La medida persigue mayor colaboración y fiscalización en el desarrollo de las estrategias que fueron delegadas al organismo
(El Capitolio – 12 de marzo de 2026) – Una medida que propone expandir la representación multisectorial en la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social recibió este jueves posturas encontradas por parte de agencias de gobierno y municipios que cuestionaron la efectividad de la iniciativa para atender los problemas sociales que el organismo pretende enfrentar.
El Proyecto de la Cámara 1034 busca aumentar los integrantes de la entidad de 17 a 23, con el propósito de promover una mayor colaboración y fiscalización en el desarrollo de las estrategias necesarias para reducir en un 50 % las tasas en ambos renglones para el año 2032, según dispuesto en la Ley 84-2021.
Sin embargo, el Departamento de la Familia expresó reservas con esta propuesta tras opinar que incrementar los miembros de la Comisión, que está adscrita a esta agencia, afectaría la eficiencia de su funcionamiento y gobernanza.
“Mientras mayor la cantidad de integrantes, alcanzar consenso o acuerdos tomaría más tiempo. Cada persona tiene opiniones distintas, lo que puede provocar discusiones largas o retrasos en las decisiones”, aseguró la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, en un memorial explicativo.
La pieza legislativa busca incluir en el organismo al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH); la Procuradora de las Mujeres; un representante de la Asociación de Alcaldes; un representante de la Federación de Alcaldes; y dos miembros en representación del interés público que serán designados por los presidentes legislativos.
Para Roig, esta expansión podría resultar en una menor “participación real”, problemas de coordinación, difusión de la responsabilidad y un mayor riesgo de politización entre sus integrantes. Según la titular, las funciones del organismo no se cierran únicamente a los miembros dispuestos por la Ley 84.
La enmienda propuesta fue presentada por los representantes Ramón Torres Cruz, Swanny Vargas Laureano, Sol Higgins Cuadrado, Ángel Fourquet Cordero y Lilibeth Rosas Vargas, quienes opinaron en la exposición de motivos de la medida que los alcaldes son “imprescindibles” para ejecutar esta política pública.
De igual forma, la legislación menciona que la inclusión del secretario del Trabajo y de la Procuradora de las Mujeres responde a un informe emitido por la Comisión en abril de 2023 que detalla, dentro de los asuntos atendidos en sus reuniones, la discusión de una posible enmienda a la Ley 84 a estos fines.
“Yo entiendo la resistencia natural que se da al añadir miembros a una junta, un grupo o una comisión… pero en este caso, en este tema, tenemos que evaluar las cosas más allá del miedo a la burocracia”, expresó el representante Fourquet Cordero durante la celebración de una vista pública en la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes.
El representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, presidente de la comisión legislativa, requirió la entrega de las minutas de todas las reuniones que ha realizado el organismo luego de que Familia informó que los miembros se reúnen mensualmente.
No obstante, varios legisladores criticaron las ausencias de sus integrantes tras trascender que muchos de los encuentros se realizan con un cuórum de siete a nueve personas. “Tampoco podemos seguir haciendo reuniones. El pueblo lo que necesita es acción”, manifestó Ocasio Ramos. “De reuniones y reuniones, el pueblo está cansado”.
Sin embargo, la medida fue endosada por la secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez, así como la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro. La Procuradora, por su parte, exhortó a examinar si los recursos disponibles de la estructura actual resultan suficientes para cumplir con las funciones que le fueron delegadas por ley.
Mientras, la Federación de Alcaldes favoreció la integración de representación municipal en la Comisión, pero recomendó evitar la proliferación “innecesaria” de estructuras administrativas sin antes fortalecer los mecanismos de ejecución.
“El problema de la pobreza infantil en Puerto Rico no parece responder a una falta de organismos o estructuras gubernamentales adicionales, sino a la necesidad de políticas públicas que fomenten crecimiento económico sostenido, acceso real al empleo y fortalecimiento del capital social de las comunidades”, puntualizó Ángel Morales, director ejecutivo de la Federación.
Actualmente, la Ley 84 dispone que la Comisión estará compuesta por los secretarios de los Departamentos de la Familia, Agricultura, Educación, Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio, Salud, Vivienda, Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. A ellos se suman cinco portavoces de entidades sin fines de lucro y tres líderes comunitarios.
