La intervención clasificó $44.9 millones en desembolsos como costos pendientes de validación documental por ausencia de evidencia requerida en los expedientes
(San Juan, Puerto Rico)- Un examen de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó deficiencias en los controles internos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), adscrita al Departamento de Educación (DE), que limitan la capacidad de monitoreo oportuno sobre aproximadamente $35.7 millones asignados a 13 Escuelas Públicas Alianza (EPA) y sobre la radicación de informes financieros y documentos fiscales requeridos por la reglamentación vigente.
Según la intervención, la falta de desembolso del balance disponible, que equivale al 44% de los $80,649,525.03 destinados al presupuesto de las EPA evaluadas, podría estar relacionada con la capacidad de monitoreo fiscal de la OEPA sobre los fondos asignados. El informe señaló que esa situación podría ser atribuible, entre otros factores, a los tiempos de implantación de las propuestas aprobadas y al desarrollo de los procesos administrativos de las entidades operadoras.
La OIG clasificó $44,896,488.61 como costos pendientes de validación documental, ante la ausencia, en los expedientes de la OEPA al momento del examen, de documentos de soporte requeridos por la reglamentación vigente y por las cartas constitutivas entre el DE y las Entidades Educativas Certificadas (EEC). El examen cubrió el período del 1 de julio de 2022 al 13 de noviembre de 2025.
El examen reveló que 10 de las 11 EPA evaluadas, que tienen la obligación de presentar estados financieros auditados 90 días después de la finalización del año escolar, no presentaron el documento ante la OEPA. Asimismo, en 6 de 9 EPA, los estados financieros anuales del año fiscal 2022-2023 se presentaron con retrasos de entre 76 y 517 días posteriores al plazo normativo.
Al mismo tiempo, en relación con los informes trimestrales que las EEC deben presentar a la OEPA, el resultado del examen destacó que, de 87 informes requeridos, 69 no fueron entregados. La OIG indicó que dichos informes no fueron encontrados ni en la OEPA ni en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (SIFDE). Por otro lado, en relación con la presentación de presupuestos anuales, la entidad fiscalizadora destacó que tampoco fueron encontrados en los expedientes ni en el SIFDE los 32 presupuestos que debieron someter las 13 EPA ante la OEPA al 31 de julio de los años fiscales 2022-2023 al 2024-2025.
Según el examen, la falta del presupuesto anual de funcionamiento de las EPA impide a la OEPA realizar un análisis efectivo de los datos presupuestarios para el inicio del año fiscal, lo que compromete la planificación y la toma de decisiones financieras. Asimismo, el informe indicó que esa ausencia dificulta la asignación equitativa y proporcional del presupuesto escolar de cada EPA, afectando la eficiencia en la distribución de los recursos.
De igual forma, la intervención evidenció una falta de fiscalización de la OEPA en la entrega de las pólizas de seguro obligatorias requeridas a las EEC para la operación de sus EPA. Los hallazgos expusieron incumplimientos en las tres categorías evaluadas por la OIG: errores y omisiones; seguro de propiedad; y responsabilidad pública con el DE como asegurado adicional. En las pólizas de errores y omisiones, entre el 82% y el 90% de las EPA no tenían evidencia de estas en los expedientes. En cuanto al seguro de propiedad, la ausencia osciló entre el 40% y el 50% según el año fiscal.
El informe de la OIG también detalló incumplimientos con la radicación de informes anuales al gobernador y a la Asamblea Legislativa por parte del DE; falta de actualización de datos en el portal del DE; deficiencias en el proceso de evaluación de propuestas y ausencia de visitas previas; falta de notificación a las EPA de resultados de monitorías fiscales y programáticas; ausencia de fechas en documentos oficiales; y reglamentos sin actualizar.
Se destacó que la gerencia del Departamento de Educación respondió a los hallazgos e inició de forma inmediata las acciones correctivas para atender las deficiencias identificadas. La OIG reconoció la colaboración de la administración del DE y la OEPA durante el proceso de examen, así como la disposición para atender de manera proactiva las observaciones presentadas. La entidad fiscalizadora acompañará al DE en el proceso de cumplimentar las recomendaciones sostenidas a través de un Plan de Acción Correctiva.
El resultado del informe será notificado al Inspector General Federal en el Departamento de Educación para que la evaluación y acción que corresponda.
La OIG exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos y propiedad pública a través de la línea confidencial (787) 679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov y la página web oig.pr.gov/informa.
