(El Capitolio) — El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, en sesión ordinaria, varias medidas de administración dirigidas a establecer mecanismos obligatorios de fiscalización sobre el manejo de fondos públicos, fortalecer la supervisión institucional y garantizar el uso responsable de los recursos gubernamentales.
Como medida principal, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 438, legislación de administración que crea la “Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública”, estableciendo un procedimiento uniforme y obligatorio para que todas las agencias, corporaciones públicas y municipios investiguen, documenten y notifiquen cualquier pérdida, uso indebido o irregularidad relacionada con fondos o propiedad pública.
La medida ordena que, una vez una agencia detecte una pérdida o irregularidad, el funcionario principal deberá ordenar una investigación administrativa dentro de un término máximo de diez días laborables. Esta investigación no podrá extenderse por más de 20 días laborables y deberá determinar si existió negligencia, uso indebido, pérdida o apropiación ilegal de fondos.
Una vez concluida la investigación, la agencia estará obligada a notificar el caso a la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro de un término no mayor de diez días laborables desde la determinación final. También, se obliga a cada agencia a designar uno o más oficiales de enlace responsables de registrar la pérdida en el sistema electrónico del Contralor, mantener un expediente completo con informes, evidencia, querellas y documentos oficiales, y asegurar el cumplimiento de los procesos establecidos.
Además, la legislación dispone que el funcionario principal deberá imponer sanciones administrativas cuando la pérdida sea de hasta 5 mil dólares, y en casos donde la pérdida exceda esa cantidad o exista evidencia de conducta criminal, el caso deberá ser referido al Departamento de Justicia para la posible radicación de cargos o acciones judiciales. También obliga a los jefes de agencia a certificar anualmente, bajo juramento, que han reportado todas las pérdidas o irregularidades ocurridas en su entidad.
De esta forma, se establecen términos específicos, responsabilidades y consecuencias para garantizar que ninguna pérdida de fondos públicos quede sin investigación, documentación ni referidos correspondientes.
Como parte de la agenda de administración, el Senado también aprobó el Proyecto del Senado 854, que enmienda la “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico” para establecer que toda agencia, corporación pública, instrumentalidad, municipio o rama de gobierno que realice campañas publicitarias deberá invertir obligatoriamente al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto asignado a esas campañas en la contratación de los servicios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).
Esta obligación aplica a cualquier campaña publicitaria permitida por ley, incluyendo anuncios televisivos, radiales, digitales, producción audiovisual, materiales impresos, campañas educativas o informativas, y servicios de mercadeo o relaciones públicas. La medida también dispone que, si una agencia no cumple con esta obligación, el equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto destinado a publicidad deberá ser transferido al Departamento de Hacienda o a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), quienes estarán obligados a transferir esos fondos directamente a WIPR dentro de un término no mayor de 30 días.
Esta legislación tiene el fin de garantizar una fuente recurrente de ingresos para la Corporación de Difusión Pública, permitiéndole sostener sus operaciones y ampliar su capacidad de producción y difusión de contenido educativo, cultural e informativo.
Por otro lado, como parte de los trabajos legislativos, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 759, del senador Héctor Joaquín Sánchez, que establece que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) será la única agencia con autoridad para otorgar permisos y regular las escuelas de conducir categoría 3, mientras que el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos tendrá jurisdicción exclusiva sobre las escuelas que ofrecen adiestramientos para licencias de chofer y vehículos pesados.
En cuanto a resoluciones investigativas, se le dio paso a la Resolución del Senado 435, del senador de mayoría Héctor “Gaby” González López y el senador independiente, Eliezer Molina Pérez. La misma tiene como propósito investigar el impacto de los apagones y fluctuaciones de energía eléctrica en el funcionamiento del sistema de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico. Los daños ocasionados a bombas y otros equipos esenciales para su operación; la continuidad del servicio a la ciudadanía; y la coordinación y posible responsabilidad de LUMA Energy LLC.
“Presentamos una resolución para investigar lo que viene siendo la fluctuación de energía, lo que tiene que ver LUMA con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, porque al final, más allá de la fiscalización, quienes se ven afectados son los abonados, son los clientes y por ellos estamos aquí. Así que, ya próximamente vamos a estar citando a unas vistas públicas y citaremos todas las partes que sean necesarias para saber qué es lo que está ocurriendo con los sistemas, porque no es menos cierto, de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está gastando millones de dólares en la compra de generadores eléctricos y otras maquinarias para que el sistema esté funcionando”, expresó el senador González López.
A su vez, el senador Molina Pérez añadió que se unió con el también presidente de la Comisión de Infraestructura, para “comenzar una investigación y le pedimos a todos los compañeros que se unan para que puedan hacer todas las preguntas pertinentes a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y que de esa forma nosotros podamos tener una relación numérica con data”.
Finalmente, se aprobó la Resolución Concurrente del Senado 18, para crear la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para la Conmemoración del Centenario del Capitolio de Puerto Rico.
