El Capitolio – En una acción firme para reforzar la protección de la niñez puertorriqueña, el Senado de Puerto Rico aprobó en votación unánime el Proyecto del Senado 851, de la autoría de las senadoras Wandy Soto Tolentino y Joanne Rodríguez Veve, una medida que establece penalidades más severas para toda persona que, teniendo conocimiento de agresión sexual contra un menor, no cumpla con su deber de informarlo a las autoridades.
La legislación enmienda la Ley 57-2023, Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, para tipificar como delito grave el incumplimiento del deber de informar en casos de agresión sexual contra menores. Bajo la nueva disposición, cualquier persona, funcionario o institución pública o privada que oculte información, impida que otros denuncien o suministre información falsa enfrentará una pena fija de dos (2) años de reclusión.
La medida responde a la urgencia de fortalecer los mecanismos de denuncia ante la persistencia de casos de violencia sexual en Puerto Rico. Datos oficiales reflejan que en 2019 se recibieron 17,474 referidos por presunto maltrato o negligencia infantil, de los cuales 8,365 fueron fundamentados. Además, informes recientes documentan 9,561 casos de violencia sexual en los años 2022 y 2023, incluyendo 383 casos de abuso sexual infantil, lo que evidencia la gravedad de esta problemática.
Soto Tolentino, autora del proyecto y quien hizo un recuento de casos reales anónimos, sostuvo que “el país no puede tolerar el silencio ni la indiferencia cuando la seguridad de un menor está en juego. Cuando se trata de la protección de nuestros niños y niñas, el silencio es inaceptable. Quien tenga conocimiento o sospecha de una agresión sexual contra un menor tiene la obligación moral y legal de actuar. Con esta medida enviamos un mensaje claro: ocultar, ignorar o encubrir este tipo de delito también tendrá consecuencias. Nuestra prioridad es proteger a la niñez y garantizar que ningún menor quede desamparado ante situaciones de abuso”, expresó la senadora.
“Con la aprobación de esta medida, en el Senado de Puerto Rico reafirmamos nuestro compromiso de no tolerar el encubrimiento ni la indiferencia ante el abuso sexual infantil, fortaleciendo las herramientas legales para proteger a los menores y garantizar que quienes incumplan con su deber de denunciar enfrenten consecuencias claras ante la ley”, concluyó la senadora Soto Tolentino.
