El Capitolio, San Juan, PR — 17 de marzo de 2026 —El senador Wilmer Reyes Berríos radicó la Resolución dew4zwl Senado 461, mediante la cual propone ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el arbitrio al petróleo crudo y productos derivados conocido como la “crudita”, con el fin de evaluar su impacto sobre el costo de vida, la competitividad económica y el financiamiento de infraestructura pública en Puerto Rico.
La medida inicia ahora su trámite legislativo y busca examinar en profundidad el origen, evolución y funcionamiento actual de este arbitrio, así como su relación con el financiamiento de la Autoridad de Carreteras y Transportación y los compromisos fiscales asociados al Plan de Ajuste de la deuda pública y a los planes fiscales certificados.
El arbitrio al petróleo constituye uno de los instrumentos contributivos más relevantes dentro de la estructura fiscal relacionada con el consumo de combustibles en Puerto Rico. A lo largo de los años, su estructura ha sido modificada para generar ingresos destinados principalmente al financiamiento de infraestructura vial y al cumplimiento de obligaciones financieras del gobierno.
Actualmente, el arbitrio total aplicable al petróleo crudo y sus derivados asciende a $15.50 por barril, lo que incide directamente en el costo del combustible que pagan los consumidores en Puerto Rico.
Debido a la naturaleza de la economía local, altamente dependiente del transporte terrestre y del consumo interno, el costo del combustible tiene un efecto multiplicador sobre la economía, impactando directamente el precio de alimentos, materiales de construcción, productos agrícolas y bienes de consumo general, así como los costos operacionales de sectores como el comercio, la agricultura, la manufactura y la transportación.
“Esta medida busca propiciar un análisis serio, basado en datos, sobre uno de los componentes contributivos que más incide en el costo de vida en Puerto Rico. Es fundamental evaluar su impacto real sobre los consumidores y sobre la competitividad de nuestra economía”, expresó el senador Reyes Berríos.
La resolución también propone evaluar cómo este arbitrio se integra dentro de la estructura fiscal del gobierno, incluyendo su papel en el financiamiento de infraestructura vial, su relación con la Autoridad de Carreteras y Transportación y su incorporación dentro de los planes fiscales y del proceso de reestructuración de la deuda pública.
Asimismo, el proceso investigativo permitiría examinar alternativas de política pública, incluyendo posibles ajustes a la estructura contributiva vigente, mecanismos de alivio al consumidor y la viabilidad de revisar o reducir gradualmente este arbitrio, tomando en consideración los compromisos fiscales existentes y la sostenibilidad financiera del gobierno.
Para cumplir con los propósitos de la medida, la Comisión podrá requerir la comparecencia de funcionarios públicos, economistas, expertos en política fiscal, representantes de la industria energética, transportistas y otros sectores productivos que puedan aportar información relevante para el análisis legislativo.
De aprobarse, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA deberá rendir un informe al Senado con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término de 120 días.
“El Senado tiene la responsabilidad de examinar continuamente la política pública contributiva del gobierno y su impacto sobre la economía y el bienestar de nuestra gente. Esta investigación permitirá contar con la información necesaria para tomar decisiones informadas en beneficio del pueblo”, concluyó el senador.
