(El Capitolio –2 de febrero de 2026) – La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, evaluó hoy la implementación y cumplimiento de la política pública del gobierno a favor de la población de adultos mayores, lo que incluye acciones concretas para combatir el abandono de estos ciudadanos por parte de sus familias, o tutores.
Durante la vista pública, el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) José Acarón Rodriguez, advirtió que ante la falta de certeza en los servicios para el 95 por ciento de la población mayor que está en sus casas viviendo en soledad, “la próxima migración será de la gente mayor y no creo que la solución para atender la situación de la gente mayor en Puerto Rico sea montarlos en un avión para que se vayan”.
El funcionario comentó que, según una encuesta llevada a cabo por la organización en noviembre del 2025, el 40 porciento de los encuestados de más de 45 años en adelante han contemplado emigrar fuera de Puerto Rico en los pasados 12 meses.
Acarón Rodríguez especificó que entre las edades de 45 a 59 años la primera razón es buscar nuevas oportunidades de trabajo, mientras que de 60 a 69 años les motiva obtener un mejor acceso a servicios de salud, y de 70 en adelante comentaron que su mudanza sería para tener acceso a servicios de cuido prolongado y de apoyo en el hogar.
“Lo más interesante de esto es, que siempre se habla que la gente mayor se va detrás de los nietos, o por estar cerca de la familia, y esa fue la razón número 10 en la encuesta, según contestó la gente”, afirmó el deponente.
“Así que, ese mito de que se van detrás de los nietos, y detrás de la familia, no es. Se van por razones de calidad de vida. La migración siempre va acompañada de buscar calidad de vida”, aseguró.
A preguntas del representante Ramos Ocasio, el directivo señaló que a pesar de la aprobación de Ley 121 conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, que crea un Comité para la Implementación y Revisión de esta política pública, la cual reúne a agencias como el Departamento de la Familia (DF), la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) y el Departamento de Justicia, entre otros, no se ha logrado la respuesta esperada ya que el DF no tiene fuerza de ley para compeler al resto de sus pares para llevar a cabo los planes emitidos.
“El marco legal está con la ley 121, pero la frustración que tenemos es que se han hecho muchísimos planes de lo que debe ser Puerto Rico y no pasa nada, no hay comunicación”, afirmó Acarón Rodríguez.
El dirigente sostuvo que para lograr resultados las agencias deben “sentarse en la mesa a conversar entre todos y hablar de cómo se van a solucionar los problemas, no es atender, es que tenemos que planificar a largo plazo; yo puedo atender y poner más fondos, ¿pero será suficiente para el año que viene?, no lo es, el país tiene ver a largo plazo lo que está pasando, ya que las agencias no dan abasto”.
“Tiene que haber un plan de país con la industria privada y todos los sectores profesionales para atender y solucionar las situaciones, pero venimos hablando de esto desde el 2010, ¿cuántos jefes de agencias conocen su rol dentro de la Ley 121 de adultos mayores? Gracias a Dios, la Gobernadora ha puesto los asuntos de los adultos mayores como una prioridad, pero el Comité de Ejecución y Revisión de la Ley 121, que está bajo el Departamento de la Familia, no se ha movido”, expuso el deponente quien aseguró que “ya se nos hizo tarde”.
Informó que en conversaciones con la pasada secretaria de la familia Ciení Rodriguez, “nos dice que bajo esta ley no puede obligar a sus pares miembros del gabinete a colaborar. Por eso se firma la Orden Ejecutiva de la Unidad de Atención Integral del Adulto Mayor, pero no se ha podido ejecutar tampoco, por ahí es que tenemos que empezar. Tenemos que atender a largo plazo, porque si no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cuánto nos va a costar”.
Sus expresiones fueron vertidas en el análisis de las Resoluciones de la Cámara 276, 329 y 372, que giran en torno al tema de la política pública que atiende varios aspectos que afectan a la población de adultos mayores en Puerto Rico.
Por su parte, la Lcda. Nicole Báez Ortiz, directora de la oficina de asuntos legales del Departamento de la Familia, indicó que durante el año natural 2025 se refirieron un total de 15,245 casos de maltrato contra adultos mayores, siendo los renglones de maltrato psicológico y emocional los renglones con mayor número de casos registrados.
Ante estás estadísticas, el presidente de la Comisión solicitó al DF, presentar en un periodo de cinco días laborables, los datos específicos en torno a los casos de abandono en los hospitales desde el 2023 hasta el 2025.
Báez Ortíz aseguró ante preguntas del representante Ocasio Ramos, que la agencia a la representa, en la actualidad se ha dedicado a orientar a cada uno de los hospitales para informar los casos de abandono que se registren en sus instituciones, recopilando datos tales como el nombre de los familiares que traen el adulto mayor, así como direcciones para agilizar la labor de ubicar a los responsables.
La abogada añadió que, de no hallarse a un responsable, el DF asume la custodia del adulto mayor y en muchas ocasiones el costo de su cuidado.
“Tenemos 6,225 adultos mayores subvencionados por la agencia; para mediados del pasado año nuestra la nómina mensual para subvencionados rondaba los $5 millones, nosotros comenzamos este año casi con $10 millones, o sea que en menos de un año se ha duplicado la subvención mensual, creo que esa la reafirmación más grande que tenemos que hacer no solo del problema que tenemos y que como país tenemos que trabajar como equipo para poder enfrentarlo, sino el reto económico de cara a los próximo años”, argumentó la deponente.
“Si los números siguen como van, de aquí a cuatro años no vamos a poder subvencionar a todos los adultos mayores que vamos a necesitar subvencionar, así que tenemos darle visibilidad a este asunto y ver como en conjunto lo podemos atender”, dijo la directora legal.
Mientras que la Lcda. Frances Vidal Rodríguez, quien dirige la Oficina de Asuntos Legales de la OPPEA, reportó que para el año fiscal 2024-2025 esta agencia recibió 12 querellas específicamente por abandono, siendo cuatro de ellas en un hospital, para el año fiscal actual se han recibido seis querellas, una de las cuales fue en un hospital.
Recomendó, que además del trabajo de atender estos casos, es necesario la educación temprana de las personas sobre sus responsabilidades con los familiares de mayor edad, para evitar estos incidentes.
En tanto, el teniente José Sánchez Marchán, coordinador central de adultos mayores dentro de la Policía de Puerto Rico (PPR), señaló que, si bien el Código Penal tipifica como delito el abandono de personas de edad avanzada e incapacitadas, “la PPR enfrenta actualmente limitaciones operacionales relacionadas con la recopilación y categorización de datos estadísticos sobre este tipo de conducta”.
Sánchez Marchán especificó que no existe una ‘codificación de estadística particular dentro de su sistema de querellas que permita identificar de manera precisa los referidos de adultos mayores abandonados en hospitales, conforme a los parámetros del “National Incident Based Reporting System” NIBRS. Como resultado, no se dispone de estadísticas oficiales que permitan cuantificar este fenómeno con exactitud. Esta situación también limita el seguimiento interagencial”.
No obstante, el deponente reiteró el compromiso de la agencia con la protección de esta población.
El representante Ocasio Ramos enfatizó en los trabajos sobre la necesidad de que exista una integración de parte de las agencias para lograr los planes en favor de los adultos mayores, a la vez que afirmó la inclusión de la comisión que dirige y de la Asamblea Legislativa en los trabajos del comité de revisión de la Ley 121.
Participaron en los trabajos los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz, Lourdes Ramos Rivera, Roberto López Román y Lisie Burgos Muñiz.
