Caso procesado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés)
SAN JUAN, Puerto Rico – La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, María Antongiorgi-Jordán, sentenció hoy a otros tres acusados por delitos de narcotráfico y violaciones relacionadas con armas de fuego, vinculados al asesinato del sargento de la Policía de Puerto Rico, Eliezer Ramos Vélez, según anunció Héctor Ramírez-Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Olvin O’Neill Concepción-Tapia, alias “Sinfo”: condenado a 480 meses (40 años) de prisión, seguidos de un periodo de 10 años de libertad supervisada.
Daniel J. López-Vega, alias “Dany”: condenado a 480 meses (40 años) de prisión, seguidos de un periodo de 10 años de libertad supervisada.
Andyel González-Sáez, alias “Martino”: condenado a 336 meses (28 años) de prisión, seguidos de un periodo de 10 años de libertad supervisada. La sentencia del otro acusado, Luis N. Isaac-Sánchez —alias «Chimbo», «CDobleta» o «Dobleta»—, fue reprogramada para el jueves 29 de octubre de 2026.
Todos los acusados aceptaron su responsabilidad por su papel y participación en la conspiración para el narcotráfico (primer cargo), en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), secciones 841(a)(1), 846 y 860. La acusación por conspiración para el narcotráfico sostiene que los acusados se concertaron con terceros para distribuir y poseer, con intención de distribuir, cantidades significativas de sustancias ilícitas —incluidas heroína, cocaína, crack, marihuana y otras drogas— en los complejos de vivienda pública (PHP, por sus siglas en inglés) Sabana Abajo, Luis Llorens Torres, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, El Coral y Jardines de Monte Hatillo, así como en otras áreas cercanas. Asimismo, los acusados se declararon culpables de posesión de un arma de fuego en relación con actividades de narcotráfico (séptimo cargo), en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 924(c).
Todos los acusados admitieron haber participado en el asesinato del sargento Ramos-Vélez. Los acuerdos de culpabilidad incluyen una cláusula que establece la aplicación de las directrices de sentencia correspondientes al delito de asesinato (sección 2A1.1 de las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos). Esta disposición se aplica independientemente de si el acusado se declaró culpable de la conspiración para el narcotráfico (primer cargo) o del delito sustantivo de asesinato relacionado con el uso de armas de fuego (noveno cargo).
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto (AUSA, por sus siglas en inglés) y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort; la jefa adjunta de dicha sección, Teresa Zapata-Valladares; y los fiscales federales adjuntos Laura Díaz-González y Joseph Russell.
Este proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, titulada «Protección del pueblo estadounidense frente a una invasión». La HSTF es una asociación que abarca a todo el gobierno, dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones delictivas transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional sin precedentes, la HSTF emplea toda la capacidad de las fuerzas del orden de los Estados Unidos para identificar, investigar y procesar la gama completa de delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desempeño de esta labor, la HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. Asimismo, la HSTF utiliza todos los recursos disponibles para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros que cometen delitos violentos.
La HSTF en San Juan está integrada por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales: el FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y la Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la DEA, la ATF, el IRS, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la iniciativa HIDTA de Puerto Rico/Islas Vírgenes, la TSA, la FAA y las Fiscalías Federales (U.S. Attorney’s Offices) para los distritos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
La HSTF también cuenta con la participación de las siguientes agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley: el Departamento de Policía de Puerto Rico; las Policías Municipales de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; el Programa contra el Narcotráfico de la Guardia Nacional de Puerto Rico; el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
