Hoy me dirijo a ti, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad con respeto a lo que es nuestro Estado de Derecho y con la convicción de que debemos arreglar nuestro sistema eléctrico y que debe servirle a los intereses del Pueblo de Puerto Rico y de nadie más. Hoy vengo a cumplir ese juramento y palabra que le di al Pueblo de Puerto Rico, que la contraje desde mi primer día de mi administración: garantizar un sistema eléctrico estable y confiable que responda al bienestar de nuestra gente.
No podemos olvidar cómo llegamos aquí, llegamos aquí luego de apagones y luego de 8 años que vivimos con con los huracanes Irma y María. La infraestructura eléctrica de Puerto Rico colapsó. Todos recordamos la devastación, las noches interminables sin luz, la angustia de no tener nuestros hospitales con electricidad y la angustia de no saber cuándo regresaría nuestro sistema eléctrico. Ciertamente nuestras fábricas, hoteles, escuelas, comerciantes todos quedaron a oscuras, en algunos casos extendiéndose hasta un año después de pasados los huracanes. Todos estos meses sacrificio y profunda vulnerabilidad marcaron a una era de un antes y un después para Puerto Rico.
Desde entonces, la urgencia de transformar nuestro sistema eléctrico dejó de ser un tema técnico y se convirtió en una necesidad apremiante para todas nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros envejecientes, nuestros niños, nuestros negocios y nuestra economía.
Hoy como Gobernadora, tengo la responsabilidad de evaluar continuamente todos estos esfuerzos, no desde la teoría, sino con los hechos y resultados.
La transformación de este sistema eléctrico se articuló y comenzó a través de dos acuerdos principales con el consorcio LUMA: un Contrato de Operación y Mantenimiento (Operation and Maintenance Agreement), conocido como el OMA, y el Acuerdo Suplementario (Supplemental Agreement), que estableció un marco interino porque en aquel entonces la Autoridad de Energía Eléctrica no había completado el proceso de reestructuración bajo el Título III de la Ley PROMESA.
Ambos acuerdos, firmados en junio de 2020 y terminarían automáticamente el 30 de noviembre de 2022.
Llegado el 30 de noviembre de 2022, el Gobierno de Puerto Rico suscribió una Carta-Extensión para prolongar la vigencia del Acuerdo Suplementario bajo el que operaba LUMA. Esa carta otorgó a LUMA un control indefinido – sin término de tiempo – sobre la operación del sistema de transmisión y distribución, alterando sustancialmente las condiciones del Acuerdo Suplementario. Con ello, se despojó al Gobierno de Puerto Rico de la facultad regulatoria originalmente diseñada en los primeros contratos para proteger el interés público y se subordinó la continuidad del contrato a una sola voluntad del operador privado.
El efecto práctico de la Carta-Extensión fue encadenar al pueblo de Puerto Rico a un contrato perpetuo, sin métricas de desempeño exigibles y sin un mecanismo de rendición de cuentas adecuado para un servicio tan esencial como la energía eléctrica. Esa Carta-Extensión otorgada en violación a la ley y los principios de sana administración pública.
¿Cómo llegamos a ese punto?
El pueblo lo ha pagado. Desde que LUMA asumió la administración del sistema de transmisión y distribución el 1 de junio de 2021, el Gobierno de Puerto Rico ha cumplido rigurosamente con todas sus obligaciones fiscales, contractuales y presupuestarias. Todo este periodo, se le han asignado a LUMA más de $3,250 millones en presupuestos operacionales, además de más de $800 millones en pagos de transición y de servicios, para un total que supera los más de $4,000 millones, según aprobado por el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal.
Si añadimos que entre los años fiscales 2022 y 2025 LUMA recibió cerca de $900 millones adicionales sobre los presupuestos aprobados, significa que en los pasados seis años fiscales se le han asignado recursos cercanos a $5,000 millones. Aun así, LUMA no ha cumplido contigo. Por eso es imprescindible hablar de estos pagos con transparencia: cada dólar público invertido debía traducirse en resultados concretos para ti, para nuestras familias y nuestros comercios.
Sin embargo, los datos demuestran que, pese a las expectativas y las representaciones del operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, consistencia ni efectividad que Puerto Rico merece y que LUMA prometió y que nos mintió.
Puedo destacar que LUMA ha tenido disponible cerca de $11 mil millones en fondos federales asignados por FEMA para obra permanente y de mitigación, lo que representa más del 70% de la totalidad de fondos asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico. Estos fondos son la mayor inversión en infraestructura energética en la historia de Puerto Rico.
De esos $11,000 millones que yo luché mientras estuve en el Congreso de los Estados Unidos, LUMA solo ha logrado recuperar alrededor de $550 millones en reembolsos de FEMA, lo que representa el 5% de los fondos disponibles. Esto es inaceptable.
Y me detengo aquí porque ellos le vendieron al pueblo de Puerto Rico que eran unos expertos manejando temas federales, que eran los expertos trabajando en reembolsos y eso no fue verdad.
El Gobierno de Puerto Rico contrató a LUMA creyendo esta licitación, un proceso de licitación, donde presentaron sus múltiples capacidades, calificaciones técnicas que le hacían merecedora de la confianza del pueblo de Puerto Rico. También representaron que poseían una experiencia superior a los demás competidores en la obtención y manejo de fondos federales, y que podían obtener con agilidad los reembolsos que permitirían acelerar la reconstrucción del sistema. Esa experiencia no la hemos visto en acción ni en los pasados 5 años de contratación, ni en los 11 meses que lleva mi Administración.
Ante esta realidad, al comenzar mi Administración creamos un Zar de Energía para supervisar esta contratación de LUMA y el director ejecutivo de las Alianzas Público Privadas, el ingeniero Josué Colón, al igual que todo el componente del Gobierno iniciaron una fiscalización rigurosa y continua del desempeño del operador y analizaran todas las alternativas legales disponibles para proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Al igual, como Gobernadora sostuve todo este año numerosas reuniones con los ejecutivos locales de LUMA, al igual que con los altos ejecutivos de las compañías matrices de LUMA. Todo en un intento de que mejorarán los servicios que te brindan a ti. Lamentablemente luego de tantas promesas de cambios que me representaron a mí y a mi equipo de trabajo, no han cumplido con ninguna de ellas.
Ese análisis nos llevó a revisar minuciosamente el proceso que dio paso a la Carta-Extensión de nombramiento y de contrato del 2022, y además reveló deficiencias en el desempeño que no podían ser ignoradas.
El verano pasado di instrucciones a la Autoridad para las Alianzas Público‑Privadas para que presentara una Notificación de Disputa Técnica en la que identificó seis áreas específicas de incumplimiento con expectativas y obligaciones contractuales, activando el procedimiento de resolución de disputas que, según el acuerdo, cualquier controversia debía ventilarse en los tribunales de Puerto Rico.
En lugar de permitir que el mecanismo contractual siguiera su curso, LUMA abandonó el proceso pactado y acudió al tribunal federal de Título III para paralizarlo. Como resultado, esas controversias quedaron detenidas y sin resolverse eso para ti, en el foro que el propio OMA establecía, dejando al Pueblo sin una adjudicación clara sobre estos incumplimientos.
Luego que responsablemente fiscalizamos y agotamos todos los recursos, luego de un análisis profundo durante los pasados meses, tomé la decisión, en defensa del interés público y en cumplimiento con mi juramento como Gobernadora de Puerto Rico de defender a nuestra gente, de presentar dos recursos judiciales en el día de hoy para cancelar el contrato de LUMA.
Primero, se presentó una demanda de sentencia declaratoria e injunction preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, solicitando que se declare nula la Carta-Extensión. Ese recurso también le solicita al Tribunal que provea los remedios necesarios para asegurar una transición ordenada con LUMA, para proteger la continuidad del servicio y resguardar la estabilidad del sistema eléctrico durante este proceso.
Segundo, presenté un recurso de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo, para que el más alto foro de Puerto Rico atienda con urgencia los asuntos de derecho y de alto interés público implicados en este caso, por incidir la controversia sobre un servicio esencial para nuestro Pueblo.
Estos recursos son el resultado de un análisis legal riguroso, del proceso de aprobación del contrato, del Acuerdo Suplementario y, particularmente, de una Carta de Extensión que es nula en derecho, por haber sido aprobada en violación de los requisitos establecidos por ley y por alterar de manera sustancial la arquitectura de salvaguardas diseñada originalmente para proteger el interés público. Mi objetivo es claro: restaurar el marco legal que le permita al Gobierno recuperar su capacidad resolutoria, establecer métricas de desempeño exigibles y encaminar una transición ordenada hacia un modelo de operación del sistema de transmisión y distribución de energía que sí responda al bienestar de nuestro Pueblo.
En términos sencillos, estos recursos persiguen tres fines esenciales:
· Que se declare la nulidad de la Carta-Extensión por haber sido aprobada en violación de los requisitos de la Ley 120, sin contar con el voto afirmativo de la Junta de Gobierno de las P3, al igual que tampoco se cumplió con la aprobación del Negociado de Energía, y por haber consolidado un control indefinido a favor de un operador privado sin el andamiaje de supervisión originalmente concebido y sin métricas.
· Que se establezca un marco judicialmente supervisado para una transición ordenada para un nuevo operador privado que garantice la continuidad del servicio eléctrico y la protección de los trabajadores y las comunidades durante este proceso.
· Que el Tribunal Supremo pueda intervenir con premura para dar certeza jurídica al Pueblo y permitir que, sin dilaciones indebidas, se adopten las decisiones de política pública necesarias para encaminar un nuevo modelo de operación.
Esta decisión se toma protegiendo los siguientes principios fundamentales:
(i) La estabilidad del servicio eléctrico: Mi Administración trabajará con todas las agencias pertinentes para asegurar que, mientras se ventilan estos recursos, se mantenga la continuidad del servicio y se implementen los planes de contingencia que sean necesarios.
(ii) La protección del interés público: Se garantizará en todo momento la dignidad y el respeto hacia las y los trabajadores que día a día sostienen la operación del sistema. Este proceso no es un juicio contra los empleados de LUMA; es una corrección al marco contractual, a las decisiones que han limitado la capacidad del Estado de exigir resultados contundentes, y el pésimo desempeño de la gerencia del Gobierno de Puerto Rico en obtener los rembolsos federales y dar el servicio por el cual se les contrató. Simplemente les digo a los empleados de LUMA que se trepan en los postes, que atienden averías tarde en las noches o de madrugada, que están en la calle haciendo lo que pueden con los pocos recursos que LUMA les da, mi Gobierno cuenta con ustedes.
Antes de ir al tercer punto, otro de los elementos que constituyó importancia en esta decisión, es que yo quiero salir de la Junta de Supervisión Fiscal y por eso logramos un primer estado financiero auditado certificado por la Junta y trabajamos de la mano con ellos, sin embargo no hemos podido cumplir con entregar los estados financieros auditados del Gobierno de Puerto Rico porque LUMA , retiene información que se la hemos pedido por escrito y en persona desde que llegué a la gobernación, esto es un intento de que la Junta no se vaya aguantando la información fiscal del Estado.
(iii) El respeto al estado de derecho: Se trabajará en coordinación con el componente federal, con los entes reguladores y con la Junta de Supervisión Fiscal para que los fondos disponibles para la reconstrucción se utilicen con mayor eficacia y transparencia, guiados por métricas claras y resultados medibles.
Permítanme decirles que esta decisión no se tomó a la ligera, y se hizo respetando nuestro marco legal y luego de agotar alternativas para que LUMA cumpla con su deber para con el pueblo de Puerto Rico.
· En repetidas ocasiones, los ejecutivos de LUMA se comprometieron conmigo a realizar mejoras que nunca se concretizaron.
· El Zar de Energía y el Secretario de la Gobernación llevan desde enero trabajando para que LUMA mejore su desempeño y cumpla con sus deberes.
· Desde el mes de abril se reunieron con ejecutivos de ATCO y Quanta para informarles que los incumplimientos de LUMA eran insostenibles. Mencionándoles ejemplos concretos de las deficiencias operacionales, la falta de progreso en la reconstrucción, el incumplimiento de métricas y el riesgo que estos representaban para el sistema eléctrico.
· Tanto el Zar de Energía ,como esta servidora y todos los componentes hemos tenido reuniones con FEMA, COR3, entre otras agencias, para ayudarlos a que adelantarán los proyectos de reconstrucción, como lo hicimos con Genera y otros operadores que no han tenido problema, sin embargo continúan con un pésimo desempeño y como mencioné se levantaron del proceso de resolución que dispone del contrato para irse al tribunal federal y con esta acción dejar a Puerto Rico, “enganchao”.
Las actuaciones de LUMA, su mal servicio, su incumplimiento con lo acordado y su falta de interés en resolver los señalamientos que mi Administración les ha hecho, hacen que no tengamos otra alternativa que recurrir a los tribunales en el día de hoy.
Llevamos meses con posibles candidatos buscando establecer un modelo de operación que mejor sirva al interés público, sin ataduras indefinidas ni cláusulas que neutralicen la capacidad del Gobierno en protegerte a ti, a nuestros comerciantes y a nuestra gente. Puerto Rico necesita un operador del sistema de transmisión y distribución capaz de responder con sentido de urgencia, rendir cuentas con transparencia y administrar de forma responsable los recursos públicos y los fondos federales destinados a la reconstrucción. Igual les aclaro que el contrato original con LUMA disponía para un proceso de transición ordenada de 1 año, el cual estaremos honrando, para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
Con esta acción, comienza una nueva etapa para Puerto Rico y cumplo con mi palabra y con el compromiso inquebrantable que asumí con el Pueblo al juramentar como Gobernadora. Desde el primer día, hice un compromiso claro: devolverle al Pueblo la estabilidad energética que tanto merece por eso aumentamos en más de 1,200 megavatios la generación eléctrica en Puerto Rico, cuando no había generación y LUMA, le echaba la culpa a Genera y ellos le echaban la culpa a LUMA.
El problema ahora no es de generación, es de transmisión y distribución, el resto de los operadores han podido trabajar por eso ante todas estas acciones , les dije que iba cancelar el contrato de LUMA y buscar un mejor operador privado, antes de que concluyera mi primer año como Gobernadora. Y hoy… ese compromiso se cumple.
Muchos han querido ponerle fecha a este momento.
Hay quienes insistían en que lo hiciera el primer día de juramentar, sin mirar cómo se había manejado este contrato ni el impacto que tendría hacerlo sin responsabilidad. Otros aseguraban que no lo haría.
Y también están los que decían querer la salida de LUMA, pero tan pronto comencé a fiscalizar y a tomar las acciones necesarias, cambiaron el discurso y dejaron de criticar a la empresa… todo para apostar a que yo no cumpliría contigo.
De hecho antes de hacer este mensaje, he recibido decenas de llamadas de gente que públicamente se oponía al contrato de LUMA y ahora milagrosamente no querían que canceláramos el contrato.
El momento es el correcto y es cuando responsablemente se puede hacer.Cuando hay datos, cuando hay resultados, y cuando se hace lo que es mejor para Puerto Rico.
Les prometí que les iba a cumplir… y aquí estoy. Antes de concluir el 2025 y antes del primer año de nuestra administración.
Haciendo lo que corresponde porque ustedes así me lo pidieron con su voto.
Yo soy una mujer de palabra, y mi compromiso con ustedes va más allá de este anuncio: es palabra, es la acción, es mi razón de cada día.
Le pido a Dios todo poderoso, todos los días que me de la fuerza para seguir tomando las decisiones que tengo que hacer por Puerto Rico y con Dios por delante por delante y con el corazón de ustedes, seguiré defendiendo a nuestra gente .
Buenas noches, y que Dios los bendiga.
Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
