SAN JUAN-El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, salió en defensa de las familias que reciben servicios de educación especial y lanzó un enérgico llamado de conciencia al Departamento de Educación, al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para que detengan la dejadez administrativa que conlleva, la falta recurrente de recursos para el pago de los proveedores de servicios de este segmento poblacional.
Con profunda preocupación, García Feliciano denunció que la burocracia institucional y la alarmante falta de liquidez en los pagos a maestros y corporaciones privadas aliadas, están provocando la suspensión de servicios terapéuticos y académicos esenciales. “Esta parálisis no solo lacera el derecho fundamental a la educación, sino que coloca a miles de familias puertorriqueñas, en una posición de extrema vulnerabilidad y desamparo”, acotó.
Como Procurador del Ciudadano señaló que, resulta inaceptable, que los niños con diversidad funcional y sus familias sigan siendo las víctimas principales de una alarmante falta de proyección y de un deficiente análisis presupuestario.
“El diseño de los fondos públicos no puede continuar ignorando la realidad financiera y operativa de los servicios contratados. Configurar un presupuesto irreal que no se ajuste a las necesidades apremiantes de esta población, no es un mero error de cálculo. Es una negligencia que atenta directamente contra el proceso de inclusividad social y escolar que, por ley y por estricto sentido de humanidad, el Estado está obligado a garantizar”, afirmó el funcionario.
El Ombudsman advirtió con firmeza que la continua dilación en los desembolsos y la inestabilidad en el financiamiento, configuran un escenario peligroso de posible discrimen institucionalizado contra este sector vulnerable.
“No se puede hablar de equidad ni de justicia social, mientras se les niega el sustento económico a los profesionales e instituciones privadas que dan el frente por el Departamento de Educación, asumiendo la responsabilidad de ofrecer las destrezas que la propia agencia no tiene la capacidad de proveer. Privar a estos componentes de un ingreso seguro es, en efecto, desmantelar el sistema de apoyo que sostiene el desarrollo integral de la niñez con necesidades especiales”, sostuvo el Procurador.
Ante este panorama crítico, García Feliciano extendió un llamado urgente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para que intervenga de manera proactiva y sitúe como una prioridad inquebrantable -dentro de los fondos asignados al Departamento de Educación-, la consignación real de los recursos económicos requeridos.
“Es imperativo que el ente fiscalizador certifique partidas presupuestarias que reflejen fielmente la nómina y los gastos contractuales acumulados, asegurando que el dinero llegue a quienes efectivamente mitigan las deficiencias del sistema público de enseñanza”, argumentó.
De igual forma, García Feliciano solicitó de manera oficial a la JSF que flexibilice las restricciones financieras y permita que el fondo de reserva de Educación, esté disponible de forma inmediata, para paliar cualquier insuficiencia económica.
El Ombudsman enfatizó que este fondo de emergencia debe activarse como un mecanismo de contención antes de que se autorice la suspensión de un solo servicio de apoyo o programa académico.
“La burocracia fiscal no puede ser la excusa para truncar las terapias, las tutorías y el cuidado especializado que sostienen el progreso de estos estudiantes”, dijo.
Siguió diciendo el Ombudsman que como padre y servidor público, siente y comprende el calvario diario que enfrentan los padres, madres y tutores de estos menores, quienes además de manejar las condiciones particulares de sus hijos, tienen que batallar contra un aparato gubernamental que se muestra indolente y frío.
“Ni la Junta, Educación ni el gobierno, pueden permanecer insensibles ante las vicisitudes de unas familias que ven interrumpidos los procesos terapéuticos de sus niños, por puras trabas administrativas. Cada día que un estudiante de Educación Especial pasa sin recibir sus servicios contratados, representa un retroceso irreparable en su desarrollo y una flagrante violación a su dignidad humana”, consignó.
Ante ello, hizo un llamado a la conciencia y al deber ministerial del liderato del país y de la opinión pública, para que se detenga lo que a todas luces, es un atropello.
“El futuro de nuestra niñez más vulnerable no puede seguir siendo el fusible que se funde ante la incompetencia fiscal. Educación, el gobierno y la Junta deben sentarse a la misma mesa hoy mismo, con las soluciones y los pagos en la mano. La inclusión y los derechos humanos de nuestros niños, no se negocian ni se posponen por un trámite de oficina”, concluyó de forma categórica el Ombudsman de Puerto Rico.
