Senadora Soto Tolentino advierte que “los centros de cuido de adultos mayores no son centros de adopción” y reclama mayor responsabilidad de familiares
El Capitolio – “Los centros de cuido de adultos mayores no son centros de adopción. Los familiares y tutores tienen que asumir su responsabilidad”. Con esa contundente expresión, la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado, la senadora Wandy Soto Tolentino, dio inicio a la vista pública para atender la Resolución del Senado 56, medida que ordena una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de la Familia.
La investigación legislativa busca conocer de primera mano las necesidades, limitaciones y oportunidades de mejora de la agencia, así como identificar medidas dirigidas a fortalecer su capacidad de respuesta y los servicios que ofrece a las poblaciones más vulnerables del país.
La vista pública estuvo enfocada principalmente en la operación de los centros de cuido prolongado para adultos mayores y en el impacto que la crisis de agua que enfrenta Puerto Rico ha tenido sobre estas instituciones. Compareció la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, quien presentó un panorama sobre el estado actual de la agencia, sus principales programas, los retos administrativos y operacionales que enfrenta, así como las iniciativas encaminadas a fortalecer la prestación de servicios.
Durante varias horas, la titular del Departamento respondió preguntas de los miembros de la Comisión relacionadas con la administración de programas, manejo de recursos, necesidades presupuestarias, reclutamiento de personal, supervisión de los centros de cuido, procesos de licenciamiento, pago a proveedores de servicios y las acciones implementadas para atender la emergencia provocada por la escasez de agua.
La vista contó además con la participación de los senadores Juan Oscar Morales y las senadoras Migdalia Padilla y Ada Álvarez Conde, quienes formularon múltiples preguntas dirigidas a conocer el funcionamiento interno del Departamento de la Familia y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los adultos mayores. También estuvieron presentes propietarios y administradores de hogares y centros de cuido prolongado de distintas regiones de Puerto Rico.
Durante el intercambio con la secretaria, la senadora Soto Tolentino expresó preocupación por la proliferación de hogares clandestinos para adultos mayores y solicitó información sobre las acciones de fiscalización que realiza la agencia.
En respuesta, la secretaria informó que una de las violaciones más frecuentes detectadas corresponde precisamente a hogares que operan sin estar registrados ante el Departamento de la Familia, situación que dificulta su identificación y supervisión.
Explicó además que algunos hogares clandestinos, aun cuando ofrecían un servicio adecuado y mantenían buenas condiciones para sus residentes, fueron clausurados porque sus propietarios no aprovecharon la amnistía concedida por la agencia para regularizar su operación y obtener las licencias correspondientes.
La secretaria reveló que, hasta la fecha, el Departamento ha cerrado 45 hogares, de los cuales 12 eran clandestinos y 10 fueron clausurados por casos de maltrato institucional. Asimismo, informó que la agencia ha recibido alrededor de 17,000 querellas relacionadas con centros de cuido prolongado a través de la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia.
Sobre la supervisión de estas instituciones, Roig reconoció que la agencia ha tomado medidas disciplinarias contra empleados que no cumplieron adecuadamente con sus funciones de monitoreo y fiscalización de los centros de cuido. No obstante, indicó que no tenía disponible el número exacto de empleados que han sido destituidos o amonestados.
En cuanto a la emergencia provocada por la falta de agua, la secretaria aseguró que el Departamento ha trabajado de manera coordinada para apoyar a los centros de cuido mediante el llenado de cisternas y la distribución de agua embotellada, procurando garantizar la continuidad de los servicios a los residentes.
La senadora Ada Álvarez Conde concentró sus preguntas en posibles cambios legislativos que fortalezcan las facultades del Departamento de la Familia, particularmente mediante enmiendas a la Ley 94 de 1977 sobre licenciamiento de establecimientos para personas de edad avanzada. También cuestionó la necesidad de aumentar el personal dedicado al licenciamiento y supervisión de los centros, la actualización de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la coordinación entre el Departamento de la Familia, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada para atender la crisis de agua.
Por su parte, el senador Juan Oscar Morales dirigió sus preguntas al número de centros licenciados en Puerto Rico, el personal disponible para fiscalizarlos, la cantidad de referidos pendientes y cerrados, la implantación del nuevo Reglamento 9720, la diferencia entre hogares sustitutos y centros de cuido prolongado, los procesos judiciales iniciados para clausurar hogares clandestinos reincidentes, las necesidades de recursos humanos de la agencia, la utilización de fondos federales destinados a la población de adultos mayores, los atrasos en los pagos a proveedores de servicios y el estado de los convenios administrativos del Departamento.
La senadora Migdalia Padilla respaldó varias de las interrogantes presentadas por el senador Morales y añadió recomendaciones dirigidas a fortalecer la preparación de los centros de cuido ante futuras emergencias. Entre ellas, propuso establecer requisitos mínimos sobre la capacidad de las cisternas de agua según la cantidad de residentes atendidos en cada institución, además de solicitar información sobre el tiempo promedio que toma atender las querellas relacionadas con estos centros.
Antes de concluir su comparecencia, la secretaria Suzanne Roig informó que debía retirarse por asuntos personales. No obstante, permaneció el tiempo suficiente para escuchar los planteamientos y preguntas formuladas por los legisladores y se comprometió a remitir por escrito a la Comisión las contestaciones que quedaron pendientes.
Al concluir la vista pública, la senadora Wandy Soto Tolentino reiteró que la investigación legislativa continuará con nuevas vistas públicas y la evaluación de toda la evidencia recopilada. “El Departamento de la Familia tiene la responsabilidad de ser la primera mano amiga que llegue cuando una persona vulnerable enfrenta una necesidad. Garantizar que ningún adulto mayor, ningún niño, ninguna mujer víctima de violencia, ni ninguna familia se sienta abandonada. Pero las familias y los tutores de los adultos mayores también tienen una responsabilidad crucial. Los centros de cuidado prolongado ni los hospitales son centros de adopción de envejecientes, y nosotros en el Senado continuaremos investigando y legislando para que las consecuencias contra aquellos que cometen este tipo de acción sean responsables por sus acciones. Porque nuestros adultos mayores merecen vivir con la dignidad, la seguridad y el respeto que han ganado durante toda una vida. “, expresó Soto Tolentino.
