OFEI logra convicción del exalcalde de Mayaguez tras sentencia del tribunal cumplirá tres años en probatoria

 

10 de junio de 2025 MAYAGUEZ – Las fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón, lograron la convicción por delitos de corrupción contra el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, tras este hacer alegación de culpabilidad y ser sentenciado en el día de hoy a tres años en cada cargo, en probatoria, con restricción domiciliaria de 8:00 pm a 6:00 am, informó la oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).


Entre otras condiciones, el convicto exalcalde no puede residir fuera de
Mayaguez y deberá realizarse pruebas periódicas de dopaje. El juez William Machado Aldarondo señaló una vista de seguimiento para el 10 de diciembre a las 9:00 am.

La sentencia emitida por el juez Machado Aldarondo del Tribunal de Primera Instancia de esta ciudad, acoge la recomendación del oficial socio penal en su informe, al concluir que el convicto funcionario, cumple con los requisitos legales establecidos para la probatoria.

El exalcalde, así como Ia exdirectora de Finanzas del municipio mayaguezano, Yahaira M. Valentín Andrade.  Fueron acusados originalmente de incumplimiento del deber y malversación de fondos público, por el desvió de unos $9.8 millones que fueron otorgados en resoluciones conjuntas de la Legislatura estatal para completar fases del Centro de Trauma de Mayagüez.

 

Las acusaciones contra Valentín Andrade continúan pendientes de juicio, el cual está señalado para hoy a h 1:30 pm.

Las fiscales Pabón Ortiz y Agudo Calderón lograron el pasado 2 de abril, que Rodríguez Rodríguez se declarara culpable por corrupción gubernamental, mediante enmienda al pliego acusatorio para que inmutara negligencia en el cumplimiento del deber bajo el Código Penal. Este delito conlleva una pena de tres años de cárcel, la cual puede ser cumplida en probatoria al cual dispuso el Juez en la sentencia dictada.

En un inicio, Rodríguez Rodríguez fue acusado también de malversación de fondos públicos, que dispone una pena de 15 años de prisión sin derecho a probatoria.

 

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