado significativamente. Este año, han registrado sobre 2,000 personas atendidas, incluyendo 700 casos de personas que enfrentan el sinhogarismo por primera vez. Además, informaron que han prestado servicios a 688 víctimas de violencia doméstica o de género, y que muchas personas sin hogar enfrentan lagunas en la elegibilidad de ayudas como el PAN, lo que hace aún más urgente su documentación.
El Lcdo. Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, respaldó la medida y denunció prácticas discriminatorias en municipios, señalando que ha recibido informes de alcaldes que ordenan a la policía municipal remover personas sin hogar de las vías públicas. A preguntas de la senadora Barlucea, detalló que han ofrecido talleres de derechos humanos para sensibilizar a funcionarios municipales. Además, advirtió que en algunos hospitales se han reportado casos donde personas sin hogar esperan hasta 30 horas en salas de emergencia sin ser atendidas, y que incluso han sido desalojadas en vehículos privados (UBER) hacia lugares remotos. También recomendó que se añada al proyecto un artículo que ordene al Concilio Multisectorial a crear campañas de orientación, en conjunto con los CoC, para dar a conocer los beneficios de esta ley.
En su turno final, la senadora agradeció a todas las agencias presentes y reiteró su compromiso con las poblaciones vulnerables. “Nuestro deber legislativo no se limita a redactar proyectos, sino a escuchar, validar y actuar. Esta vista pública confirma que existe voluntad y consenso. Vamos a hacer justicia a quienes la vida ha empujado al margen”, concluyó.
