Ningún foro ha concluido que la empresa cometió negligencia
La directora de Administración y Operaciones de Physician Correctional (PC), Bárbara Méndez, se expresó sorprendida por la inclusión de la empresa en la demanda radicada por la familia de Ivette Joan Vega, cuyo caso involucra al confeso Hermes Ávila. “Comprendemos y nos solidarizamos con la angustia de los familiares de la víctima y respetamos su derecho a reclamar algún tipo de compensación económica. Sin embargo, nos sorprende haber sido incluidos en la demanda, considerando que ningún foro que ha investigado el caso ha identificado falta alguna por parte de nuestra empresa”, expresó Méndez.
Méndez se refería a que las investigaciones realizadas por el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el propio Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) concluyeron que PC cumplió con todas las disposiciones de su contrato y que no se pudo establecer que hubiera habido negligencia alguna. Según la información presentada bajo juramento en varios foros, la participación de PC se limitó a la evaluación inicial del médico primario y a la evaluación de pares realizada por otros cuatro médicos, quienes confirmaron el diagnóstico de Ávila Vázquez.
El diagnóstico de paraplejia fue el factor que llevó al médico primario a recomendar que el reo fuera considerado por el DCR para una pase extendido. El diagnóstico de paraplejia en Ávila Vázquez fue confirmado por 52 médicos tanto de PC, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la empresa Correctional Health Services dirigida por Manuel Quilinchini. Los datos publicados sobre el particular han establecido que Ávila Vázquez sufrió una caída mientras laboraba dentro de la cárcel por lo que fue referido al Hospital Industrial operado por la CFSE quienes realizaron varias cirugías vertebrales y diagnosticaron paraplejia. Posteriormente, la CFSE otorgó a Ávila Vázquez beneficios por incapacidad total y permanente una pensión vitalicia amparándose en el diagnóstico de paraplejia.
“Physician Correctional provee servicios de salud a la población correccional conforme a lo establecido por el contrato suscrito con el gobierno. Como es por todos sabido, nuestra empresa carece de autoridad para excarcelar a un reo, y no participa del proceso decisional de excarcelación”, aclaró Méndez. Las evaluaciones clínicas que realiza PC responden a los servicios contratados por el DCR, y las solicitudes conforme al protocolo establecido, pero no constituyen una recomendación ni una determinación legal.
“Al tratarse de un proceso que estará ante la consideración de los Tribunales, estaremos atendiendo este asunto junto a nuestros abogados en ese foro. Reiteramos nuestro compromiso de más de 35 años con el cumplimiento de la ley y con la prestación responsable de servicios de salud dentro del sistema correccional” dijo Méndez.
