(El Capitolio) — Como parte de la continuación de los trabajos legislativos, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, que lidera el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, celebró hoy una tercera vista pública en torno a las medidas que buscan transformar el sistema de permisos, ampliando el análisis hacia sectores técnicos, académicos y comunitarios impactados por el ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
“Vamos a evaluar esto, pero de la misma manera tengo que decir con toda franqueza que nosotros vamos a mirar esto con detenimiento y lo que no hemos permitido antes, no lo vamos a permitir ahora. Y si de verdad queremos agilizar los permisos y que Puerto Rico tenga un ambiente de competitividad, pero también que se protejan los recursos naturales y ambientales, como corresponde a lo que es correcto, pues el Proyecto del Senado 1183 como que se aleja un poco de eso”, expresó Rivera Schatz.
Durante esta jornada comparecieron la Junta de Planificación, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Fideicomiso de Río Piedras, el oceanógrafo y profesor Miguel Canals, así como el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), quienes abordaron el tema desde perspectivas de planificación, sostenibilidad, infraestructura, desarrollo urbano y protección de recursos naturales.
La discusión se centró en la definición de Zona Marítimo Terrestre propuesta por el Proyecto del Senado 1183, presentado por la Gobernadora. el profesor Miguel Canals, se mostró en desacuerdo con esa definición y abordó la necesidad de considerar con mayor rigor los componentes científicos y ambientales en la evaluación de proyectos, especialmente aquellos relacionados con zonas costeras y áreas de alto valor ecológico, subrayando que decisiones inadecuadas en estos espacios pueden tener consecuencias a largo plazo sobre los recursos naturales y la seguridad de la isla. El profesor aseguró que, la definición de Zona Marítimo Terrestre propuesto en el P. del S. 1183, “privatiza las áreas que actualmente son bienes de dominio públicos”.
“En otras palabras, el título de propiedad de la playa seca pasa de ser del Estado y del pueblo de Puerto Rico a un dueño privado, y el uso de las playas pasa a ser un privilegio estrictamente para uso no comercial. Yo interpreto esto como una expropiación del Estado a sí mismo y al pueblo de Puerto Rico”, añadió Canals.
El profesor también argumentó que, bajo esta enmienda, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ya no podría otorgar concesiones a quien alquila sillas de playa, entre otras cosas. También explicó que tendría un costo al erario significativo, pues el DRNA dejaría de recibir los ingresos por concesiones y el dueño privado será quien decida qué actividades comerciales se pueden hacer en la playa seca.
Por su parte el presidente de la Junta de Planificación, el licenciado Héctor A. Morales Martínez expresó que no recomendaría a nadie comprar ningún proyecto que esté cerca de las costas o en áreas sobre el mar. Ante esto, el presidente senatorial aseguró que “si para establecer una buena política pública y promover buena práctica es necesario evitar que estén en esta cercanía, pues por esta razón vamos a prohibirlo”.
En cuanto a la intención de ambas medidas, el presidente de la Junta de Planificación, la respaldó al señalar que “la política pública contenida en los Proyectos 1173 y 1183… está dirigida a reformar el sistema de permisos como un paso necesario para adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico”. No obstante, advirtió desde el inicio su oposición a cambios estructurales que afecten la base del andamiaje vigente, particularmente al indicar que la posible derogación de la Ley Núm. 75 “no es solo un asunto administrativo; es el fundamento del sistema de planificación en Puerto Rico por casi cinco décadas”, por lo que eliminarla implicaría “remover esa base estructural”.
En ese contexto, Morales Martínez planteó que la ruta más prudente es armonizar ambas medidas sin sacrificar estabilidad jurídica ni capacidad técnica. A esos fines, destacó que puede “incorporar mecanismos de armonización que permitan la coexistencia con la Ley 75, evitando conflictos sin sacrificar estabilidad”, subrayando además su rol como “árbitro técnico neutral entre intereses privados, municipales y estatales”. Asimismo, advirtió sobre implicaciones mediante el P. del S. 1183, incluyendo el posible impacto sobre fondos federales que “ascienden a $80 millones”, así como la necesidad de mantener procesos que garanticen participación ciudadana, transparencia y debido proceso.
Como parte de sus recomendaciones, propuso integrar lo mejor de ambos proyectos; como mantener la vigencia de la Ley 75, fortalecer los controles preventivos en proyectos de alto impacto, uniformar criterios técnicos y de zonificación, y asegurar procesos de participación y acceso a la información. De igual forma, insistió en preservar la institucionalidad al advertir que cualquier reforma debe “evitar vacíos legales, pérdida de controles y riesgos para la elegibilidad de fondos federales”, reiterando que la Junta es “indispensable para el desarrollo ordenado y sostenible de Puerto Rico”.
Sin embargo, cabe destacar que, a preguntas de Rivera Schatz, el presidente de la Junta de Planificación sentenció que tal cual está hoy, el sistema de permisos es superior a lo que propuso el Ejecutivo y que, de ser legislador votaría en contra del proyecto. “Qué sentido tiene legislar sobre lo que no es la mejor práctica”, le respondió el presidente del Senado.
Desde el ámbito comunitario y de desarrollo urbano, el Grupo Interagencial y Comunitario para Río Piedras, a través de Manuel Amador Torres, advirtió sobre las implicaciones de debilitar el andamiaje vigente de planificación, particularmente la Ley 75. En su ponencia, señaló que su derogación “tendría efectos negativos inmediatos y concretos para Río Piedras”, al provocar que los procesos vuelvan a manejarse “de forma fragmentada y burocrática” y al poner en riesgo instrumentos clave de recuperación urbana, incluyendo vivienda, reutilización de estructuras abandonadas y acceso a fondos federales. Asimismo, enfatizó que eliminar este marco legal “representa retroceder en procesos que han tomado años en construirse” y debilita la participación ciudadana, al reducir los espacios donde comunidades pueden incidir en decisiones sobre su entorno.
En esa misma línea, tanto el grupo interagencial como el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras subrayaron la importancia de fortalecer la participación comunitaria y reconocer la diversidad territorial dentro del proceso de permisos. En sus recomendaciones, plantearon “velar por la ampliación de la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de otorgar permisos” como mecanismo para reducir controversias y avanzar hacia la sostenibilidad, así como “reconocer la diversidad territorial y geográfica” y evitar modelos uniformes que ignoren las realidades locales. A su vez, advirtieron que “no se debe estandarizar lo que es diverso”, insistiendo en que una reforma efectiva debe integrar a las comunidades como parte esencial del desarrollo y no desplazar su rol en la planificación del territorio.
De otra parte, la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Olga E. Angueira Andraca planteó la necesidad de “garantizar la independencia del proceso de planificación integral de Puerto Rico”, así como “preservar los controles preventivos en materias de salud, seguridad, prevención de incendios y salud ambiental”. Además, propuso “crear una estructura funcional de inspección que integre recursos públicos y privados debidamente regulados y licenciados” y “centralizar los requisitos técnicos de construcción y prevención de incendios dentro del Código de Construcción de Puerto Rico”.
En cuanto a su evaluación del marco legislativo, la arquitecta paisajista, Angueira Andraca fue señaló que “no se encuentra en posición de respaldar el Proyecto del Senado 1183, según actualmente presentado”, al entender que “requiere enmiendas sustantivas para atender las preocupaciones aquí expuestas”. A su juicio, la medida, en su forma actual, “no logra ese balance y, por el contrario, introduce riesgos significativos para la planificación integral y ordenada, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de Puerto Rico”.
Asimismo, enfatizó que una reforma efectiva debe ir más allá de cambios normativos y estar acompañada de capacidad institucional, al advertir que “no debe limitarse a ajustes en la redacción normativa o a la redistribución de facultades”, sino que requiere “un compromiso real con la asignación de recursos adecuados, incluyendo personal técnico especializado”. En esa línea, explicó que los procesos de permisos deben regirse por “una visión integral del desarrollo”, donde factores como “la salud pública, la equidad social, la protección ambiental, la cultura, la sostenibilidad y la resiliencia ocupen un lugar prioritario”, sin subordinarse exclusivamente a criterios económicos.
Por otro lado, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), el agrimensor Carlos R. Fournier Morales, aunque recomendó varias enmiendas, sugirió que tanto el P. del S. 1183 como el 1173 continúe su evaluación legislativa, teniendo el 1183 como “marco principal del nuevo sistema de permisos”.
