Senado aprueba medidas para fortalecer la gestión gubernamental y el desarrollo económico de Puerto Rico

(El Capitolio) —En Sesión Ordinaria el Alto Cuerpo aprobó varias medidas legislativas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y varios proyectos de administración pública dirigidas a modernizar procesos gubernamentales y fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico.

Entre las medidas aprobadas está el Proyecto del Senado 7 de Rivera Schatz, para enmendar la “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico” y la “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de disponer que, el Informe de Elegibilidad de la solicitud de incentivo sea rendido por el director de la Oficina de Incentivos, en lugar del director ejecutivo de PRIDCO. A la vez eliminar el requisito de endoso del director ejecutivo de PRIDCO y de su Junta de Directores sobre la determinación de actividad novedosa pionera, por cuanto el peritaje lo tiene la Oficina de Incentivos del DDEC.

“Esta Asamblea Legislativa en busca mantener la coherencia en las leyes que regulan los incentivos económicos y decretos bajo la jurisdicción del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, realiza estas enmiendas técnicas a dichas leyes. De esta manera, se deja claro las facultades que pasaron al DDEC para evaluar y otorgar los incentivos y decretos contributivos establecidos en leyes. En fin, lo que se busca mediante esta legislación es mantener la uniformidad de las leyes antes mencionadas”, indica la medida en su exposición de motivos.

De igual forma, del presidente senatorial se le dio paso al Proyecto del Senado 28, para enmendar la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”; la “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados” y la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, con el propósito de establecer la obligación de los farmacéuticos de colocar rotulación o etiquetas a los medicamentos que contengan sustancias conocidas como opioides u opiáceos.

“Esta Asamblea Legislativa considera fundamental establecer requisitos adicionales que obliguen a que cada frasco, envase u objeto que contenga medicamentos con opioides u opiáceos lleve una etiqueta que advierta sobre su alto potencial de adicción y los peligros de sobredosis. Además, se producirá material informativo y folletos por parte del Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, que estarán a disposición del público y pacientes, con el objetivo de informar sobre los riesgos para la  salud asociados al consumo de estos medicamentos”.

A su vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 566 de la autoría del senador del Partido Popular Democrático, José “Josian” Santiago Rivera, para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico, a los fines de crear el “Fondo de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal”

La medida indica que se ha identificado que los municipios severamente afectados por la eliminación del Fondo de Equiparación son 37, que requieren fondos para asegurar y garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Rivera Schatz indicó que “nos corresponde entender que todo no puede ser prioridad, pero me parece que el esfuerzo que se ha hecho identifica unos fondos… Todos los años ha habido recaudos mayores a lo que ha sido el estimado de la Junta de Control Fiscal, que siempre es mucho más conservador que el estimado de recaudos que hace el propio gobierno puertorriqueño. Así que se ha rebasado no tan solo el de la Junta, sino el del gobierno, que es mucho más generoso”, sostuvo.

De igual manera, el presidente senatorial afirmó que “yo no conozco una agencia del Estado que pueda ser más eficiente y más efectiva en cualquiera de los temas, estructura, asistencia social, vivienda, emergencia, lo que fuera que los gobiernos municipales. Yo no conozco una agencia que pueda ser, yo lo conozco en el municipio, en ese territorio del municipio. Así que, ciertamente, yo creo que $130 millones se quedó corto, compañeros, lo digo con mucho respeto. Pero se llega a ese número por consideraciones derivadas de la prudencia”.

Por su parte, Santiago expresó que “el presidente nos dio la encomienda de presidir la Comisión de Asuntos Municipales en el mismo mes de enero. Comenzamos un proyecto intenso de atender una situación que se está dando en Puerto Rico y que pretendemos atender un problema de desigualdad social que hay en Puerto Rico. No se trata meramente de un rescate financiero a municipios”, señaló añadiendo que los fondos vendrían de sobrantes del gobierno central y no afectaría el presupuesto.

De otra parte, entre las medidas de administración fue aprobado el Proyecto del Senado 450, medida de administración, que busca restituir la autonomía operativa de ciertas entidades exentas en el proceso de adquisición. Que estas entidades desarrollen sus propios procedimientos de compras. La medida enmienda la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; con el propósito de incluir a la Oficina del Gobernador.

A su vez, recibió el aval el Proyecto del Senado 511, medida de administración, para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”, a los fines de autorizar al Negociado de Asuntos Legales a representar a empleados que hayan pactado utilizar el arbitraje como método, para resolver las controversias que surjan al amparo del contrato privado de empleo.

Por otra parte, se le dio paso al Proyecto del Senado 220 de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, para enmendar la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, con el fin de extender la vigencia de ciertos incentivos contributivos otorgados, mediante dicha Ley, hasta el 31 de diciembre de 2030.

La senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, se manifestó a favor de la medida. Indicó que Alisa “La senadora Moran lo que está buscando, de la mano con nuestro alcalde de San Juan, Miguel Romero, es precisamente que se puedan rehabilitar los espacios, que se pueda vender o dar servicios, o se puedan rentar las facilidades temporalmente, pero que se vuelva a revitalizar lo que son los paseos peatonales, el área urbanística y sobre todo que la gente vuelva a un sector que está perdido desde hace muchísimos años por múltiples factores”.

En la misma línea se expresó en apoyo el senador de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. “Con este proyecto que evaluamos hoy estamos poniendo nuestro granito de arena para nosotros levantar el área de Río Piedras… Precisamente nuestra administración, la administración del PNP, está invirtiendo en Río Piedras…. Lo importante es que los comercios que se han podido impactar puedan seguir prosperando en Río Piedras, asimismo que los nuevos negocios lo vean como una opción”, sostuvo Morales.

También, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa se expresó a favor del proyecto. “Vamos a favorecer la medida precisamente porque es un ejemplo de medidas contributivas que son necesarias y particularmente aceptadas y fomentadas por el entorno social. La Junta Comunitaria de Río Piedras y CAUCE venían reclamando desde hace una década”, dijo González.

Asimismo, fue aprobado el Proyecto del Senado 222 de Moran Trinidad, para enmendar la “Ley Especial para la Rehabilitación de Santurce”, a los fines de reautorizar los incentivos, deducciones y otros beneficios otorgados mediante esta Ley, por un término de tiempo adicional de cinco años calendarios. Además, facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar la forma y manera en que otorgará las aportaciones económicas a ser concedidas a través de esta Ley, a los fines de clarificar que estas provendrán de alguno de los programas con los que cuenta la institución financiera.

También, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 3 para enmendar la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las medidas de fiscalización sobre los beneficios concedidos por programas ordinarios de desempleo, programas de emergencia o análogos. Asimismo, el Proyecto de la Cámara 26 que busca enmendar la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, de manera que se restituya a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la facultad de habilitar empleados para el servicio público. Además, el Proyecto de la Cámara 158, con el fin de derogar la Ley 219-2004, conocida como “Ley para Reducir la Brecha Digital”.

En la misma línea, fue aprobada la Resolución del Senado 172 del senador de mayoría, Gabriel “Gaby” González López, para investigar la implementación de la «Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico» por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos con el propósito de garantizar su cumplimiento efectivo y su impacto en la comunidad sorda del país.

“Es un proyecto para hacerle justicia a la comunidad sorda y a Puerto Rico. Definitivamente merecen un trato con dignidad donde quiera que vayan. Merecen recibir servicios como los recibimos nosotros, con el mismo respeto, con la misma agilidad. Así que queremos investigar que esta Ley 22 del año 2021 esté rindiendo el efecto que verdaderamente tiene que rendir en defensa de la comunidad sorda de Puerto Rico”, expresó González en un turno.

Además, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 712 para enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los alcaldes a presentar ante la Legislatura Municipal y la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Proyecto de Resolución del Presupuesto, junto a un mensaje presupuestario por escrito, de cada año fiscal.

Igualmente, recibió aval la Resolución del Senado 227; la Resolución Conjunta de la Cámara 92 y la Resolución Conjunta de la Cámara 68. Esta última busca ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) desarrollar un abarcador y minucioso estudio sobre la posibilidad y los beneficios de utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta adicional para optimizar los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos, supervisión efectiva y control de gastos, entre otros.

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