(domingo, 14 de junio de 2026 – San Juan, P.R.) – El senador por el Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González, radicó el Proyecto del Senado 1318, una medida dirigida a fortalecer la protección de los adultos mayores mediante la exclusión de los beneficios de sentencia suspendida y libertad a prueba para personas convictas por delitos relacionados con el maltrato, abandono, negligencia, explotación financiera y violación de órdenes de protección emitidas a favor de esta población.
La legislación propone añadir un nuevo inciso a la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, conocida como la “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, con el propósito de impedir que puedan acogerse a estos beneficios aquellas personas convictas por violar órdenes de protección expedidas al amparo de la Ley 121-2019, conocida como la “Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”.
Además, la medida aplicaría a personas convictas por los delitos contenidos en los Artículos 126, 127, 127A, 127B, 127C y 127D del Código Penal de Puerto Rico, disposiciones creadas específicamente para proteger a los adultos mayores y personas incapacitadas.
En específico, estos artículos atienden el abandono de personas de edad avanzada e incapacitadas que no pueden valerse por sí mismas; la negligencia de quienes tienen la obligación legal de brindarles cuidado; el maltrato físico, emocional o psicológico; las amenazas dirigidas contra su integridad, seguridad o bienes; la explotación financiera mediante el uso indebido de dinero, propiedades o recursos; y los esquemas fraudulentos dirigidos a apropiarse o afectar ilegalmente el patrimonio de una persona adulta mayor.
“Nuestros adultos mayores merecen vivir con seguridad, respeto y dignidad. Quien abuse de una persona de edad avanzada, se aproveche de su vulnerabilidad o desacate una orden de protección emitida para garantizar su seguridad debe enfrentar las consecuencias de sus actos”, expresó González.
El senador destacó que muchos de estos delitos ocurren en entornos donde las víctimas dependen emocional, física o económicamente de las personas que les causan daño, lo que dificulta que puedan denunciar los hechos o protegerse por sí solas.
“Este proyecto atiende conductas que destruyen la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Específicamente del abandono de personas vulnerables, de la negligencia de quienes tienen el deber de cuidarlas, del maltrato físico y emocional, de las amenazas y de quienes utilizan el engaño o el abuso de confianza para quedarse con sus ahorros, propiedades o patrimonio. Son delitos graves que merecen consecuencias igualmente serias”, sostuvo el legislador.
González añadió que la medida también busca reforzar la efectividad de las órdenes de protección emitidas por los tribunales para salvaguardar la seguridad de los adultos mayores, asegurando que quienes desacaten dichas órdenes enfrenten consecuencias más severas dentro del sistema de justicia.
“Tenemos la responsabilidad de proteger a quienes dedicaron su vida a levantar nuestras familias y comunidades. No podemos permitir que personas que maltratan, abandonan o explotan a nuestros adultos mayores reciban beneficios que no son compatibles con la gravedad de sus acciones”, concluyó el senador.
