SAN JUAN, Puerto Rico – El 12 de junio de 2025, un gran jurado federal presentó una acusación formal de cinco cargos contra ocho personas por conspiración para cometer fraude postal, electrónico y bancario, y robo de identidad agravado. Las siguientes agencias colaboraron con la Fiscalía de los Estados Unidos para investigar el caso y ejecutar los arrestos hoy: Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), Servicio de Seguridad Diplomática (DSS), Administración del Seguro Social (SSA), Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), Policía Municipal de Guaynabo, Policía Municipal de San Juan y Policía Municipal de Bayamón.
Según documentos judiciales, los acusados
Enrique K. Falcón-López, también conocido como “Gordo/Náutica”
Luis Pagán Torres, también conocido como “Luiso”
Francisco Martínez-Mendoza, alias “Pito”
Dennis H. Ditran, también conocido como “Dennis H. Ditran Phillips/Dennis Ditren”
Tomás Bermúdez Monroig
Iván González Costa
Jesús M. Cruz-Martínez, alias “Chobi” y
Karelys Olmo Rodríguez
conspiraron para enriquecerse injustamente robando medios de identificación de otras personas y usándolos para defraudar al minorista de mejoras para el hogar Home Depot y al Banco A.
El fraude financiero es uno de los mayores desafíos que enfrentan los ciudadanos y las empresas estadounidenses hoy en día. La prevención y el enjuiciamiento de delitos de esta naturaleza seguirán siendo una prioridad absoluta para la Fiscalía de los Estados Unidos —declaró el Fiscal de los Estados Unidos, W. Stephen Muldrow—. Los acusados se aprovecharon de las víctimas para robarles el crédito, comprar mercancía fraudulentamente y luego venderla para enriquecerse. Entendemos que podría haber más víctimas, así que si sospecha que podría ser una, comuníquese con HSI al (787) 729-6969. Los acusados comparecerán hoy ante el magistrado federal Héctor Ramos Vega, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión y una condena consecutiva obligatoria de al menos dos años de prisión por los cargos de robo de identidad agravado. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
Los fiscales federales adjuntos Daniel J. Olinghouse y Manuel Muñiz-Lorenzi, y el fiscal federal adjunto especial del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, Edwin Caban Jr., están a cargo del caso.
