Además, dio paso a investigar el arbitrio al petróleo crudo y sus derivados, conocido como la “crudita”
(El Capitolio) –En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó tres medidas legislativas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, entre estas, una propuesta para establecer la “Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico”; otra dirigida a fortalecer la estructura y funciones de la entidad “Enterprise Puerto Rico” como instrumento de desarrollo económico; y una iniciativa para establecer la política pública de ciencia, tecnología e innovación del Gobierno, con el fin de promover la coordinación multisectorial y la medición de resultados en estos sectores.
Entre las medidas del líder senatorial está el Proyecto del Senado 780, presentado por petición, que propone la creación de la “Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico”, también conocida como la “Ley Alejandro Benítez Ripoll”. Esta medida establece una política pública dirigida a garantizar la seguridad, inclusión y bienestar de las personas con alergias alimentarias severas, mediante la implementación de protocolos en restaurantes, instituciones educativas y espacios públicos. La propuesta busca atender un vacío legal existente y promover entornos más seguros, reduciendo riesgos que podrían poner en peligro la vida de esta población.
“El presidente del Senado, como ha sido siempre su uso y costumbre, luego de escuchar las problemáticas que el joven Alejandro nos trajo aquí, se hizo el compromiso de presentar esta legislación que lo que busca es minimizar esos problemas que estos jóvenes confrontan, con una situación que es mayor en Puerto Rico y que a veces muchos pacientes desconocen que sufren de esta condición, las alergias que pudieran provocar algunos alimentos”, expresó en un turno el portavoz alterno de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, acompañado del joven Benítez Ripoll.
Asimismo, el Proyecto del Senado 981, que persigue fortalecer la estructura y funcionamiento de “Enterprise Puerto Rico”, con el objetivo de ampliar su capacidad para impulsar el desarrollo económico. La medida incluye cambios en la gobernanza de la entidad, la redefinición de sus funciones y la incorporación de nuevas métricas de desempeño.
La medida en el decrétase especifica que “se enmienda el Artículo 2 de la Ley 13-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar la Creación de una Corporación sin Fines de Lucro la cual adoptará el concepto de “Enterprise Puerto Rico”, para que lea como sigue: La Corporación será la organización encargada de impulsar a Puerto Rico como un lugar idóneo para hacer negocios y estará encargada principalmente de atraer negocios nuevos de capital externos capaces de aportar capital adicional a nuestra economía. Para ello, contará con la pericia de los sectores público y privado en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico”.
En la exposición de motivos, señala “para que Invest Puerto Rico pueda continuar cumpliendo eficazmente con su misión y responder a las dinámicas cambiantes del mercado global, es esencial actualizar su marco legal y operativo. Las enmiendas propuestas a la Ley l3-2017, buscan fortalecer la estructura organizacional de la corporación y mejorar su eficiencia operativa”.
De igual forma, el Proyecto del Senado 982, para establecer la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Puerto Rico. Esta legislación propone crear un marco estratégico que fomente la colaboración multisectorial entre el gobierno, la academia y la empresa privada, promoviendo el desarrollo de un ecosistema de innovación robusto.
“Adoptar una política pública de ciencia, tecnología e innovación no implica solo declarar intenciones, sino crear una hoja de ruta con objetivos estratégicos, métricas claras y mecanismos de evaluación. También, significa asumir compromisos concretos con la inversión, la colaboración multisectorial y la transparencia en el uso y seguimiento de los recursos. Esta política debe convertirse en el marco que oriente los esfuerzos del Fideicomiso, las universidades, el sector privado y las agencias del gobierno central y municipal, integrando todos los componentes del ecosistema”, cita la pieza legislativa en su exposición de motivos.
Otras medidas aprobadas del Alto Cuerpo
Por otra parte, se le dio paso al Proyecto del Senado 975 del senador de mayoría, Jeison Rosa Ramos. La medida enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de expresamente incluir a los pacientes con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno del procesamiento sensorial (TPS); y otras condiciones con hipersensibilidad sensorial severa. Esto como condiciones válidas para obtener la exención médica para el uso de cristales de visión unidireccional.
El proyecto responde a la necesidad de mayor inclusión y equidad en la normativa de tránsito, ampliando el alcance de protecciones existentes. De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida de estas personas y garantizar su seguridad durante la conducción o transportación, reconociendo la diversidad de condiciones médicas que requieren ajustes razonables.
También, fue aprobado el Proyecto del Senado 1072, de la senadora de mayoría, Wandy Soto Tolentino. El proyecto propone crear la “Ley para la Visibilidad y Promoción de Donaciones a Organizaciones Sin Fines de Lucro de Puerto Rico”. A la vez, ordena a los Departamentos de Hacienda y Familia mantener y publicar un listado oficial, accesible y de alta visibilidad de las organizaciones sin fines de lucro elegibles para recibir donaciones deducibles bajo la Sección 1033.10 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
Además, el proyecto propone campañas educativas para fomentar la filantropía y orientar sobre beneficios contributivos. También, busca integrar al sector empresarial en estos esfuerzos, promoviendo una cultura de donación más activa y estructurada en Puerto Rico. “Esta legislación no crea nuevos beneficios contributivos ni impone cargas fiscales adicionales al erario, sino que maximiza el uso de un incentivo ya existente mediante mecanismos de divulgación, coordinación interagencial y acceso transparente a la información”, menciona la pieza legislativa.
A su vez, la Resolución del Senado 461, del senador de mayoría Wilmer Reyes Berríos. La medida busca realizar una investigación exhaustiva sobre el arbitrio al petróleo crudo y sus derivados, conocido como la “crudita”, con el propósito de analizar su origen legislativo, evolución contributiva y su impacto económico en Puerto Rico. Evaluar cómo este arbitrio incide en el costo del combustible, el costo de vida y la competitividad económica, así como su relación con el financiamiento de la Autoridad de Carreteras y Transportación y su integración en el Plan de Ajuste de la deuda pública y los planes fiscales certificados.
“Resulta indispensable que la Asamblea Legislativa examine con detenimiento el origen, funcionamiento y consecuencias económicas del arbitrio al petróleo. Es necesario analizar el impacto que este arbitrio tiene sobre el consumidor, sobre la competitividad económica de Puerto Rico y sobre el costo general de vida de la población”, expresa la medida en su exposición de motivos.
De igual forma, la Resolución del Senado 141, de la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú. La medida busca investigar el tiempo que transcurre desde la recolección de una muestra mediante el Sexual Assault Forensic Evidence Kit (SAFE Kit) hasta la obtención de los resultados forenses en Puerto Rico. En la misma línea, examinar los procesos administrativos, logísticos y técnicos involucrados; identificar cuellos de botella; y dilaciones existentes; y evaluar su impacto en las víctimas, personas investigadas, el debido proceso de ley y el sistema de justicia penal en general.
A su vez, el Proyecto de la Cámara 931, para enmendar la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”. A los fines de incluir el maltrato al animal o mascota del adulto mayor dentro de los actos constitutivos de maltrato e intimidación.
