[Río Piedras – 18/marzo/2026] “El estatus no resuelto de Puerto Rico no es meramente una anomalía constitucional; constituye un déficit democrático que socava la integridad de la gobernanza de los Estados Unidos y su credibilidad en el ámbito internacional”, planteó el presidente del Comité Asesor de Puerto Rico de la Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU., Andrés Córdova Phelps, en el informe final que envío al ente federal.
“En nuestro análisis, desde la perspectiva económica, podemos destacar que el sistema contributivo, históricamente, ha beneficiado a ciertos sectores a expensas del desarrollo económico sostenible de Puerto Rico. Urge un cambio en el estatus político si queremos ver un impacto real en la economía de la Isla”, subrayó Córdova Phelps.
Las expresiones del también presidente de la Junta de Comisionados de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico se alinean al resultado del estudio del referido comité asesor, el cual se extendió por varios años, tras ocho sesiones informativas públicas celebradas entre 2023 y 2025. Su conclusión descansa, a su vez, en lo publicado en los cuatro memorandos que recogen testimonios de expertos académicos, especialistas legales y representantes comunitarios.
“Se necesita voluntad. Los datos y las estadísticas presentadas durante las vistas públicas son muestra contundente de las desventajas que sufre la Isla desde su panorama general, perspectivas económicas, derechos de voto federales, acceso a beneficios federales y el papel de la raza en la relación entre Puerto Rico y el Gobierno Federal, entre otros aspectos.
Según el Informe presentado, los más afectados por la disparidad en el acceso pleno a los programas públicos federales como Medicaid, Seguro Social Suplementario, beneficios para veteranos y asistencia nutricional son las poblaciones en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores, veteranos y personas con diversidad funcional.
“El Informe es voluminoso y representa una pieza clave para que se tome en cuenta, y de manera seria, el estatus territorial de Puerto Rico. Definitivamente, ese factor influye no solo en el derecho al voto, a nivel federal, sino también sobre las elecciones locales, el debate sobre distintas visiones de ciudadanía estadounidense e identidad cultural y las opiniones sobre el derecho político de Puerto Rico a la autodeterminación”, añadió, al reiterar, en nombre del Comité, su solicitud al Congreso de utilizar sus poderes plenarios para atender los Casos Insulares y lograr la paridad para Puerto Rico de una vez por todas.
