SAN JUAN-En busca de interceder activamente a favor del bienestar de los estudiantes de educación especial cobijados en el caso Rosa Lydia Vélez, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, urgió al Secretario de Educación, a desistir de reclamar fondos consignados en una cuenta del tribunal, para atender esta clase cobijada.
“Esa cuenta que está bajo la custodia del tribunal, no puede verse como una alcancía del Departamento de Educación.
¡Es hora de retirar esa petición!”, demandó.
Explicó García Feliciano, que Educación presentó un reclamo ante la jueza Thainie Reyes Ramírez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para que se les permitiera utilizar $25 millones de las multas que les impone diariamente el foro, ante la falta de atención de estos estudiantes.
Esta petición se hizo ante los anunciados recortes federales, que de entrar en efecto, crearían incertidumbre en el pago de aquellos profesionales para proveer a estos alumnos con servicios como terapias del habla, ocupacional y otros relacionados.
Estos casos se atienden bajo la alternativa extraordinaria de Remedio Provisional, que es uno que autoriza la búsqueda del servicio profesional, por parte de los padres, cuando el Departamento de Educación no tiene ese servicio contratado o cuando aun teniéndolo, no tiene espacio para atenderlo.
No obstante, abundó diciendo García Feliciano, el secretario Eliezer Parés, ha hecho referencia a que la Junta de Supervisión Fiscal le autorizó $200 millones para atender el pago de los servicios profesionales antes mencionados.
Además, de que también Parés hizo referencia a que en el presupuesto que regirá a partir del 1ro de julio próximo, se identificaron recursos estatales suficientes para cubrir las diferentes terapias que se le brindan a la clase protegida para la alternativa extraordinario de Remedio Provisional.
“Siendo así, no hay razón alguna para que el Departamento de Educación, mantenga la petición que le hizo al Tribunal. Que se deje el dinero de las multas, para que las partes con interés puedan atender otras necesidades directas o indirectas, de la clase protegida”, expresó convencido Garcia Feliciano.
El Procurador del Ciudadano señaló que de no hacerlo, sería autorizar el Departamento de Educación a utilizar así mejor parecer, el dinero de las sanciones que se le imponen, por los servicios no prestados.
De igual manera, aseguró que la Procuraduría que dirige, estará muy atenta a este asunto y dará seguimiento a Educación, para garantizar que todos los proveedores, brinden los mejores servicios posibles a toda la niñez que le sea referida.
García Feliciano instó igualmente a la clase afectada -sus tutores, padres, organizaciones-, para que presenten propuestas al tribunal, para poder utilizar el dinero bajo custodia de éste, de manera que se les brinden servicios adicionales a todos en la clase.
“El dinero está para pagar por los servicios que sean necesarios. Tanto unos como otros, tienen que ser proactivos”, reclamó el Procurador.
