El P. de la C. 1508 propone crear una oficina centralizada de jueces administrativos para fortalecer la imparcialidad en la resolución de controversias, uniformar los procesos y reducir la duplicidad de recursos públicos
(San Juan, Puerto Rico – 28 de octubre de 2026) — Tras un análisis exhaustivo y con el fin de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y garantizar mayor independencia, uniformidad e imparcialidad en la resolución de controversias administrativas, el representante del Distrito 31 de Caguas y Gurabo, Roberto J. López Román, presentó el Proyecto de la Cámara 1508, una medida que propone crear la “Ley para la Independencia, Profesionalización y Uniformidad de la Adjudicación Administrativa del Gobierno de Puerto Rico”.
La legislación propone establecer la Oficina de Adjudicación Administrativa de Puerto Rico como una entidad independiente de la Rama Ejecutiva, encargada de atender y resolver, salvo las excepciones dispuestas por ley, los procedimientos administrativos adversos que actualmente se originan en agencias, departamentos, juntas, comisiones, corporaciones públicas y otras instrumentalidades gubernamentales.
La medida parte de la necesidad de fortalecer las garantías de imparcialidad en los procesos en los que se determinan derechos, licencias, empleos, beneficios, sanciones y otros intereses protegidos de ciudadanos y entidades. Para ello, busca establecer una separación institucional entre las dependencias que investigan, fiscalizan o presentan cargos y los funcionarios responsables de adjudicar las controversias que surgen de esas actuaciones.
“El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos cuenten con procesos administrativos justos, transparentes e imparciales. La confianza en las instituciones públicas también depende de que las personas tengan la certeza de que sus casos serán evaluados por funcionarios cuya independencia esté protegida por la estructura misma del sistema”, expresó López Román.
El representante destacó mediante un comunicado de prensa que su propuesta no cuestiona la integridad ni la capacidad profesional de quienes actualmente ejercen funciones adjudicativas en las agencias, sino que procura modernizar el modelo institucional para ofrecer mayores garantías de independencia y fortalecer la confianza pública en los procedimientos administrativos.
“Esta medida lo que busca es establecer reglas claras, fortalecer el debido proceso de ley y promover una administración pública más eficiente. La independencia de quien adjudica debe estar respaldada por un sistema que separe adecuadamente las funciones investigativas y fiscalizadoras de la responsabilidad de resolver una controversia”, añadió el Presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes.
Profesionalización y mejor aprovechamiento de los recursos públicos
Otro de los componentes principales del Proyecto de la Cámara 1508 es la creación de un cuerpo profesional y especializado de jueces administrativos, sujeto al principio de mérito, que permita desarrollar una carrera dentro del servicio público y establecer criterios uniformes para la asignación, tramitación y resolución de los casos.
La propuesta también persigue reducir progresivamente la dependencia de contratos externos para atender las funciones adjudicativas ordinarias y recurrentes del gobierno, mediante el fortalecimiento de una estructura pública centralizada que permita administrar de manera más eficiente la carga de trabajo y los recursos disponibles.
Como parte de ese proceso, la medida contempla mecanismos de movilidad, traslado, reclasificación, capacitación y consideración preferente para empleados públicos que actualmente desempeñan funciones relacionadas con la adjudicación administrativa, conforme al ordenamiento jurídico aplicable y sin menoscabar los derechos adquiridos que correspondan.
De igual forma, López Román propone consolidar recursos presupuestarios y administrativos, integrar herramientas tecnológicas y reducir la duplicidad de estructuras que actualmente operan de manera separada en distintas instrumentalidades gubernamentales.
“Modernizar el gobierno también significa utilizar mejor los recursos públicos, evitar duplicidades y reconocer el conocimiento y la experiencia de nuestros servidores públicos. Mi proyecto procura combinar la independencia adjudicativa con una estructura organizada y responsable fiscalmente”, sostuvo López Román.
Resoluciones con carácter final y garantías de revisión judicial
El legislador destacó que el proyecto establece, como regla general, que las órdenes y resoluciones emitidas por los jueces administrativos de la nueva Oficina constituyan la determinación administrativa final, sujetas a los mecanismos de reconsideración y revisión judicial dispuestos por ley en Puerto Rico.
La medida reconoce, además, excepciones para aquellos casos en los que una disposición constitucional o federal, o una condición vinculada a fondos federales, requiera que determinado funcionario u organismo conserve la autoridad decisional final. Estas excepciones deberán estar expresamente documentadas y aplicarse de manera restrictiva, según dispone la propuesta.
La iniciativa también contempla enmiendas a la Ley 38-2017, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y a la Ley 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, además de disposiciones transitorias para facilitar la implementación del nuevo modelo.
Con la presentación del Proyecto de la Cámara 1508, López Román propone encaminar una transformación de la justicia administrativa en Puerto Rico, mediante un sistema centralizado, especializado y tecnológicamente integrado que procure mayores garantías de imparcialidad, uniformidad procesal y eficiencia gubernamental.
La medida fue presentada el 14 de octubre de 2026 y referida a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes para su evaluación correspondiente.
