Durante la audiencia, el senador Toledo atendió las preocupaciones sobre el cierre de las oficinas en Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado
(8 de mayo de 2025, San Juan) – El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, honorable Ángel Toledo López, celebró hoy una vista pública de seguimiento en torno a la Resolución del Senado 85 para evaluar el impacto que tendrá en la ciudadanía el cierre de siete centros de servicio al cliente de LUMA Energy. Esta medida, presentada por el senador Rafy Santos, está siendo impulsada por el senador Toledo a través del proceso de fiscalización legislativa.
Durante la audiencia, el senador Toledo atendió las preocupaciones sobre el cierre de las oficinas en Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado, las cuales brindan servicios esenciales como reclamaciones, ajustes, orientación técnica y solicitudes relacionadas al mantenimiento del sistema eléctrico.
“Recibimos a diario llamadas y mensajes de personas, especialmente adultos mayores, preocupadas porque ya no podrán hacer sus gestiones presenciales y no tienen acceso a tecnologías para realizar sus quehaceres. Mi labor es ser la voz del pueblo e investigar, por lo que es importante dejar claro que cerrar estas oficinas no es solo un asunto operativo, sino una decisión que afecta el acceso a derechos esenciales,” expresó Toledo. “LUMA no puede pretender resolver todo por teléfono o por internet. Hay una realidad social que no pueden ignorar”, añadió.
La Comisión también indagó sobre las razones detrás de la consolidación de oficinas, los criterios utilizados por LUMA para determinar qué centros cerrar, y si hubo coordinación previa con los municipios. También se trajo a discusión el hecho de que varios alcaldes ofrecieron oficinas municipales, listas y equipadas, de forma gratuita, para evitar el cierre de los servicios en sus pueblos, pero esas propuestas no fueron acogidas por la empresa.
En la vista se abordó igualmente el tema del programa de desganche, ya que muchas de las solicitudes relacionadas con poda y mantenimiento preventivo eran tramitadas precisamente a través de estas oficinas de servicio al cliente. Varios ciudadanos han denunciado que, tras los cierres, no saben a dónde acudir para reportar situaciones que afectan la seguridad eléctrica de sus comunidades, en especial con la llegada de la temporada de huracanes.
“Al perder estos centros de servicio, la gente también pierde su canal directo para solicitar un desganche, reportar un árbol sobre una línea o buscar información. Cabe destacar que el deficiente manejo del programa de desganche por parte de la empresa ha sido vinculado directamente a interrupciones del servicio, incluyendo el apagón general ocurrido en abril”, explicó el senador al decir que estas oficinas eran más que un lugar de pago; eran puntos de contacto con el sistema y “eso no puede desaparecer sin consecuencias”.
La Resolución del Senado 85 busca fiscalizar el cumplimiento de LUMA, evaluar el impacto de sus decisiones sobre los abonados y asegurar que se protejan los mecanismos de acceso a servicios esenciales. La Comisión continuará analizando la información recopilada, y no descarta volver a citar a representantes de LUMA si fuese necesario.
“No estamos aquí para atacar, pero sí para exigir transparencia, sensibilidad y cumplimiento. El pueblo necesita respuestas claras, y la Legislatura tiene el deber de asegurarse de que se le rinda cuentas”, concluyó Toledo.
