(El Capitolio, San Juan, PR – 11 de junio de 2026) La Representante por Acumulación Tatiana Pérez Ramírez anunció hoy que su medida para asegurar la continuidad de servicios esenciales a estudiantes de educación especial mayores de 21 años fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora pasa al Senado de Puerto Rico para su evaluación.
La propuesta requiere que todos los planes médicos públicos y privados cubran evaluaciones de procesamiento auditivo y terapias educativas para jóvenes con diversidad funcional que continúan estudios postsecundarios. Estos servicios, fundamentales para su desarrollo académico y social, no están garantizados de manera uniforme bajo la política actual.
La Representante Pérez Ramírez destacó que la inclusión y el apoyo a los estudiantes de educación especial no deben detenerse cuando cumplen 21 años. Explicó que muchos de ellos han luchado durante toda su vida para avanzar académicamente y adquirir las destrezas necesarias para una vida independiente. Sin embargo, al entrar a la educación postsecundaria, se enfrentan a la pérdida de terapias y evaluaciones esenciales que les permitieron progresar y alcanzar sus metas. Durante su turno en el hemiciclo, reiteró que estas necesidades no desaparecen al cumplir una edad específica y que la responsabilidad del Estado es asegurar continuidad y apoyo para que cada estudiante pueda desarrollar su potencial al máximo.
La legisladora subrayó además que la falta de cobertura coloca una carga económica significativa sobre miles de familias puertorriqueñas, quienes muchas veces deben costear de su propio bolsillo servicios que son esenciales para el aprendizaje de sus hijos. Señaló que detrás de cada terapia hay historias de sacrificio: madres que no se rinden, padres que trabajan horas extras y jóvenes que aspiran a graduarse y aportar al país. Sostuvo que los sueños de estas familias no deben depender exclusivamente de su capacidad económica y que esta medida es un paso firme hacia una sociedad más justa e inclusiva.
La propuesta legislativa avanza ahora al Senado de Puerto Rico. De obtener su aprobación, pasará a la consideración de la Gobernadora para su firma y eventual implementación.
