Además, confirmó nombramientos a la Judicatura y miembros de juntas
(El Capitolio, PR)- El Senado aprobó en sesión ordinaria varias piezas legislativas dirigidas, entre otros propósitos, a ampliar la regulación de la industria de la chatarra, modernizar la supervisión y el uso de los vehículos oficiales del Gobierno y organizar campañas de recogido de suministros para animales callejeros.
Se aprobó el Proyecto del Senado 909 del portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario, que propone reformar la legislación aplicable a los depósitos de chatarra para incluir a las personas y empresas que trabajan como colectores. La medida establece licencias diferenciadas, requisitos de inspección y trazabilidad, y un registro electrónico administrado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, además de penalidades por operar sin autorización, falsificar documentos o mantener depósitos informales.
La exposición de motivos de la medida indica que resulta necesario actualizar el marco normativo original para incorporar expresamente a las personas naturales que se dedican a la compraventa y al manejo de la chatarra, de manera que cumplan con requisitos similares a los que se les exigen a las empresas formalmente establecidas que operan depósitos de este tipo de materiales. “De este modo, se formaliza el sector, se promueve la competencia leal, se fortalece la protección del ornato público, la salud y el medio ambiente, asegurándose así que todos operen bajo los mismos estándares”, añade el proyecto.
Asimismo, se le dio paso al Proyecto del Senado 1247 del senador de mayoría Ángel Toledo López. El proyecto busca crear una nueva Ley de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico y establece mecanismos modernos de rastreo, monitoreo y documentación. La propuesta prohíbe el uso de vehículos públicos para fines personales, familiares, comerciales, recreativos, electorales o partidistas, pero reconoce excepciones operacionales justificadas para emergencias, seguridad pública y continuidad de servicios esenciales.
Las agencias deberán mantener bitácoras y conservar durante al menos cinco años los registros generados por los sistemas de monitoreo. Las infracciones podrán conllevar multas administrativas de entre $1,000 y $5,000 pagadas con fondos personales, particularmente cuando se utilice indebidamente un vehículo, se alteren sus registros o se interfiera con el equipo de rastreo.
“Esta Ley no autoriza el uso personal de vehículos oficiales ni reduce la responsabilidad de los servidores públicos sobre la propiedad del Estado. Al contrario, fortalece la fiscalización al exigir controles tecnológicos, documentación verificable, criterios uniformes, autorización expresa, supervisión administrativa y consecuencias claras por incumplimiento. Su propósito es reemplazar un modelo rígido e insuficiente por un régimen moderno, transparente y operacionalmente funcional”, expone la exposición de motivos.
También, de la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú, se aprobó el Proyecto del Senado 963 que ordena realizar hasta tres campañas anuales de recogido de alimentos y artículos para animales callejeros, principalmente perros y gatos. La Oficina Estatal de Control Animal coordinará las iniciativas con los municipios, la Policía, rescatistas registrados y organizaciones sin fines de lucro acreditadas.
Los suministros solamente podrán distribuirse entre santuarios, rescatistas y entidades verificadas por la Oficina, y queda prohibida su venta o utilización comercial. El Departamento de Salud tendrá 180 días para reglamentar las campañas y deberá presentar anualmente información sobre los artículos recogidos, las organizaciones beneficiadas y el efecto económico de las iniciativas.
Senado confirma nombramientos del Ejecutivo
Además, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, presentó informes positivos de varias desginaciones que fueron confirmadas en el pleno de la sesión. Se confirmó a la licenciada Jannat K. Ramos Román como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; el licenciado Celso Lorenzo Gutiérrez como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; la licenciada Sarah I. Velilla Núñez como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; el CPA Jeanelle Alemar Escabí, para un nuevo término, como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial; y el doctor Francisco J. Quintana González como Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.
Aval del Alto Cuerpo a legislación de la Cámara
De otra parte, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 569, que crea un programa de transición y reintegración laboral para policías estatales retirados. La iniciativa ofrecerá orientación ocupacional, preparación para entrevistas, adiestramientos, educación financiera, apoyo emocional y acceso a patronos interesados en contratar personas con experiencia en seguridad pública.
Asimismo, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 1364 que busca añadir un nuevo inciso a la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”. Esta medida dispone que toda empresa que opere el Sistema de Transmisión y Distribución de energía de Puerto Rico deberá establecer y mantener un sistema de querellas que impida el cierre sin su resolución efectiva, entre otros requisitos; disponer sobre la notificación al cliente. “La implantación de un sistema uniforme y trazable para estos fines permitirá fiscalizar el cumplimiento de la empresa y permitir una mejor comunicación con el cliente”, cita la medida.
Asimismo, recibió aval senatorial el Proyecto de la Cámara 598 para ofrecer voluntariamente terapias complementarias de atención plena a personas confinadas cuando exista una necesidad clínica justificada. Los servicios no podrán imponerse como condición para recibir privilegios ni utilizarse como mecanismos disciplinarios, coercitivos o punitivos.
También, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 1059 para actualizar los requisitos para ejercer la odontología y reconoce a las escuelas de medicina dental establecidas en Puerto Rico que estén acreditadas por la Commission on Dental Accreditation. La medida también autoriza licencias provisionales condicionadas para docentes extranjeros contratados por estas instituciones.
De igual manera, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1120 que propone crear la Ley para la Regulación de la Elegibilidad Atlética Escolar Basada en la Madurez Cronológica. Esto a los fines de prohibir la reclasificación de estudiantes atletas con fines deportivos en Puerto Rico; establecer que la competencia se regirá por la edad cronológica y no por el grado escolar; prohibir el descenso de grado académico por motivaciones atléticas; y establecer la jurisdicción del Departamento de Recreación y Deportes.
Igualmente, recibió aval el Proyecto de la Cámara 1195 que establece un deber afirmativo de orientación al consumidor por parte de los productores de seguros y representantes autorizados. Estos deberán explicar las cubiertas, exclusiones, costos, deducibles, periodos de espera y procedimientos de reclamación, así como entregar un documento comparativo cuando se sustituya o modifique una póliza.
Asimismo, aprobó la Resolución Concurrente de la Cámara 44, que busca designar la Sala de Primera Ayuda de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ubicada en El Capitolio, con el nombre de “Dr. Miguel Ángel Talavera Ruiz” en agradecimiento y reconocimiento a sus treinta y tres años de servicios médicos en la Asamblea Legislativa. La medida sostiene que las tres décadas en la Asamblea Legislativa fue clave para su desarrollo profesional. Legisladores y funcionarios encontraron en él un servidor comprometido con el bienestar y la salud de la ciudadanía.
Por otro lado, fueron aprobadas varias resoluciones conjuntas camerales. La Resolución Conjunta de la Cámara 171 que ordena evaluar la transferencia, el usufructo u otro negocio jurídico sobre las instalaciones de la antigua Escuela Luz E. Correa al Municipio de Juana Díaz. El inmueble podrá destinarse a proyectos económicos, educativos, comunitarios y deportivos. También, la Resolución Conjunta de la Cámara 271 por petición, para liberar las restricciones de preservación e indivisión impuestas sobre un predio de la finca “Vega Redonda”. La Autoridad de Tierras y la Junta de Planificación tendrán hasta 120 días para completar el trámite correspondiente.
De igual forma, la Resolución Conjunta de la Cámara 328 que designa la totalidad de la carretera estatal PR-813, en Naranjito, con el nombre de José Antonio “Toñín” Cátala Berríos. La designación reconoce su trayectoria como líder de los porteadores públicos, fundador del Festival del Anón y colaborador de iniciativas recreativas y comunitarias del barrio Anones.
